Dos informes oficiales, uno del ejército y otro del Pentágono, consolidan la posición de iraquíes víctimas de abuso en la prisión bagdadí de Abu Ghraib, en sus demandas civiles contra empresas que asisten a las tropas de ocupación.
El informe del ejército, dedicado a las circunstancias particulares de los abusos, y el ordenado por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld a un panel independiente, sobre las causas profundas de estos casos, atribuyen a militares responsabilidad por las agresiones que sufrieron los detenidos.
Ninguno de los informes absuelve al pequeño grupo de soldados cuyos actos conmocionaron a la opinión pública mundial este año, cuando la prensa publicó las fotografías que ellos tomaron documentando los abusos.
Se trataba de imágenes de prisioneros desnudos y encapuchados, obligados a apilarse en una pirámide humana, a masturbarse o a participar en la simulación de actos sexuales, entre otros actos degradantes.
Cincuenta y cuatro MI (miembros de la inteligencia militar), MP (policías militares) y médicos militares han sido hallados cómplices en algún grado en los abusos ocurridos en Abu Ghraib, indica el documento del ejército, publicado este miércoles y conocido como el Informe Fay.
El texto redactado por el general George Fay cita a soldados que revistaban en Abu Ghraib, según los cuales contratistas privados supervisaron realmente al personal militar.
Esas declaraciones respaldan la posición de los demandantes, según los cuales los civiles no eran participantes pasivos en los abusos.
Algunos incidentes de abuso fueron claramente casos de mala conducta individual y criminal, concluye, por su parte, el informe del panel independiente encabezado por el ex secretario de Defensa James R. Schelinger, publicado el 24 de agosto.
Otros incidentes derivaron de mala interpretación de leyes o políticas, o de confusiones sobre qué técnicas de interrogatorio estaban permitidas por la ley o por criterios establecidos para la ocasión, agrega.
El informe del panel no menciona específicamente a los empleados civiles aportados por dos empresas: los traductores de BGT, subsidiaria de Titan Corporation, y CACI International, que brindaban servicios vinculados con interrogatorios e inteligencia.
Funcionarios militares conocían algunos de los abusos antes de que el escándalo estallara en los medios de comunicación.
Una investigación concluida en febrero por el general Antonio Taguba sostuvo que los detenidos recibieron maltratos sistemáticos e ilegales y recomendó acciones disciplinarias contra 10 soldados, incluidos dos contratistas civiles, así como acciones penales contra al menos seis personas.
Desde entonces, siete soldados de bajo rango han sido acusados por los abusos y se iniciaron audiencias previas al juicio contra cuatro de ellos en Alemania.
En junio, el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales y otros abogados entablaron una querella civil en San Diego contra Titan y CACI por abusos cometidos por sus empleados en Abu Ghraib.
En julio, abogados de cuatro víctimas y de una mujer cuyo esposo murió en la cárcel iniciaron una segunda demanda contra las dos empresas en Washington.
Roderick Edmond, del bufete de abogados Edmond and Jones, que actúa en la segunda de esas demandas, indicó que el Informe Fay claramente apoya la posición litigante y confirma la información brindada por sus clientes.
Los querellantes intentan demostrar que los civiles contratados por Titan y CACI no estuvieron solo pasivamente involucrados en la tortura, sino activamente involucrados en instruir y en algún modo dirigir instancias de tortura, explicó Edmond en una entrevista.
Según el Informe Fay, varias personas indicaron en sus declaraciones que personal contratado 'supervisaba' al personal del gobierno o viceversa. El sargento Adams indicó que empleados de CACI estaban en posición de autoridad y parecían supervisar el personal del gobierno.
El informe considera confirmadas 44 instancias de abuso en Abu Ghraib, y que empleados de CACI y de Titan participaron en varios de ellos. Recomienda que los casos de seis civiles sean derivados al Consejo General del Ejército para determinar si el Departamento de Justicia deberá acusarlos.
El 24 de noviembre de 2003, militares encontraron en una celda al civil 11, un interrogador de CACI, a un segundo hombre en ropa civil que parecía un interrogador y a la civil 16, una traductora, todos ellos gritándole a un detenido acorralado en la esquina de la habitación.
Mientras, un perro amenazaba al detenido. Ves a este perro. Si no nos dices lo que quiero saber, te lo echaré encima, decía uno de los civiles.
Pero el presidente y gerente general de la firma, Jack London, dijo en una declaración: De ningún elemento en el Informe Fay puede inferirse que empleados de CACI dirigieran, participaran ni aun observaran nada cercano a lo que todos hemos visto en esas horrendas fotos. Ningún empleado de CACI apareció en ninguna de las fotos antes divulgadas.
Y de este informe y el Informe Schlesinger, parece surgir mucha confusión sobre qué métodos de interrogatorio estaban autorizados y bajo qué condiciones, agregó.
El portavoz de Titan, Ralph Williams, dijo a IPS por correo electrónico: No hay acusaciones del gobierno contra Titan en los informes, o ninguna referencia a la compañía que confirme o infiera malas prácticas. Creemos que la demanda no tiene fundamento, y nos defenderemos de ella con vigor.
Como hemos dicho, y como el Informe Fay lo confirma, Titan no ha suministrado interrogadores ni servicios de interrogatorio. Como hemos dicho y como el Informe Fay lo confirma, Titan nunca ha tenido control de los prisioneros o de su manejo, añadió Williams.
El informe indica que un empleado de Titan sospechoso de abusos, identificado como el civil 10, debe ser librado de toda sospecha.
Pero un abogado de la demanda manifestó confianza en el éxito de la acción civil. La ampliación de las acusaciones en los dos informes, incluyendo contratistas, es consistente con los datos fácticos que he recogido en dos semanas de investigación en Iraq, dijo Shereef Akeel.
El abogado indicó que un detenido afirmó haber sido interrogado y torturado por el traductor, que tenía una pistola paralizante y usaba choques eléctricos, agregó.
Según el Informe Fay, el contrato entre el Pentágono y Tital requiere sólo servicios de traducción, y no hace mención a conducción de interrogatorios.
Pero el informe identifica a un empleado, el civil 16, que trabajaba con otro de CACI, el civil 11, que participaron en un interrogatorio en que el detenido era sometido a una posición tensionante no autorizada.
Edmonds informó que agregará pronto a la demanda el nombre de otras cuatro víctimas de abuso y del cónyuge de una víctima muerta.
