El FBI están contactando otra vez a árabes y musulmanes estadounidenses para lo que denominan entrevistas voluntarias, en el marco de una nueva campaña antiterrorista.
Mientras, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional inició un programa del mismo tenor en las principales áreas metropolitanas, con el objetivo de vigilar a las comunidades árabes antes de las elecciones del 2 de noviembre.
Según el periódico The Washington Post, la campaña seguramente incluirá detenciones de cientos de extranjeros procedentes de Medio Oriente y de otros países señalados como santuarios de terroristas.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que estas campañas apuntan a repetir las redadas en que las autoridades arrestaron a unas 5.000 personas tras los atentados que dejaron 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El Comité Arabe contra la Discriminación señala que estas campañas son parte de un esfuerzo acelerado para detener a los ciudadanos ilegales.
Esta organización, con sede en Washington, se manifestó preocupada por la idea que las redadas contra inmigrantes sean presentadas por el gobierno de (el presidente George W.) Bush como un éxito en la 'guerra antiterrorista'.
Por ahora no está claro si la iniciativa se realizará en forma selectiva, sólo contra los árabes y musulmanes, señaló el Comité, que expresó su fuerte rechazo a cualquier iniciativa selectiva basada en la raza, origen o religión.
El mes pasado, el secretario de Seguridad Interna, Tom Ridge, dijo a periodistas que la red terrorista Al Qaeda, organización liderada por el saudita Osama bin Laden a la que se atribuyen los atentados de 2001, planifica atentados en los próximos días para arruinar el proceso electoral.
Por su parte, el fiscal general (secretario de Justicia) John Ashcroft, apela con frecuencia a las conferencias de prensa para anunciar el arresto de supuestos terroristas o de delitos relacionados aparentemente con sus redes.
Pero no suele convocar a los periodistas para informar que los jueces desacreditan las acusaciones o reducen la entidad que el gobierno les asigna.
Numerosos expertos legales, así como organizaciones de derechos humanos e instituciones que reúnen a las comunidades árabe e islámica, cuestionan la eficacia de la estrategia policial de las autoridades hacia estos grupos de la población.
Defensores de esas medidas, incluido el presidente Bush, recuerdan que Estados Unidos no ha sufrido ataques terroristas desde septiembre de 2001.
El propio Bush suele citar un exhaustivo estudio oficial sobre los atentados para afirmar que la nación está más segura que antes del 11 de septiembre, aunque todavía no está segura.
Esa afirmación se ha convertido en un pilar de la campaña por la reelección del presidente.
Pero los registros oficiales sirven para medir bajo otra luz la eficacia de esa estrategia.
Entre el 11 de septiembre de 2001 y el 1 de septiembre de 2001, el Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) logró una sola condena por cargos de terrorismo, luego desechada por el Poder Judicial.
Dos inmigrantes marroquíes fueron condenados en junio de 2003 en Detroit por constituir una célula dormida de Al Qaeda y de conspirar para suministrar material de apoyo a los terroristas que cometieron los atentados del 11 de septiembre.
El 2 de septiembre pasado, luego de que los acusados pasaron más de tres años en prisión, las acusaciones fueron levantadas por mala actuación de la fiscalía.
Las detenciones por terrorismo sumaban entonces más de 5.000. Por eso, la eficacia del fiscal general Ashcroft es de cero a 5.000, anotó el abogado de derechos civiles David Cole, profesor de la Universidad de Georgetown en una columna para la revista The Nation.
Esto nos hace cavilar en por qué Ashcroft está planeando otra serie de redadas, dijo Cole a IPS.
Poco se conoce sobre el destino y circunstancias del arresto de los 5.000 detenidos, hoy bajo la órbita del Servicio de Inmigración y Naturalización, hoy parte del Departamento de Seguridad Interna que encabeza Tom Ridge.
El periodista Mark Dow sostuvo en su libro Gulag estadounidense que los presos están confinados, muchos por extensos periodos, en cárceles de lo que era el Servicio de Inmigración y Naturalización, el sistema de prisiones más secreto de este país.
Algunos fueron deportados por violación de las normas migratorias —no por terrorismo— y otros, liberados. Ninguno fue acusado de delitos relacionados con el terrorismo. La mayoría son hombres musulmanes de origen árabe o de sudasiático.
El inspector general del Departamento de Justicia admitió ante un comité del Congreso que no se respetan los derechos humanos de cientos de no estadounidenses detenidos después del 11 de septiembre.
Organizaciones que representan a árabes y a musulmanes continúan cuestionando lo que consideran un acoso del gobierno a miembros de su comunidad.
El Comité Arabe contra la Discriminación declaró que estas acciones de las autoridades constituyen una aplicación selectiva de las leyes migratorias basadas sobre el origen nacional y racial, al que consideró curiosa dada la proximidad de las elecciones presidenciales.
El candidato del opositor Partido Demócrata, John F. Kerry, cuenta con el apoyo de 49 por ciento de los votantes de origen árabe ya decidido, ante el 31,5 por ciento de Bush, según una encuesta contratada por una organización de esta comunidad.
La división de inmigración y aduanas del Departamento de Seguridad Interna informó el 30 de septiembre que durante varios meses ha reforzado un programa antiterrorista en que participan diversas agencias gubernamentales y que continuará hasta la instauración de la futura administración en enero próximo.
La división no está realizando una 'redada' contra ninguna comunidad ni actuando sobre la base de la filiación racial o religiosa, agregó.
Pero estas acciones, junto con la prohibición de ingresar al país de Yusuf Islam —el cantautor pop británico antes conocido como Cat Stevens y hoy practicante del Islam— y del catedrático moderado Tariq Ramadan, de nacionalidad suiza, han enfurecido a la comunidad árabe y musulmana.
Brandon Mayfield, abogado musulmán de 37 años residente en el estado de Oregon, estuvo detenido varias semanas porque el FBI (Buró Federal de Investigaciones) consideró erróneamente que sus huellas digitales estaban en uno de las bombas utilizadas en los atentados cometidos en marzo en Madrid.
El propio Departamento de Justicia se disculpó con Mayfield.
Mientras, agencias gubernamentales federales, estaduales y municipales informan sobre una cantidad sin precedentes de crímenes de odio contra musulmanes, entre ellos asesinatos, golpizas, incendios intencionales, ataques contra mezquitas, disparos, asaltos y amenazas verbales.
Según el FBI, estos delitos aumentaron 1.600 por ciento el año pasado.
