Los países del Sur lograron que la asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptara este martes orientaciones que jerarquizan metas de desarrollo y derechos de los consumidores, como contrapeso del interés de los países y corporaciones con más poder.
La decisión fue un avance para esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusada con frecuencia de proteger más a los titulares de los derechos de propiedad intelectual que a los usuarios, en especial a los de países en desarrollo, celebró la organización no gubernamental Consumidores Internacional.
La propuesta que resultó aprobada con algunas modificaciones fue presentada por Argentina y Brasil, con apoyo Bolivia, Cuba, Ecuador, Irán, Kenia, República Dominicana, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania y Venezuela.
La resolución de la asamblea no sólo representa una victoria del Sur en desarrollo, sino también un cambio en la cultura y en la orientación de la OMPI, que no volverá a ser la misma, evaluó el activista estadounidense James Love.
La OMPI, incorporada al sistema de la ONU recién en 1974, administra los tratados internacionales sobre propiedad intelectual y sobre derechos de autor, y tiene una conformación peculiar, que incorpora a representantes del sector privado junto con los de los Estados miembros.
Durante generaciones, la agencia ha respondido ante todo a las estrechas conveniencias de editoriales, laboratorios farmacéuticos, empresas semilleras y otros poderosos actores empresariales, sostuvieron hace dos semanas más de 500 prominentes científicos e intelectuales de numerosos países, en un manifiesto titulado Declaración de Ginebra sobre el futuro de la OMPI.
Consumidores Internacional observó que el texto aprobado finalmente por la la asamblea de la OMPI contiene muchas de las ideas propuestas en ese manifiesto.
Los Estados miembros no podemos desentendernos de ciertas manifestaciones adversas que tienen estado público, afirmó el representante de Argentina, Alfredo Chiaradía, quien abogó por convertir la OMPI en un foro más receptivo, transparente e inclusivo para todos sus miembros y todos los sectores de la sociedad civil.
La resolución adoptada por la OMPI incluye la formación de un grupo de trabajo para examinar la forma de aplicar las nuevas orientaciones, que sostendrá reuniones abiertas, con asistencia como observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y deberá presentar un informe el 30 de julio de 2005, para que lo considere en septiembre de ese año la próxima asamblea general.
También se decidió realizar un seminario internacional sobre la propiedad intelectual y el desarrollo, con participación de otras organizaciones mutilaterales, en particular de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
En la versión final aprobada por la asamblea se incluyó entre las instituciones que colaborarán en ese seminario a la Organización Mundial del Comercio, que no estaba mencionada en la propuesta original de Argentina y Brasil no mencionaba a la OMC.
Los países industrializados reaccionaron inicialmente con cierta reticencia ante la propuesta, y argumentaron que la OMPI ya se ocupa de las cuestiones de desarrollo, mediante programas de cooperación con países o regiones.
La agencia dispone para esos fines de un presupuesto de gastos de unos 500 millones de dólares para el bienio 2004-2005, que se cubre en una proporción de 85 por ciento con ingresos procedentes de los sistemas de registro de patentes y de otros derechos.
Pero el representante de Uruguay, Guillermo Valles, aclaró que la dimensión de desarrollo a que aspiran los países que respaldaron la iniciativa, no se limita a la asistencia técnica, ni tampoco se agota en la cooperación.
La agenda de desarrollo de la OMPI debe tomar en cuenta cualquier efecto negativo de la propiedad intelectual en los usuarios y los consumidores en general, y no limitarse a promover los intereses de los dueños de esa propiedad, definió una delegada de India.
Un punto clave para los países del Sur en desarrollo es reformar los tratados existentes sobre propiedad intelectual para que favorezcan una transferencia real de tecnología hacia esas naciones y en especial a las que la ONU define como países menos adelantados.
Anna Fielder, de Consumidores Internacional, saludó en especial la voluntad de promover un incremento del acceso al conocimiento y a la tecnología en los países en desarrollo.
La decisión de la OMPI es apropiada para los creadores y también para los consumidores, evaluó Fielder.
La iniciativa adoptada también prevé evaluar la suspensión de negociaciones de nuevos tratados que aumentan la protección de la propiedad intelectual y pueden agobiar, cuando entren en vigencia, a las frágiles burocracias de los países en desarrollo.
James Love, del Proyecto de Consumidores sobre Tecnología, coincidió en que durante años la OMPI ha presionado por la expansión del alcance y de los niveles de la propiedad intelectual mientras decía a los países del Sur que eso les ayudaría en su desarrollo.
Ahora la agencia asume un enfoque totalmente diferente, que reconoce el software (los programas informáticos) de fuente libre y abierta, los bienes de dominio público como el genoma humano, las excepciones de las patentes para acceso a medicamentos clave, el control de prácticas anticompetitivas y otras temáticas que ignoró durante años, destacó.
