Campesinos e indígenas de la frontera norte de Ecuador reclaman al gobierno y a la justicia que se detengan las fumigaciones del Plan Colombia, pues tienen efectos mortales en las personas y en el ambiente.
Más de 100 habitantes de la septentrional provincia amazónica de Sucumbíos se manifestaron en Quito el jueves y este viernes para pedir a la cancillería ecuatoriana que exija a Bogotá el alto de las fumigaciones con herbicidas sobre plantaciones de coca y de adormidera (amapola) a una distancia de 10 kilómetros de la frontera.
Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, presentó el miércoles un Amicus Curiae ante el Tribunal Constitucional de Quito en respaldo de un pedido para que el Estado ecuatoriano explique qué acciones ha tomado para proteger a sus ciudadanos de los efectos de las fumigaciones.
El recurso del Amicus Curiae (amigo de la corte) se presentó en este caso como un estudio científico que detalla el impacto de los rociados con diferentes sustancias herbicidas, y tiene el objeto de sustanciar la demanda hecha por la Federación de Organizaciones Campesinas del Sector Fronterizo y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coniae), entre otros grupos.
”Hemos dialogado con un representante del gobierno, pero la respuesta que nos dio no fue satisfactoria. En este mismo momento estamos regresando a Sucumbíos porque muchos compañeros están cansados, pero lo más seguro es que volvamos la semana próxima” a protestar, dijo este viernes a IPS el presidente de la federación de campesinos, Daniel Alarcón.
El dirigente informó que las autoridades les aseguraron que las fumigaciones ya habían sido suspendidas en la franja de 10 kilómetros. ”Pero no nos dieron pruebas”, dijo Alarcón.
Los campesinos también exigieron que se les condone una deuda con el Banco Nacional de Fomento de nueve millones de dólares, pues arguyen que no pueden pagarla debido a que las fumigaciones arruinaron su producción.
Por su parte, el vicecanciller de Ecuador, Edwin Johnson, dijo a IPS que estas movilizaciones no representan a la población de Sucumbíos, sino a ”ciertos grupos que hacen estos planteamientos con el afán interesado de lograr una indemnización”.
Johnson aseguró que la Fuerza Aérea de Colombia no realiza desde hace un año fumigaciones en la franja de 10 kilómetros de la frontera, pues ”ya no es necesario”.
El vicecanciller indicó que los gobiernos de Ecuador y de Colombia ordenaron una serie de estudios científicos en la frontera, con colaboración de institutos y agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Estos concluyeron que las fumigaciones no eran peligrosas.
Toda esta información fue presentada ante el Tribunal Constitucional, y ”el asunto está terminado”, dijo Johnson.
Sin embargo, Alarcón anunció que continuarán los reclamos ante el Tribunal, sobre todo después de la presentación del informe de la FIDH.
”Esperamos que este Amicus Curiae contribuya a que el Tribunal Constitucional tome una decisión conforme a las normas y principios de seguridad sanitaria y del derecho ambiental, y que ordene al Estado ecuatoriano a tomar las medidas necesarias para reparar los perjuicios causados”, dijo esta semana el presidente de la FIDH, Sidiki Kaba.
Los manifestantes rociaron este viernes con glifosato, el herbicida más empleado en las fumigaciones, las plantas que rodean al edificio de la cancillería, mientras mostraban a periodistas sus lesiones cutáneas que presuntamente les causaron los tóxicos.
Para Johnson, estas lesiones son manifestación de enfermedades típicas en la región amazónica, y no una consecuencia de las fumigaciones.
El glifosato fue introducido en América Latina 25 años atrás y se comercializa principalmente con el nombre de Roundup, de la corporación biotecnológica Monsanto, alcanzando ventas de 1.200 millones de dólares al año.
Está clasificado como un herbicida de la categoría tóxica III, que exige cautela en su utilización porque puede provocar problemas gastrointestinales, vómitos, ensanchamiento de los pulmones, neumonía, obnubilación y destrucción de los glóbulos rojos del tejido de la membrana mucosa.
El Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla fue lanzado en 2000 por los entonces presidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Bill Clinton, de Estados Unidos. Washington destinó entonces una ayuda de 1.300 millones de dólares para financiarlo..
El actual presidente estadounidense George W. Bush solicitó una ayuda adicional al año siguiente, a través de la Iniciativa Regional Andina. Washington asegura que las fumigaciones son una forma segura y esencial para erradicar los cultivos ilegales de coca, materia prima de la cocaína, y de la amapola, base de la morfina y la heroína.
Pero hay elementos químicos peligrosos empleados en las fumigaciones que ”no fueron antes probados. Los están utilizando directamente sobre las personas, sobre escuelas y poblados”, dijo IPS el médico tropicalista español Adolfo Maldonado, investigador de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica.
Maldonado realizó en los últimos años al menos tres investigaciones en la frontera con Colombia, en los que comprobó graves perjuicios en la población.
”La toxicidad afecta en forma directa. Los elementos tóxicos rompen la capa grasa de la piel, lo que, en un ambiente tropical y con mal saneamiento, facilita las infecciones y los hongos”, dijo el científico, uno de los autores del Amicus Curiae presentado por la FIDH.
Maldonado explicó que las sustancias contaminantes se propaga con facilidad por aire. Las fumigaciones se llevan a cabo desde aviones o helicópteros a entre 15 y 60 metros de altura, permitiendo una fácil dispersión gracias a los vientos. Esto causa graves afecciones respiratorias en la población, como neumonías.
A su vez, la ingesta de alimentos y de agua contaminada con glifosato provoca diarreas y vómitos.
”El Ministerio de Salud dijo hace tres años que la frontera era un lugar muy peligroso y no podía poner en riesgo a sus funcionarios. La población del lugar está en completo abandono, sin ninguna atención, y sin posibilidad de salir. La situación es patética”, dijo Maldonado.
”La población antes recurría a medicinas tradicionales, pero ahora se dio cuenta de que las plantas ya no sirven pues están también contaminadas”, añadió.
Acción Ecológica atribuyó al menos 12 muertes a las fumigaciones desde que éstas empezaron en 2000. La mayoría de las víctimas fueron niños y ancianos con sus sistemas inmunológicos debilitados.
”El glifosato es un herbicida que, cuando se lo mezcla con otras sustancias, multiplica 22 veces su efecto. En Colombia se aplica con el Cosmo Flux 411, cuyo impacto no ha sido aún estudiado”, dijo el experto.
En una de sus investigaciones, Maldonado constató una directa relación entre las fumigaciones del Plan Colombia y los daños genéticos en las mujeres ecuatorianas que viven en la frontera.
”Estos daños celulares determinarán la aparición de malformaciones en futuras generaciones”, alertó.
