En clima de guerra civil y con un gobierno derechista que irrita a la sociedad civil, los colombianos conquistan derechos a una sexualidad plena. En cambio, Bolivia retrocede, a pesar de su efervescente movimiento social.
Colombia es un país de extremos, casi esquizofrénico, dijo a IPS en Londres la directora ejecutiva de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana (Profamilia), María Isabel Plata.
Tenemos un conflicto violento que se siente en áreas rurales y ciudades pequeñas y, al mismo tiempo, un marco constitucional, judicial y legal muy avanzado, que es modelo para muchos países, dijo.
La Constitución en vigor desde 1991 establece que la planificación familiar es un derecho humano. Las entidades publicas y privadas están obligadas a prestar servicios de atención, información y acceso a anticonceptivos, anadió Plata.
Además, la reforma del sistema sanitario de 1993 es vista muy positivamente por quienes trabajamos en el campo de la salud sexual, pues estableció mecanismos más equitativos en la asignación de recursos, opinó.
En 1995, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia mostró que 72 por ciento de las mujeres en pareja utilizaba algún método anticonceptivo. En 2000, esa proporción subió a 77 por ciento.
Colombia ha hecho progresos moderados en aplicar el plan de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, que terminó con el paradigma del control de la natalidad y puso sobre la mesa un modelo basado en derechos, según un informe divulgado en la conferencia Cuenta regresiva 2015.
Desafiando la imagen que se ha construido ante organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, el gobierno del derechista Alvaro Uribe sostiene una política de avanzada en salud sexual y reproductiva, aseveró Plata.
Este gobierno (el mismo que acusa a activistas sociales y humanitarios de promover el terrorismo) puso en marcha un plan para asegurar que los derechos sexuales consagrados en la Constitución se cumplan efectivamente.
A fines de agosto, las autoridades sanitarias lanzaron un plan de choque para reducir a la mitad la cantidad de madres que mueren al dar a luz, unas 700 por año.
En ese plan, el mismo Estado propone que se debe trabajar con la sociedad civil, según la activista.
Pero nada es color de rosa en Colombia. Con el narcotráfico como combustible, paramilitares de derecha y fuerzas estatales, asesoradas y financiadas por Estados Unidos, se enfrentan con guerrillas izquierdistas, en armas desde hace cuatro décadas.
La guerra se come buena parte del presupuesto. Cuando el dinero va para balas y helicópteros, no hay política de salud sustentable, dijo Plata.
Además, la corrupción se lleva su tajada y la imposibilidad de poner en práctica las leyes conduce a la impunidad. En Colombia nadie va preso. La impunidad produce indiferencia, soledad y angustia personal, sentenció..
También se hace sentir la influencia de la Iglesia Católica. Desde 2000, Profamilia fue litigada tres veces por distribuir anticonceptivos de emergencia (la píldora del día después) con el fin de reducir los abortos ilegales, entre 320.000 y 400.000 por año.
Las leyes colombianas no permiten ni siquiera el aborto terapéutico.
Un poco más al sur, en Bolivia, el escenario es diferente.
En mayo, el parlamento aprobó rápidamente y con acuerdo de todos los partidos una ley sobre acceso a métodos de planificación familiar, anticonceptivos y servicios de información confidencial para adolescentes.
Pero el presidente Carlos Mesa lo devolvió al Congreso con una observación de carácter general.
Esto es inusual en Bolivia. Mesa no objetó ningún contenido del proyecto, sino que recomendó su discusión más profunda, dijo a IPS la diputada boliviana Erika Brockmann, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, presidenta de la Comisión de Etica de la cámara y fundadora del Foro Político de Mujeres.
Brockmann cree entender las razones. En el contexto de inestabilidad y conflictos que vive Bolivia, la Iglesia Católica se ha convertido en el principal respaldo del gobierno, interpretó.
La Iglesia es la institución de más credibilidad en Bolivia, por su contribución a la lucha contra la pobreza, por sus prestaciones sociales y por su defensa del régimen democrático. En cambio, el parlamento y los partidos políticos están muy desacreditados, añadió.
Desde que fue votado, el proyecto despierta reacciones durísimas, inclusive dentro del movimiento social e indígena. La Central Obrera Boliviana (COB) y la combativa coordinación sindical de la ciudad de El Alto se sumaron a marchas en contra del proyecto.
Muchos legisladores y legisladoras que lo votaron ahora se muestran renuentes y hasta contrarios. Esto nos dice mucho del grado de comprensión de los legisladores respecto de la salud sexual y reproductiva, opinó Brockmann.
Existe una enorme distorsión sobre su contenido. La Iglesia ha dicho que la información confidencial a adolescentes atenta contra la patria potestad de los padres, añadió.
Para Brockmann, lo mejor es no forzar una nueva votación en el parlamento, sino alentar un debate de largo plazo.
Lo saludable es que por primera vez estamos hablando en voz alta de asuntos que estaban en el ámbito privado, observó.
En Bolivia aun se siente el fantasma de las políticas de natalidad impuestas desde afuera.
En los años 60, persistentes denuncias de esterilización forzosa a mujeres campesinas e indígenas, practicadas por voluntarios de los estadounidenses Cuerpos de Paz, soldaron una alianza entre la Iglesia y los sindicatos, fundada en sentimientos antiimperialistas.
Los Cuerpos de Paz fueron expulsados por el gobierno, que se vio obligado además a interrumpir los programas de planificación familiar hasta 1986.
Con todo, la tasa de natalidad boliviana cayó. En los años 70, las mujeres tenían un promedio de 6,5 hijos. Hoy tienen 3,8, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La población es de 8,5 millones de personas.
El proyecto vetado por Mesa ni siquiera menciona el aborto, que es ilegal, excepto si el embarazo es resultado de una violación o cuando la vida de la madre corre peligro.
Pero ninguna mujer ha conseguido autorización judicial para una interrupción legal del embarazo bajo estas condiciones, afirma un estudio de la organización internacional IPAS, con sede en Estados Unidos.
No hay ambiente para hablar de aborto, dijo Brockmann.
Sin embargo, el gobierno de Mesa puso en marcha el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se está implementando en todo el país, y que incluye acceso a servicios de anticoncepción. El mayor obstáculo es la falta de recursos del Estado.
La mortalidad materna boliviana es una de las más altas de la región: 550 madres muertas por cada 100.000 nacimientos, afirma el PNUD.
Bolivia y Colombia son dos ejemplos de avances y retrocesos en la agenda de la conferencia de El Cairo examinados hasta este jueves en la capital británica por casi 700 delegados reunidos en la Cuenta regresiva 2015.
