Antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, el ciudadano tailandés Saelow Prasert expresó su última voluntad: que después de su muerte, Indonesia no ejecutara a más personas.
Junto a Prasert, de 62 años, se encontraba Namsong Sirilak, de 32 años. Ambos fueron condenados a muerte por tráfico de drogas y fusilados el 1 de este mes en Medan, capital provincial de Sumatra del Norte, atados a sendas palmeras.
Horas antes, Namsong conversó por teléfono con su hijo de 12 años, que vive en Bangkok. El niño, que no la había visto en 10 años, le preguntó cuándo iba a volver. La madre le respondió que no sabía, porque todavía estaba muy ocupada.
Las últimas ejecuciones en Indonesia renovaron el debate sobre la pena de muerte en este país de Asia sudoriental, donde el sistema judicial está asociado con corrupción e incompetencia y 60 personas aguardan en el corredor de la muerte.
Es hora de abolir la pena capital, urgió Abdul Hakim Garuda Nusantara, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en entrevista con IPS.
La pena de muerte no disuade a los criminales, porque las causas principales de los crímenes son económicas y sociales, señaló Nusantara, que propuso sustituir ese castigo por la cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra.
Al menos 60 personas están sentenciadas a muerte en Indonesia, pero el gobierno no parece conmoverse por los reclamos de activistas de los derechos humanos y abogados para abolir ese castigo.
En los últimos años, aumentó el número de condenas a muerte en Indonesia por tráfico de drogas, en su mayoría contra extranjeros. Gran parte de las sentencias fueron emitidas por la corte de distrito de Tangerang, en la provincia de Banten, a la que Muladi, ex ministro de Justicia, llamó una máquina judicial de matar.
Pero en Indonesia, de mayoría musulmana, gran parte de la población defiende la pena de muerte como terapia de choque para reducir la criminalidad.
Cualquiera sea el método, se debe aplicar la pena de muerte, en especial contra los narcotraficantes, porque muchos de nuestros jóvenes caen víctimas de las drogas, opinó Togar Sianipar, ex director de la Agencia Nacional de Narcóticos.
Los narcotraficantes deben ser condenados a muerte. No hay que esperar a que nuestros hijos caigan presas de las drogas ilegales, expresó Samsul, un activista contra las drogas.
Los tailandeses Sirilak y Prasert, junto con el indio Ayodhya Prasadh Chaubey, fueron detenidos en 1994 cuando intentaban introducir en el país más de 12 kilogramos de heroína a través del aeropuerto Polonia, en Medan.
Chaubey fue ejecutado el pasado 5 de agosto. Su ejecución fue la primera realizada desde 2001.
La presidenta Megawati Sukarnoputri se había resistido durante tres años a firmar las órdenes de ejecución, pero finalmente cedió a las presiones para adoptar una postura firme contra el narcotráfico y rechazó los pedidos de clemencia.
El próximo presidente será el general Susilo Bambang Yudhoyono, ganador de las primeras elecciones presidenciales directas el mes pasado y partidario de la pena capital.
Jusuf Kalla, compañero de fórmula de Yudhoyono, acusó a Megawati de ser muy débil e indecisa a la hora de firmar órdenes de ejecución.
Por otro lado, activistas de los derechos humanos criticaron a la presidenta por haber rechazado los pedidos de clemencia y haber castigado doblemente a los condenados.
Los convictos aguardaron muchos años en prisión, y después la presidenta rechazó los pedidos de clemencia, recordó Hendardi, director de la Asociación Indonesia de Asistencia Legal y Derechos Humanos.
Muchos sugieren que la decisión de Megawati fue influenciada por el ambiente social y político y por la percepción pública de que el gobierno es débil en la aplicación de las leyes.
Algunos exigen incluso ejecuciones públicas, practicadas en ciertos países islámicos. La justicia por mano propia también es frecuente en Indonesia, donde supuestos criminales son asesinados por turbas.
Los delitos punibles con la pena capital en Indonesia incluyen la producción y distribución de drogas ilegales, actos terroristas, crímenes contra la seguridad nacional, subversión, asesinato y, paradójicamente, violaciones a los derechos humanos. (
