El escándalo por la entrega de secretos altamente clasificados por parte del Pentágono a una organización sionista corre el velo de una intensa cooperación durante unos 30 años entre políticos derechistas de Estados Unidos e Israel.
Fuentes dignas de crédito que solicitaron reserva sobre su identidad informaron que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ha dedicado a revisar una serie de pesquisas pasadas en relación con varios miembros del ala neoconservadora que ha dominado la política exterior del gobierno de George W. Bush.
Esas investigaciones de inteligencia nunca derivaron en acusaciones judiciales, para frustración de los funcionarios a cargo.
Entre los investigados figuran el subsecretario (viceministro) de Defensa, Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Douglas Feith, y el hasta el año pasado presidente de la Junta de Políticas de Defensa (el principal cuerpo de asesores civiles del Pentágono), Richard Perle.
La oficina de Feith aparece en el centro de la última de estas investigaciones en salir a la luz.
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Wolfowitz, Feith y Perle son objeto de un extenso informe publicado en febrero en la revista Counterpunch por el periodista Stephen Green, autor de dos libros sobre las relaciones israelí-estadounidenses. Ambos volúmenes se basan sobre largas entrevistas con ex funcionarios del Pentágono y de la contrainteligencia.
Al mismo tiempo, otra oficina del Pentágono preocupada por transferencias de tecnología bélica ha examinado la adquisición, modificación y ventas por parte de Israel, con ayuda de funcionarios neoconservadores, de equipo militar de alta tecnología obtenido de Estados Unidos.
Parte de ese equipamiento ha sido vendido por Israel —que en los últimos 20 años se ha convertido en un gran exportador de tecnología militar de avanzada— o por intermediarios israelíes a Rusia, China y otros potenciales rivales estratégicos de Estados Unidos.
Parte de ese material apareció en el mercado negro, donde organizaciones terroristas —posiblemente incluida la red Al Qaeda— tuvo acceso a él, según esas fuentes.
De particular interés es el destino de un poderoso programa informático denominado PROMIS, producido por la firma INSLAW a comienzos de los años 80 y adquirido por la agencia de inteligencia israelí Mossad, que vendió a su vez sus propias versiones a otras agencias extranjeras de Medio Oriente, Asia y Europa oriental.
Pero estas versiones incluían una puerta trasera que permitía al vendedor espiar los archivos de la agencia de inteligencia compradora, según diversos informes.
Se cree que una versión modificada del programa, usada para controlar, manejar y rastrear archivos en una multitud de bases de datos, fue comprada en el mercado negro por Al Qaeda a fines de los años 90, lo cual le facilitó a la red terrorista sus tareas de lavado de dinero, según un informe publicado por el diario The Washington Times en junio de 2001.
Según una fuente bien informada, investigadores del Pentágono creen posible que Al Qaeda haya usado esos programas para espiar varias agencias estadounidenses que podrían haber detectado o abortado los ataques del 11 de septiembre de 2001 que mataron a 3.000 personas en Nueva York y en Washington.
El FBI está, supuestamente, también involucrado en la investigación del Pentágono, supervisada por el subsecretario de Defensa para Seguridad Tecnológica Internacional, Jack Shaw, con el explícito respaldo del secretario ministro de Defensa, Donald Rumsfeld.
La última revelación indica que un funcionario de carrera de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), el experto en Irán Larry Franklin, filtró información altamente reservada que terminó en manos del gobierno israelí.
Esos documentos, incluido el borrador de un documento oficial sobre la política estadounidense hacia Irán, fueron entregados por Franklin a dos altos miembros del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos (AIPAC), uno de los principales grupos de presión del país.
Uno de esos dirigentes remitió, supuestamente, el material a la Embajada de Israel.
Franklin, quien trabajó en una oficina oficial creada por Feith en 2001 para recopilar información que apoyara los argumentos para invadir Iraq, no realizó comentarios sobre la acusación. Mientras, Israel y AIPAC la negaron y aseguraron cooperar plenamente con el FBI en su investigación.
La oficina para la que trabajó Franklin tenía estrechos vínculos con el Congreso Nacional Iraquí, liderado por el hoy caído en desgracia Ahmad Chalabi, y con el jefe del equipo del vicepresidente Dick Cheney, I. Lewis Libby.
El grupo de Franklin actuaba con una autonomía casi total, y sus informes no contaban con el aval de los analistas profesionales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la DIA ni del Buró del Departamento de Estado para Investigación de Inteligencia (INR).
La oficina de Feith también ha presionado dentro del gobierno para endurecer el conflicto con Siria.
En diciembre de 2001, Franklin y Harold Rhode, quien se autodenominó alguna vez como el principal asesor en asuntos islámicos de Wolfowitz, se reunieron en Europa con un traficante de armas iraní, Manichur Ghorbanifar, quien estuvo involucrado a fines de los años 70 y 80 en una oscura entrega de armas a Irán que permitió la liberación de los estadounidenses entonces rehenes en Teherán.
El promotor de las últimas reuniones, las que aparentemente provocaron la investigación del FBI, es Michael Ledeen, un prominente neoconservador que participa en una de las principales instituciones académicas del sector, el American Enterprise Institute.
La pesquisa oficial de esos contactos se aceleró en los últimos meses, cuando se conocieron las versiones según las cuales Chalabi, un protegido de los neoconservadores, había suministrado información delicada a Irán.
