El gobierno de Brasil cometió espantosas incorrecciones y equivocaciones en la cuestión de los transgénicos y se apresta a cometer otra, afirman 14 organizaciones y movimientos sociales en una carta dirigida al propio jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente vuelve a quedar en la incómoda situación de adoptar, por tercera vez desde el año pasado, una solución de emergencia y de carácter excepcional, para evitar la ilegalidad de la siembra de soja transgénica, que empezará en las próximas semanas.
Lula declaró este jueves ante 13 periodistas de radio de todo el país que firmará una nueva Medida Provisional (decreto con poder de ley) para autorizar la siembra, si hay acuerdo político, basándose en las reglas que tengan consenso en el Senado.
Las 14 organizaciones ambientalistas, campesinas y defensoras de los consumidores se dicen conmocionadas por la disposición del presidente a adoptar una Medida Provisional que contraría el proyecto de ley de bioseguridad que el mismo Lula envió al Congreso legislativo, y fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Se trata de una medida que viola el principio de precaución de la Convención sobre la Diversidad Biológica de la cual el país es parte, al liberar los transgénicos sin ningún estudio previo de impacto ambiental y de riesgo para la salud de los consumidores, dicen los manifestantes.
Tales errores en esta cuestión provocan profunda frustración en la sociedad civil organizada y desilusionan a los que en Brasil y en el exterior aplaudieron el nombramiento de la ministra Marina Silva en la cartera de Medio Ambiente, como garantía de la vigencia de criterios ambientales en el actual gobierno, afirma el mensaje.
Marina Silva, respetada por su pasado de lucha social y ambiental en la Amazonia, expresó claramente su oposición a una nueva Medida Provisional autorizando la siembra de soja transgénica, argumentando que el parlamento debe reglamentar la cuestión.
El proyecto de ley de bioseguridad, sin embargo, sólo será votado en el Senado el 5 de octubre, después de varios aplazamientos. Como el texto sufrió varias modificaciones en las comisiones especializadas, tendrá que volver a la cámara baja.
Su aprobación final solo será posible después de iniciada la siembra de soja, ilegal si no media una autorización excepcional. Los agricultores del meridional estado de Río Grande del Sur anunciaron que sembrarán sus semillas transgénicas de cualquier manera, con o sin ley, porque no disponen de otras.
La Federación de Agricultura local estima que 90 por ciento de la soja será transgénica este año, lo que significa casi ocho millones de toneladas. En realidad, la soja transgénica es crecientemente cultivada en Río Grande del Sur al menos desde 1997, con semillas contrabandeadas desde Argentina. Apenas el año pasado se buscó legalizar esa producción.
Lula advirtió que el tema debe ser encarado con cuidado, tomando en cuenta el interés de la nación, y así rechazó la idea de ordenar la destrucción de alimentos en un país con pobreza y hambre.
De todas formas, la versión de la ley de bioseguridad a ser votada en el Senado enfrenta la oposición de los ambientalistas, movimientos campesinos y de defensa de los consumidores, porque el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en febrero fue desfigurado.
La discrepancia principal es el poder concedido a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, como órgano competente para autorizar la producción y comercialización de productos genéticamente modificados.
De esa forma pierden fuerza las autoridades ambientales y sanitarias, permitiendo la liberación de siembras transgénicas sin la evaluación previa de sus impactos y riesgos, prevista en la Constitución nacional.
El algodón sigue la senda abierta por la soja. Ya se identificaron algunas áreas de una variedad transgénica en el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil, y los algodoneros reclaman un tratamiento igual al concedido a los cultivadores de la leguminosa.
Lula y su gobierno enfrentan otros desafíos en el área ambiental. Grandes proyectos que el Poder Ejecutivo se dispone a impulsar despiertan mucha polémica.
Es el caso de la carretera BR-163, entre Cuiabá, capital de Mato Grosso, y Santarém, un puerto en el río Amazonas, en el norte del país, cuya pavimentación facilitará el transporte de la soja y de otros productos exportables. Mato Grosso es el estado de mayor producción de soja en el país.
El proyecto, discutido con los sectores involucrados e interesados, busca atender los criterios de sustentabilidad y evitar los desastres ambientales provocados por otras carreteras amazónicas, como la deforestación, los conflictos locales y la violencia.
Pero los ambientalistas temen la reiteración de esos problemas. El simple anuncio del proyecto ya provocó una intensa actividad especulativa, con la ocupación ilegal de tierras aledañas y el paso inicial de la deforestación, observó Roberto Smeraldi, coordinador de la no gubernamental Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña.
Polémicas similares provoca el desvío de las aguas del río Sao Francisco, que une el centro y el noreste de Brasil. El propósito es llevar parte de sus aguas a zonas semiáridas del nordeste, la región más pobre de Brasil. Es una cuestión humanitaria asegurar al menos agua potable a los pobres, justificó Lula.
La idea, sin embargo, se discute hace casi dos siglos y nunca se materializó, por las diferencias que despertaba y los costos elevados. Además, el río sufrió un grave deterioro en las últimas décadas, con pérdida de bosques en sus orillas, sedimentación y reducción del flujo.
Será necesario revitalizar la gran cuenca hidrográfica antes de desviar parte de sus aguas, un proceso largo, que difícilmente logre eludir polémicas fuertes. (
