Despenalizar la interrupción del embarazo no es suficiente para terminar con las muertes y secuelas que deja el aborto inseguro, afirma un estudio sobre seis países asiáticos divulgado este miércoles en la capital británica.
Cada año, 10 millones de mujeres se someten a abortos inseguros en Asia, donde ocurren 50 por ciento de las muertes maternas por esta práctica, sostiene el estudio Impulsando la salud reproductiva como un derecho humano, de la organización internacional IPAS.
IPAS, con sede en Estados Unidos, reunió datos, realizó entrevistas y utilizó investigaciones de diversas fuentes sobre India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nepal y Tailandia.
Samita, de 35 años y madre de dos niños, vive cerca de la ciudad india de Calcuta. Desde que nació su primer hijo, 10 años atrás, se practicó tres abortos.
En cada ocasión se introdujo en el vientre una ramita de vid, como le había enseñado la comadrona, y esperó hasta que se desatara el aborto. En cada ocasión sangró profusamente y sufrió intensos dolores.
La ultima vez, el dolor continuó pasados 10 días. Su familia la llevó al hospital más cercano, a 35 quilómetros de distancia. Debieron tratarla con diálisis, transfusiones de sangre y grandes dosis de antibióticos. Un día mas de demora hubiera sido fatal, dijo el médico.
Se habría convertido en una de las 15.000 a 20.000 mujeres que mueren por abortos inseguros en India anualmente, a pesar de que el aborto es legal en ese país desde hace 30 años, explicó la activista indonesia Ninuk Widyantoro al presentar el estudio, en el marco del encuentro internacional Cuenta regresiva 2015-Salud sexual y reproductiva y derechos para todos.
La mayor cantidad de abortos inseguros de todo el mundo ocurren en India, unos cinco millones, un cuarto del total mundial, agrego.
Solo en teoría las mujeres en India, país de 1.100 millones de habitantes, tienen acceso a un aborto bien practicado en hospitales públicos.
En los centros de atención de salud que efectúan abortos, las mujeres suelen ser obligadas a esterilizarse, o el personal quiere cobrar por esa intervención, o se exige el consentimiento del marido, aunque la ley no lo requiera, afirma el informe de IPAS.
Aunque se necesita mucho más que una ley para abatir las muertes relacionadas con abortos, las activistas siguen reclamando su despenalización.
En 1994, el plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, estableció que el aborto inseguro era un problema de salud pública. En 1999, la comunidad internacional acordó que el aborto seguro debía ser accesible en todas las circunstancias en que fuera permitido.
Ahora, en 2004, debemos resolver que el aborto sea seguro, accesible y legal, exhortó la presidenta de IPAS, Elizabeth Maguire, en la conferencia que termina este jueves.
También para esto se necesitan recursos. Ninguna de las seis naciones asiáticas estudiadas está cerca de destinar cinco por ciento del producto interno bruto a la salud pública, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Los seis países muestran una gran diversidad en materia de salud y derechos reproductivos, dijo Widyantoro, quien dirige la Fundación de la Salud de las Mujeres de Indonesia (Women's Health Foundation).
En Nepal, el aborto es legal bajo una amplia gama de circunstancias desde 2002. En Filipinas es un delito, y el feto tiene, según la Constitución, el mismo derecho a la vida que la madre. En Malasia, Tailandia e Indonesia hay debates intensos para reformar leyes restrictivas.
Nepal despenalizó el aborto modificando un capítulo del código penal reformado en 1963, pero cuya primera formulación, de 1854, combinaba el antiguo derecho hindú, normas consuetudinarias y otras basadas en los códigos indio y británico.
Esa nación de 24 millones de habitantes tiene una de las mas altas proporciones de mortalidad materna del mundo: 540 madres muertas por cada 100.000 nacimientos.
Hasta 50 por ciento de las muertes maternas en hospitales nepalíes se deben a complicaciones de abortos mal practicados.
En Indonesia, con más de 200 millones de personas, el aborto es penalizado.
La suerte de un amplio proyecto de ley impulsado por la sociedad civil y aprobado por el parlamento pende de una decisión final de la presidenta Megawati Sukarnoputri, quien aspira a obtener un segundo mandato en las elecciones del 20 de este mes.
Este es un asunto muy delicado para la sociedad indonesia. Por eso las ONG junto con organizaciones medicas decidimos impulsar el proyecto en el parlamento. Luego de tres años de esfuerzos, todos los partidos políticos esgrimieron su facultad legislativa para aprobar la ley, dijo Widyantoro a IPS.
Poco antes de venir a Londres, fui invitada a dialogar con la presidenta. Al principio se mostró renuente a promulgar la ley, que debe implementar el Ministerio de Salud, pues estimó que no hay suficiente tiempo en lo que resta de su mandato, si no gana la segunda vuelta electoral.
Pero luego de nuestra reunión, prometió volver a revisar el asunto, dijo Widyantoro.
El proyecto tiene un capítulo sobre salud reproductiva que incluye la obligación de suministrar educación e información, explicó.
Uno de los artículos establece la obligación del gobierno de proteger a las mujeres de abortos inseguros. Se establece cómo deben funcionar los servicios de asistencia de abortos y la necesidad de hacerlos accesibles a toda la población, dijo.
Según una encuesta conducida por la Fundacion de Widyantoro entre 2002 y 2003, 87 por ciento de las mujeres que recurrieron a un aborto inseguro eran casadas, casi la mitad tenían al menos dos hijos, y 58 por ciento, más de 30 años de edad.
Esto desafía mitos y estereotipos sobre quiénes recurren a abortos mal practicados, dijo Widyantoro.
Hay otros estereotipos a desafiar. Aunque la promoción religiosa de valores patriarcales ha contribuido a estigmatizar el aborto en varios lugares, en otros, líderes religiosos progresistas son una fuerza para el cambio, dijo Widyantoro.
El rechazo religioso al aborto logra gran cobertura en las noticias, pero hay muchas historias no contadas de respaldo organizado por grupos religiosos para salvar la vida de mujeres que recurren al aborto, anadió.
En Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, el proyecto aprobado por el parlamento establece un plazo no mayor a las 12 semanas de embarazo para una interrupción del embarazo en condiciones seguras, un aspecto que fue negociado con los líderes musulmanes, aseguro Widyantoro.
