La matanza del 13 de agosto en el campamento de refugiados de Gatumba, a unos 20 kilómetros de la capital de Burundi, es un recuerdo vívido para los sobrevivientes, reforzado por profundas cicatrices en sus cuerpos.
Los victimarios fueron insurgentes de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) de Burundi, brazo armado del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu, que atacaron el campamento y mataron a unas 160 personas de la etnia banyamulenge de República Demócratica del Congo (RDC), relacionada con la etnia tutsi, que constituye cerca de 14 por ciento de las poblaciones de Burundi y Ruanda.
El FNL ha estado en guerra durante la última década con el ejército de Burundi, dominado por los tutsi.
IPS entrevistó a algunos de los siete sobrevivientes que llegaron a Nairobi el 6 de este mes para recibir tratamiento especializado y se recuperan en el hospital de Nairobi.
A eso de las 22 horas nos despertó el sonido de disparos fuera del campamento, y poco después atacantes armados comenzaron a rasgar e incendiar las tiendas de campaña en que estábamos. Pude arrastrarme lejos sin que me vieran, contó una de las personas entrevistadas, que pidieron no ser identificadas por razones de seguridad.
Eran unos 300, con pangas (machetes) y cuchillos, y gritaban 'Vamos a matarlos', añadió la fuente, que se recupera de una operación en que le extrajeron una bala de la cabeza y regresaba de una sesión de fisioterapia.
Esa bala le causó una parálisis, y sus manos y piernas aún están débiles. Hasta hace unos días, tampoco podía hablar y sólo oía un ruido dentro de mi cabeza, explicó con voz insegura.
Perdí a 37 parientes cercanos (en la masacre), incluyendo a mi esposa y a cinco de mis diez hijos. Tengo miedo de volver (a un campamento de refugiados en Burundi), y si pudiera tener conmigo a los hijos que me quedan, me quedaría para siempre en Kenia, aseguró.
Un disparo me alcanzó en el hombro y la bala se alojó en mi espalda, de donde me la extrajeron. Me duele mucho pese a los calmantes, pero Dios es grande: estoy viva, dijo una frágil sobreviviente de 50 años que se recupera en el mismo hospital.
Los atacantes mataban en forma indiscriminada e incluso acuchillaron a un bebé de dos meses. Incendiaron nuestras tiendas de campaña después de rociarlas con petróleo, y así causaron la muerte de hombres, mujeres y niños, relató la mujer, entre pausas forzadas por el dolor.
No pensamos que correríamos riesgos en otro país, indicó la sobreviviente, que había llegado a Burundi dos meses antes de la masacre.
Algunos de mis hijos se quedaron en el campamento de refugiados, y no sé si están vivos o muertos. Mi esposo también fue herido en el ataque, y lo llevaron a un hospital de Burundi, añadió.
Médicos del hospital de Nairobi que no quisieron ser identificados informaron a IPS que los refugiados banyamulenge están fuera de peligro, y que probablemente sean dados de alta pronto.
Esto fue claramente un crimen de guerra, y los responsables deben ser llevados ante la justicia. El gobierno de Burundi emitió órdenes de arresto contra dos dirigentes del FNL, y eso es un primer paso prometedor que debe ser seguido por arrestos efectivos y juicios, afirmó este mes la organización humanitaria estadounidense Human Rights Watch.
Más de un mes después de la matanza, las autoridades de Burundi no han detenido a ninguna de las personas que la perpetraron.
Burundi es un país montañoso, y no hay caminos hacia las montañas en que los rebeldes del FNL han operado durante los últimos 10 años. El ejército ha tratado de acceder a esas regiones, pero los rebeldes son escurridizos, alegó el embajador de Burundi en Kenia, Stanis Nsabuwanka, en una entrevista con IPS realizada el lunes.
Continuaremos su persecución, aseguró.
Los enfrentamientos entre los tutsi y los hutu, que son cerca de 85 por ciento de la población de Burundi, se han reiterado desde que ese país se independizó del dominio colonial belga en 1962.
El conflicto en curso comenzó tras el asesinato en 1993 del primer presidente hutu, Melchior Ndadaye, por parte de soldados renegados tutsi, y ha causado la muerte de unas 300.000 personas, además del desplazamiento forzado de otros cientos de miles, en una población que se calcula en cerca de ocho millones, según organizaciones humanitarias.
La masacre del mes pasado fue motivo de una cumbre realizada en Tanzania el 18 de agosto, en la que los jefes de Estado de Burundi, RDC, Sudáfrica (que media en el conflicto de Burundi desde 1998), Tanzania y Zambia acordaron calificar al FNL de organización terrorista.
Fue claro que los participantes en esa reunión buscaron evitar una escalada que pueda conducir a una tragedia como la del genocidio de 1994 4en Ruanda, en el que extremistas hutu asesinaron a unas 800.000 personas, integrantes de la etnia tutsi y también hutu modrados.
Los jefes de Estado reunidos en Tanzania expresaron su apoyo al acuerdo firmado en 2000 por el gobierno de Burundi y 20 grupos insurgentes para participar en un gobierno de transición que asumió en octubre de 2001.
Ese acuerdo, que incluye la realización de elecciones el mes próximo, apunta a que los tutsi y los hutu compartan el poder, con reparto en mitades del ejército y sus puestos clave, y mayoría de 60 por ciento para los hutu en los cargos de gobierno y las bancas parlamentarias, pero el FLN lo rechaza.
Los participantes en la cumbre de Tanzania pidieron a la Organización de las Naciones Unidas que declare grupo terrorista al FNL, imponga un embargo contra la venta de armas a esa organización y prohíba los viajes internacionales a sus integrantes.
Sin embargo, Nsabuwanka arguyó que la prohibición de salir de Burundi no sería muy eficaz, porque los rebeldes del FLN operan sobre todo dentro del país. (
