Un juez de Estados Unidos dio al gobierno 30 días para publicar todos los documentos sobre abusos a detenidos en instalaciones militares en el extranjero, como la naval en Guantánamo, Cuba, y la cárcel de Abu Ghraib, Iraq.
El juez Alvin Hellerstein, de Nueva York, dio así la razón a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos civiles y humanos, que demandaron al gobierno ante la justicia para que revelara los registros sobre posibles abusos a detenidos.
La demanda, al amparo de la Ley de Libertad de Información, fue presentada por primera vez a los Departamentos (ministerios) de Defensa, Estado (cancillería), Justicia y Seguridad Interna hace 11 meses.
El gobierno de George W. Bush, que había solicitado a Hellerstein que le permitiera postergar la difusión de esos documentos hasta 2005, podría apelar la sentencia de Hellerstein.
El magistrado falló que nadie está por encima de la ley y que las meras preocupaciones sobre seguridad nacional no pueden justificar retrasos ilimitados en el cumplimiento de las solicitudes.
El nuestro es un gobierno de leyes, leyes debidamente promulgadas y leyes debidamente observadas. Nadie está por encima de la ley: ni el Ejecutivo, ni el Congreso (legislativo) y los jueces, sostuvo Hallerstein.
El magistrado también cuestionó el ritmo glacial con que el gobierno de Bush contestó el pedido de las instituciones demandantes.
En su primera presentación, las organizaciones pidieron a los cuatro departamentos del gobierno el procesamiento y liberación inmediatos de todos los registros sobre abusos o torturas de los detenidos en Abu Ghraib y en otras prisiones en el extranjero, incluida la base de Guantánamo.
También reclamaron los registros de investigaciones y sumarios que hubieran derivados de informes sobre abusos.
La solicitud inicial también inquiría sobre los registros sobre la muerte de detenidos bajo custodia de las autoridades estadounidenses, y cualquier registro sobre las investigaciones al respecto.
Según diversos informes periodísticos, docenas de detenidos murieron custodiados por militares estadounidenses en Afganistán y en Iraq desde fines de 2001. Al menos 16 de esos casos fueron caratulados como homicidio.
La solicitud incluía todos los documentos referidos a las políticas de interrogación de detenidos y sobre la entrega de éstos a países donde el uso de la tortura como recurso habitual es notorio.
Paradójicamente, el pedido inicial fue presentado mientras soldados que participaban en torturas en Abu Ghraib fotografiaban por diversión esos actos.
La publicidad que, a la postre, recibieron esas fotografías en los medios de comunicación mundiales en abril desataron un escándalo que el gobierno aún trata de contener.
Pero cuando se presentó el pedido, se conocía relativamente poco sobre el tratamiento dado a los detenidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja había manifestado su preocupación en reuniones privadas con representantes del gobierno de Bush.
La prensa estadounidense publicó algunos informes sobre abusos, basados en su mayoría sobre entrevistas a detenidos liberados, mientras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch aseguraron haber recibido denuncias.
Entre los querellantes figuraban la Unión para las Libertades de Nueva York, el Centro para los Derechos Constitucionales, Médicos por los Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz. ACLU es la institución de defensa de los derechos civiles más antigua de Estados Unidos.
Varios meses después de la demanda inicial, estas instituciones solicitaron también a las autoridades los documentos que describieran las medidas que hubiera tomado el gobierno a raíz de las preocupaciones expresadas por la Cruz Roja.
Hasta abril, Washington rechazó las reiteradas demandas al asegurar que el retraso no ponía en riesgo la vida o seguridad de ningún individuo, ni ponían en cuestión la integridad del gobierno ni la confianza pública. Esos argumentos quedaron desacreditados al publicarse las fotos en abril.
En junio, luego de la publicación de las fotografías que ilustraban los abusos sexuales y físicos de los detenidos en Abu Ghraib, las organizaciones presentaron una demanda sin precedentes en el marco de la Ley de Libertad de Información.
El escándalo también originó varias audiencias en el Congreso legislativo, así como editoriales en varios periódicos estadounidenses y de todo el mundo.
La semana pasada, ocho altos militares retirados llamaron a realizar una investigación independiente, pues, dijeron los procedimientos usuales en el Pentágono tienen un alcance muy limitado y no pueden determinar responsabilidades en los niveles más altos.
