Menos de 15 años después del fin de la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos retoma la tendencia de militarizar su relación con América Latina y el Caribe.
La ayuda militar a la región aumentó significativamente desde 2000, según un informe elaborado por las organizaciones académicas no gubernamentales Oficina sobre América Latina en Washington (WOLA), el Grupo de Trabajo América Latina (LAWG) y el Centro para la Política Internacional (CIP).
Incluso en los años más calientes de la guerra fría, la asistencia militar nunca llegó a superar un tercio de la ayuda económica de Washington a la región, agrega el estudio, titulado Borroneando las líneas: Tendencias de los programas militares de Estados Unidos en América Latina.
Pero la asistencia militar de 2003 ascendió a 860 millones de dólares, poco menos de los 921 millones en ayuda económica y humanitaria asignada a la misma región ese mismo año. Si la tendencia se mantiene, la asistencia militar superará a la económica, según los autores del informe.
Doctrinas vagas del Comando Sur estadounidense, como la soberanía efectiva —según la cual la seguridad de este país está amenazada por la falta de control sobre vastas áreas sin gobierno en América Latina—, aportan nuevos argumentos para que los militares de la región reafirmen su poder sobre las autoridades civiles, según el estudio.
Y, con recursos mucho más considerables que el Departamento de Estado (cancillería) y otras oficinas gubernamentales estadounidenses, el Comando Sur define con creciente intensidad el rol de Washington en América Latina, advirtieron los autores del estudio.
El título Borroneando las líneas se refiere a la división de roles supuestamente vigente entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles. Una preocupación presente en el informe es el aparente hecho de que Washington alienta a los militares latinoamericanos a asumir funciones que corresponden al poder civil.
Esta no es una cuestión académica. Apunta al corazón de la democracia, en particular la de países en que la transición de brutales dictaduras militares a gobiernos civiles está lejos de haberse terminado, dijo la directora ejecutiva de WOLA, Joy Olson.
Los programas militares estadounidenses alientan fuertemente a los militares latinoamericanos a desempeñar funciones internas que pueden cumplir los civiles, como la lucha contra la delincuencia, la construcción de carreteras y la protección del ambiente, agregó Olson.
El jefe del Comando Sur, general James Hill, presentó a comienzos de año en su informe anual una lista de amenazas emergentes en América Latina que iban mucho más allá de un enfoque restringido a las preocupaciones militares, como el populismo radical y las pandillas callejeras.
En ese informe, Hill sugirió que los militares, más que la policía y otras instituciones civiles, tienen una función que cumplir contra esas amenazas.
Existe el riesgo de que se politicen las fuerzas armadas, dijo el director de programas del CIP, Adam Isacson. Con demasiada frecuencia, en América Latina, cuando los ejércitos se concentran en lo interno, la definición del enemigo incluye a los opositores del régimen en el poder, aun aquéllos que trabajan dentro del sistema político.
El informe considera que la identificación de Hill del populismo radical entre las amenazas es particularmente perturbadora, dados los antecedentes de los militares latinoamericanos en la represión de izquierdistas y populistas en nombre de la seguridad nacional, doctrina que Washington promovió en la región en los años 60.
Los autores del estudio también indicaron que el Comando Sur aplica el término guerra contra el terrorismo a una amplia gama de problemas. Los terroristas en el área de responsabilidad del Comando arrojan bombas, asesinan, secuestran, trafican drogas, armas y seres humanos y lavan dinero, según Hill.
Según el informe Borroneando las líneas, si bien ésa puede ser una descripción adecuada de la situación en Colombia y en sus fronteras, no puede aplicarse al resto de América Latina, acota el informe Borroneando las líneas.
De hecho, agrega, el aumento de la asistencia en entrenamiento y equipos a la región se ha dirigido desde 2001 a amenazas como la que representa la red terrorista Al Qaeda, a la que se atribuyen los atentados que dejaron 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Sin embargo, indican los expertos, esa justificación puede ser eficaz para que el Departamento (ministerio) de Defensa obtenga mejoras de presupuesto en la Casa Blanca y en el Congreso legislativo.
Apenas una tajada de la asistencia en seguridad se dirige a programas antiterroristas, como los de seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras, explicó la directora de LAWG, Lisa Haugaard.
Lo que vemos son los mismos viejos programas de lucha contra las drogas y contra las guerrillas reempaquetadas como parte de la guerra contra el terror, agregó.
De los 22.855 latinoamericanos entrenados por militares estadounidenses en 2003 —50 por ciento más que en 2002—, la mayor parte, 5.506, asistieron a cursos sobre maniobras de infantería ligera en los que se enseña sobre tácticas en pequeñas unidades, operaciones en terreno difícil y camuflaje.
Y 1.650 policías bolivianos tomaron cursos sobre acción cívica, y 1.243 soldados de varios países, adiestramiento antidrogas y contrainsurgente, según el informe.
La mayoría de la asistencia antiterrorista se aplicó en programas contra el secuestro en Colombia y de seguridad fronteriza en México.
