Estados Unidos no estableció cambios significativos a su política de tratamiento a los prisioneros. Así, habilitó abusos como los cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y otras instalaciones militares, advirtió Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos con sede en Londres enfatizó que sin investigaciones sobre los casos surgidos en los últimos meses y sin un rechazo inequívoco de la tortura y los maltratos por parte de funcionarios de Washington, se dan las condiciones para futuros abusos.
En un informe de 200 páginas publicado este miércoles, seis meses después de que la televisión estadounidense emitiera fotografías de soldados de Estados Unidos abusando de prisioneros en Abu Ghraib, Amnistía aplaudió las investigaciones realizadas por el Departamento (ministerio) de Defensa, si bien las consideró insuficientes.
Muchas preguntas continúan sin respuesta, los individuos responsables continúan fuera del foco de investigación, las políticas que facilitaron la tortura siguen en pie y los prisioneros continúan confinados en detención secreta, dijo el director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía, William Schulz.
La falta de cambios sustanciales en las políticas y en las prácticas tras el escándalo de Abu Ghraib deja sin ninguna credibilidad al gobierno estadounidense en sus manifestaciones de oposición a la tortura, agregó Schulz.
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Amnistía también exigió al presidente George W. Bush hacer públicas y anular toda medida o directiva autorizada por él o por cualquier otro funcionario que pueda ser interpretada como una autorización de las desapariciones, la tortura y otros tratamientos inhumanos.
Casi a diario surgen informes sobre cómo pequeños grupos de funcionarios políticos del gobierno de Bush eluden o ignoran políticas oficiales que llevan décadas de implementación sobre el tratamiento de prisioneros de guerra.
Estos funcionarios han argumentado que tales políticas de respeto de los derechos humanos eran obsoletas en el marco de lo que un memorando de la Casa Blanca ha denominado un nuevo tipo de guerra.
El memorando se refiere a la guerra contra el terrorismo declarada por Bush a raíz de los atentados que dejaron 3.000 muertes en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001, en cuyo marco se inscribieron el desalojo del régimen del movimiento islámico Talibán en Afganistán en diciembre de ese año y la invasión de Iraq en marzo de 2003.
Abogados del Pentágono, la oficina del vicepresidente Dick Cheney, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca ocultaron al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado (cancillería) sus planes de privar a los detenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo de sus derechos básicos, según informó el diario The New York Times.
Por su parte, el diario The Washington Post informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con la cooperación del Pentágono, transfirió en secreto docenas de prisioneros no iraquíes capturados en Iraq a otros países, aconsejados por una oficina del Departamento de Justicia.
Estas prácticas contradicen las Convenciones de Ginebra, que rigen el derecho internacional humanitario, referido a la protección de la población civil afectada por conflictos y al tratamiento de los prisioneros de guerra.
Luego del escándalo de Abu Ghraib, el público estadounidense conoció informes legales preparados por funcionarios políticos que parecen justificar el uso de torturas y maltratos a los detenidos, prácticas explícitamente prohibidas por los manuales vigentes de las fuerzas armadas.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía, Human Rights Watch (HRW) y Human Rights First, así como la Asociación de Abogados de Estados Unidos, han reclamado una investigación independiente y completa sobre las torturas y los abusos.
Hasta ahora, el gobierno de Bush había ignorado esas exhortaciones, con el argumento de que las gestiones de investigación y fiscalía del Pentágono eran suficientes.
Este mes, la División de Investigaciones Penales del Ejército recomendó la acusación de 28 soldados participantes en las mortales golpizas sufridas por dos prisioneros en Afganistán en diciembre de 2002. Unos siete policías militares son acusados o ya admitieron su culpabilidad por los casos de Abu Ghraib.
Un reservista del ejército fue sentenciado el martes a seis años de prisión por su participación en los abusos cometidos en Abu Ghraib.
El nuevo informe de Amnistía, titulado Dignidad humana negada: Tortura y responsabilidades en la guerra contra el terrorismo, documenta lo que denomina un patrón de violaciones de derechos en las instalaciones en Afganistán y en Iraq.
Esas prácticas también rigieron en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, la cual, según el gobierno de Bush, está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos por encontrarse en territorio extranjero. Por lo tanto, afirma, allí no existe obligación de respetar los derechos de los prisioneros.
También se siguieron criterios de abuso en instalaciones de detención secretas en el extranjero sobre las cuales el gobierno no ha dicho virtualmente nada. Ningún funcionario se ha hecho responsable ante las consultas de Amnistía.
Aunque tales prácticas requieren un nuevo pensamiento, las ideas hoy en boga sobre cómo se debe lidiar con los detenidos en un marco bélico encajan en un patrón históricamente familiar de violación de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, según Amnistía.
De acuerdo con el informe, el secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld autorizó explícitamente varios abusos contra prisioneros, incluidos la desnudez, confinamiento, encapuchamiento, posiciones tensionantes, privación sensorial y uso de perros en interrogatorios.
