Organizaciones representativas de las comunidades árabe y musulmana estadounidenses están confundidos por lo que parecen contradictorias señales del gobierno de George W. Bush.
En efecto, Bush asegura estar grandes esfuerzos para tender puentes hacia esas colectividades, pero al mismo tiempo continúa con prácticas de discriminación y hostigamiento.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), Robert Mueller, se refirió a los estadounidenses de origen árabe como socios en la guerra contra el terrorismo.
Por su parte, Bush dijo ante un auditorio de dirigentes musulmanes y árabes que los estadounidenses de fe islámica comparten el mismo luto que todos compartimos tras los atentados que acabaron con 3.000 en Washington y Nueva York el 11 de septiembre de 2003.
Pero en las agencias de seguridadde la localidad de Tempe, en el central estado de Arizona, establecieron programas de entrevistas voluntarias de musulmanes y árabes con la intención de impedir actos terroristas en las vísperas de las elecciones de este martes.
Se realizan entrevistas similares en otras ciudades estadounidenses con gran población árabe e islámica.
El Departamento (ministerio) de Seguridad Interna aseguró que no está realizando redadas en ninguna comunidad, ni vigilando a personas sobre la base de la afiliación religiosa y racial.
Pero desde el 11 de septiembre de 2001, unas 5.000 personas, la mayoría árabes y musulmanas, fueron arrestados por el FBI a instancias del Departamento de Seguridad Interior.
Muchos fueron mantenidos durante largos periodos sin asistencia legal, y otros muchos fueron deportados, pero no hubo acusaciones judiciales por delitos relacionados con el terrorismo.
La oficina del FBI en Washington instaló una comisión asesora asesor para ayudar a la agencia a comprender mejor los temores de árabes y musulmanes y para resolverlos. Uno de sus integrantes es dirigente del Comité Antidiscriminatorio Arabe-Estadounidense.
Pero ese mismo Comité y otras organizaciones de derechos humanos y civiles demandaron al Departamento (ministerio) de Justicia en reclamo de información sobre los detenidos desde el 11 de septiembre de 2001.
El fiscal general John Ashcroft y el director Mueller se reunieron con líderes de las comunidades árabe, musulmana y sikh para atender cuestiones como los ataques racistas y las violaciones de derechos humanos.
Mientras, los padres de un estudiante universitario de 23 años, ciudadano estadounidense de origen saudí, recurrieron a la justicia solicitando información sobre su hijo, arrestado en Arabia Saudita a pedido del FBI y mantenido en prisión sin acusación desde hace 18 meses.
Estos son unos pocos entre muchos casos que siembran dudas sobre el compromiso del gobierno en proteger a los ciudadanos árabes y musulmanes y sobre la profundidad de su compromiso con los derechos civiles.
Daniel Sutherland, del Departamento de Seguridad Interna, mencionó programas de ayuda a las comunidades la creación de una Oficina para la Ciudadanía, que promueve los principios cívicos entre los nuevos inmigrantes, y una Oficina para los Derechos y las Libertades Civiles, para asegurarnos de proteger tanto nuestra seguridad física como nuestros ideales estadounidenses.
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia realizó más de 250 reuniones en poblados y con comunidades. El propio Ashcroft condenó la violencia y las amenazas contra individuos percibidos como árabes o musulmanes.
El fiscal general también celebró unas 25 reuniones con líderes de organizaciones de las comunidades árabe, islámica, sij y de Asia meridional.
El Departamento de Justicia lanzó una Iniciativa para Combatir la Discriminación post 11 de septiembre, por la cual realizó foros comunitarios en Chicago, Dearborn, Arlington, Phoenix, Atlanta, Houston, Seattle, Las Vegas, Minneapolis, Boston, Nueva York y Nueva Jersey.
Alex Acosta, asesor del fiscal general para derechos cívicos, escribió un memorándum a directores de escuelas distritales para exhortarlos a mantenerse vigilantes ante agresiones contra alumnos musulmanes, islámicos o sijs.
El Comité Antidiscriminatorio y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicas manifestaron al FBI su desilusión por no haber sido informados antes del resurgimiento de los interrogatorios 'voluntarios'
Luego, según estas organizaciones, la agencia acordó informar a todos sus agentes que las preguntas referidas a opiniones políticas o religiosas de ciudadanos o residentes son inapropiadas.
Del mismo modo, organizaciones de las comunidades árabe e islámica objetaron la publicación de información detallada sobre ellas por parte de la oficina del Censo.
Pero portavoces de esas comunidades se mostraron ambiguos respecto de los esfuerzos del gobierno.
Lo que podrá parecer un simple programa de entrevistas voluntarias iniciadas por el FBI se vuelve algo mucho más preocupante cuando los agentes preguntan cuestiones escandalosas y actúan al margen de su actividad, dijo a IPS la portavoz del Comité Antidiscriminatorio, Laila Al Qatami.
No hay 'control de calidad', y nos damos cuenta de eso al ver la actitud de los funcionarios cuando nuestros dirigentes comunican al FBI, la Fuerza de Inmigración y Aduanas y al Censo lo que sus agentes están haciendo, agregó.
