Cada año, más de 40.000 menores mexicanos intentan sin éxito pasar al ”otro lado”, cruzar la frontera de Estados Unidos sin visa ni boleto de regreso. El viaje de ida y vuelta no suele ser placentero.
Con 16 años, la mexicana Erika vive ahora en un albergue para menores inmigrantes de su país, tras ser deportada de Estados Unidos y maltratada por traficantes de personas y por policías.
”Iba con dos chavos (jóvenes), pasamos la frontera y corrimos, pero enseguida vinieron varias motos de la migra (oficiales de inmigración de Estados Unidos) y nos cerraron el paso. Yo no tengo papeles, por eso no pude entrar”, dijo Erika a IPS por teléfono desde un hogar en la norteña ciudad mexicana de Tijuana, donde se truncó momentáneamente su aventura.
Por el paso fronterizo entre Tijuana y la estadounidense San Diego cruzan a diario unos 25.000 vehículos y 50.000 personas. Con los rígidos controles de los últimos años, miles que se aventuran sin visas son detenidos, incluidos unos 12.000 menores, según el promedio anual.
En los puestos migratorios ubicados en 3.200 kilómetros de frontera, son detenidos anualmente 40.000 menores de 18 años. Pero hay muchos más que intentan cruzar por lugares menos vigilados, que son también los más peligrosos.
Extraviados en desiertos, ahogados al cruzar un río o abandonados por traficantes dentro de camiones o trenes sellados, más de 3.000 mexicanos murieron cuando intentaban llegar a alguna ciudad estadounidense en el último decenio. Muchos no habían cumplido 18 años.
”Los menores de edad son lo que más sufren en esta historia de la migración, pues se exponen a maltratos y problemas mayúsculos, especialmente las jovencitas que muchas veces son violadas”, dijo a IPS Oscar Escalada, director de las Casas de Menores Migrantes en Tijuana de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés).
”Hemos detectado niños de 10 años o menos que vienen solos y quieren pasar a Estados Unidos con papeles falsos o simplemente sin documentos, pero la mayoría tiene entre 14 y 17 años”, explicó Escalada entrevistado por teléfono.
”En el viaje hasta Tijuana la pasé mal, pues con quienes venía (traficantes de personas) no nos daban comida, y también hubo problemas con unos policías mexicanos que nos trataron mal y quisieron detener. Pero con la migra (de Estados Unidos) no hubo nada malo, sólo la detención” dijo Erika.
En junio de 2003, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció que los menores de edad indocumentados suelen ser tratados como delincuentes en Estados Unidos y se los somete a arrestos prolongados.
A niñas y niños inmigrantes se les niega la asistencia de un abogado y se los encarcela junto a menores con antecedentes penales. Además, se los somete a coerción, esposándolos o desnudándolos en registros corporales, afirmó Amnistía.
Según Escalada, en el último año, el trato por parte de los agentes migratorios estadounidenses ha cambiado mucho.
”Cierto que a veces hay maltratos, sobro todo los amenazan para desalentarlos a un nuevo cruce, pero en general se cuidan y coordinan la expulsión con los consulados mexicanos”, aseveró. Ya no esposan a los menores, ni los someten a golpes, dijo.
Francisca, de 16 años, relató telefónicamente a IPS que el trayecto a Tijuana desde su natal estado de Guerrero, en el sur de México, ”fue perfecto”, pues lo hizo en avión acompañada ”de unos parientes”. Pero fueron detenidos cuando cruzaron cerca de la garita fronteriza en un automóvil.
”Nos hablaron en inglés y no entendimos, luego nos pidieron papeles en español, así que les dimos lo que teníamos, pero ya no nos dejaron pasar”, lamentó. Los documentos de Francisca y de sus acompañantes eran falsos.
”Me preguntaron (los agentes) que de dónde saqué los papeles, que de dónde era y otras cosas”, relató. Francisca estuvo detenida ocho horas en Estados Unidos antes de ser llevada de regreso a México, donde fue hospedada en un albergue.
Como Erika, espera otra oportunidad para emigrar al vecino país del norte.
La mayoría de los adolescentes y jóvenes que se aventuran solos a Estados Unidos proceden de México, pero también los hay de China, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Escalada explicó que casi todos los menores están acompañados de traficantes de personas, quienes previamente negociaron el precio y condiciones del viaje con los familiares de esas niñas o niños.
Por un viaje completo, que incluye traslado en avión y alguna comodidad para llegar a Estados Unidos, los traficantes cobran unos 5.000 dólares. Pero si sólo se trata de cruzar la línea fronteriza, el precio es de unos 500 dólares, señaló.
Muchos van en búsqueda de sus padres que emigraron antes, como los de Erika, que residen desde hace dos años en San Diego.
”Ya veré como le hago para llegar donde mis papás, pues quiero ir allá a vivir con ellos”, dijo. Su hogar, por ahora, está en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico, junto a sus tíos y dos hermanos menores.
Otros adolescentes buscan empleo o huyen de situaciones de violencia familiar.
Cada año logran ingresar a Estados Unidos unos 390.000 mexicanos sin permisos migratorios, gran parte transportados por los ”polleros” (traficantes de personas). Pero más de un millón son deportados.
Hasta 1993 era posible el ingreso en cruces cercanos a las ciudades fronterizas, pero a partir de ese año todos los caminos fueron blindados con muros, rejas y férreos controles, reforzados aun más tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
En Estados Unidos viven 38,8 millones de personas de origen latinoamericano, 25,4 millones procedentes de México.
Aunque los dos países tienen acuerdos para combatir con dureza el tráfico de personas, los polleros siguen siendo la única opción de los inmigrantes para burlar los controles fronterizos.
A manos de esos delincuentes, los menores sufren la mayor parte de los abusos, como violaciones, hacinamiento, falta de alimentos y amenazas y engaños para obligarlos a ingresar contrabando a Estados Unidos, sobre todo drogas ilegales.
Cuando son expulsados, los menores suelen ser enviados a alguno de los albergues estatales o de organizaciones no gubernamentales como YMCA.
En esos centros reciben alimentación, alojamiento y, si es necesaria, atención psicológica. La permanencia depende de la demora en contactar a las familias.
”Hay casos en que se quedan en nuestras casas sólo por unas horas, pero también pueden llegar hasta meses, sobre todo cuando ya no tienen familiares en México y requieren más tiempo para estabilizarse en Tijuana, viajar a otra ciudad para hacer algún trabajo o quizás quedar bajo la tutela del Estado”, indicó Escalda.
