Organizaciones sociales y campesinas dispararon en México fuego graneado contra el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés), por considerar que esa organización, creada en 1971, se alejó de los campesinos y favorece ahora a empresas transnacionales y a la producción de transgénicos.
Hay información errada entre quienes protestan, pero bienvenida sus críticas, pues para nosotros es esencial dialogar con la sociedad civil y con los campesinos, a quienes entregamos todo nuestro trabajo sin cobrar ni un centavo, dijo a IPS el brasileño Francisco Reifschneider, director general del CGIAR.
Esa organización, que reúne a 15 centros públicos de investigación agrícola en el mundo y a más de 8.500 científicos, sesionó en un lujoso hotel de la capital mexicana del miércoles al viernes junto con ministros de Agricultura de varios países e investigadores, para revisar el presente y el futuro de la investigación agrícola.
En la cita, el CGIAR invitó públicamente a las empresas privadas a crear sociedades de investigación para combatir el hambre, que afecta hoy a 842 millones de personas.
Según varios estudios, más de 70 por ciento de la actual investigación agrícola es realizada por empresas privadas, entre ellas las que producen semillas transgénicas.
Los activistas que nos acusan de promover lo transgénico se equivocan, pues de los 400 millones de dólares anuales que el CGIAR invierte cada año para mejorar semillas apenas tres por ciento va hacia lo transgénico, afirmó Reifschneider.
El organismo reúne más de 600.000 muestras de variedades de cultivos básicos que han sido recolectados con el objetivo de mejorar semillas para que produzcan más y mejor.
Entre los productos que trabajan, básicamente con técnicas de cruzamiento, están el maíz, el arroz, el frijol y la papa. También se desarrollan variedades de peces y ganado.
El CGIAR apunta hacia las empresas privadas y a la biotecnología, y hay múltiples evidencias de ello, aseguró a IPS Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina de la organización no gubernamental Action Group on Erosion, Technology and Concentration (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), con sede en Canadá.
A fines de 2002, el comité de organizaciones no gubernamentales que integraba el CGIAR se resquebrajó, pues muchos de sus miembros criticaron duramente a esa organización por acercarse a las transnacionales y hacer poco o nada ante la evidencia de que maíz transgénico contaminó al de México, país que es del centro de origen de esa gramínea.
Respetamos su punto de vista pero no es verdad, nosotros trabajamos con total transparencia y todo lo que investigamos y producimos es entregado íntegro a los campesinos y además es completamente gratis, pues nuestra misión es combatir el hambre y producir más y mejor, alegó Reifschneider.
Sobre las semillas transgénicas, opinó que se trata de algo que aún requiere investigación y que sólo recomendaría su uso cuando no haya otra alternativa.
En una reunión del CGIAR realizada en Italia en agosto para hablar de transgénicos, estuvieron presentes representantes de Monsanto y Dupont, transnacionales del sector, pero brillaron por su ausencia delegados de organizaciones campesinas y de la sociedad civil.
Uno de los asuntos que más preocupa a los ambientalistas es que las patentes de maíz y otros transgénicos desarrollados con propósitos comerciales pertenecen a un puñado de transnacionales, a las que los campesinos deben pagar por usar sus semillas.
El área sembrada con semillas transgénicas en el mundo llegó en 2003 a 67,7 millones de hectáreas, nueve millones más que en 2002, indican datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, organización no gubernamental que promueve los transgénicos.
Las variedades transgénicas comerciales de soja, maíz, algodón y colza, son controladas por apenas cinco empresas transnacionales del Norte industrial, dueñas de las patentes, y más de 90 por ciento del área sembrada está en Argentina, Canadá y Estados Unidos, aunque avanza en otros países.
Esas empresas son Monsanto, Dupont, Syngenta, Aventis y Dow, con importante presencia en la industria farmacéutica y de insumos agroquímicos. Todas arguyen que los transgénicos no representan ningún riesgo para la salud o el ambiente, y que su único interés es luchar contra el hambre, por lo que buscan alianzas con organismos como el CGIAR.
El contrato típico de las transnacionales con los campesinos que usan las semillas modificadas establece la prohibición de reutilizar parte de las semillas obtenidas de cosechas.
Eso interrumpe un proceso histórico de selección de semillas, realizado tradicionalmente por pequeños campesinos de todo el mundo, y que es la práctica de mejoramiento de cultivos más antigua.
Pero además las semillas transgénicas pueden llegar a un terreno cultivado en forma accidental y mezclarse con especies silvestres, como pasó en México.
Ese tipo de accidente tiene el inconveniente adicional de que las transnacionales han llegado a demandar a pequeños agricultores que cultivan campos contaminados con transgénicos, acusándolos de uso no autorizado de productos patentados.
Activistas sociales y campesinos protestaron en México contra la siembra de transgénicos, alegando que son peligrosos para salud y sobre todo un instrumento de dominación, dentro y fuera del hotel donde se desarrolló la reunión de esa organización, e incluso rociaron a varios asistentes con granos de maíz multicolor.
Fueron manifestaciones de ignorantes, desconcertados con los últimos avances tecnológicos en materia agrícola, afirmó el secretario (ministro) de Agricultura mexicano, Javier Usabiaga.
El grupo Greenpeace, que participó en las protestas, sostuvo que es inconcebible que el CGIAR no se haya pronunciado sobre la contaminación del maíz mexicano y recomendado la protección del criollo.
Sobre Usabiaga sólo digo que nos da vergüenza que haya un ministro así, que tache de ignorantes a quienes no creemos en los transgénicos, dijo a IPS la directora del Programa de Consumidores de Greenpeace en México, Areli Carrión.
El Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, con sede en México y miembro del CGIAR, anunció este mes que seguirá con el desarrollo de tecnologías transgénicas, hecho que los activistas consideran una confirmación de que los centros de investigación pública están optando por esa tecnología y por la relación con firmas que la promueven.
Greenpeace difundió este mes el informe sobre contaminación de maíz transgénico en los cultivos mexicanos del grano preparado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA).
El documento, que tomó dos años de investigación y costo 450.000 dólares, fue sacado a la luz antes que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, los miembros de la CCA, decidieran si lo daban a conocer.
La versión divulgada recomienda fortalecer la moratoria de la siembra de maíz transgénico en México y minimizar las importaciones del grano desde Estados Unidos, así como evaluar y desarrollar métodos para retirar los transgenes que contaminaron a la gramínea local.
También sugiere, entre otros puntos, etiquetar el maíz transgénico importado para que los consumidores sepan qué se les ofrece, e indica que urge examinar los efectos del cultivo de la gramínea genéticamente modificada en la flora y fauna mexicanas.
El informe de la CCA estaba listo desde junio, pero como es contrario a las posturas de las transnacionales estadounidenses que promueven los transgénicos, no fue divulgado, sostiene Greenpeace.
