Hace más de 10 años que los paupérrimos residentes de Colonia Chilpancingo, un asentamiento irregular al este de la ciudad mexicana de Tijuana, viven bajo la maldición de Metales y Derivados, una tóxica fundición de plomo abandonada de la que nadie se hacía responsable.
La población infantil de Chilpancingo, al noroeste de México y cerca de la frontera con Estados Unidos, es envenenada lentamente por el plomo o segada por graves defectos congénitos que incluyen la anencefalia (ausencia de cerebro).
Metales y Derivados está a unos 130 metros del asentamiento, donde viven 10.000 personas, y contiene casi 24.000 toneladas de desechos tóxicos, entre ellos 7.000 toneladas de escoria de plomo.
En 2002, un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) confirmó que la ex fundición era una grave amenaza para la salud de los pobladores de Chilpancingo.
La CCA debe controlar los problemas ambientales derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) entre Canadá, Estados Unidos y México.
Pero nada se hizo para resolver el problema hasta este año, cuando el programa intergubernamental estadounidense-mexicano Frontera 2012 comenzó a financiar la limpieza integral del sitio, que se prevé completar en 2009.
"Gracias en parte al programa 2012, la limpieza comenzó, tras diez años de esfuerzos para lograr acciones concretas", dijo a Tierramérica la activista Amelia Simpson, directora de la no gubernamental Campaña por Justicia Ambiental Fronteriza, con sede en la sudoccidental ciudad estadounidense de San Diego.
"La comunidad realmente se ha beneficiado con la oportunidad de participar en decisiones sobre el proyecto", opinó.
Una de las ventajas de Frontera 2012 en relación con anteriores programas binacionales es la participación de naciones indígenas, opinó el activista Carlos Rincón, director del proyecto para México de Defensa Ambiental, con sede en la sureña ciudad estadounidense de El Paso.
El programa se creó en septiembre de 2002 para lograr en diez años mayor limpieza del aire y el agua en la región fronteriza, ocuparse de desechos peligrosos y afrontar numerosas cuestiones sanitarias que afectan a comunidades del área debido a degradación ambiental, especialmente enfermedades respiratorias y transmitidas por el agua.
Hasta la fecha, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés), ha aportado unos 475 millones de dólares a más de 50 proyectos relacionados con agua potable y saneamiento para unos 6,5 millones de residentes en la región fronteriza.
A fines de junio, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para evaluar la pureza del aire en el área, y la EPA asignó hasta 13 millones de dólares a la limpieza de una planta de tratamiento de aguas servidas en la noroccidental ciudad mexicana de Mexicali.
Frontera 2012 "es un programa pequeño, pero puede lograr grandes cosas", afirmó Nancy Woo, funcionaria de la EPA que trabaja sobre todo en proyectos desarrollados en los estados de California y Arizona, sur de Estados Unidos.
"Todos los problemas están estrechamente vinculados con cuestiones socioeconómicas y con el enorme crecimiento demográfico en la región. No es fácil poner al día la infraestructura ambiental", comentó.
Según Woo, las prioridades de Frontera 2012 son las cuencas compartidas por Estados Unidos y México, como la del río Grande, y las áreas con mayor contaminación atmosférica, como las de las ciudades de Mexicali e Imperial, separadas por la frontera.
El área de la que se ocupa el programa abarca hasta unos 100 kilómetros a cada lado de la línea fronteriza, que recorre más de tres mil 100 kilómetros entre el Golfo de México y el océano Pacífico. En los últimos 20 años, la población de esa región ha crecido en forma acelerada hasta llegar a los actuales más de 12 millones de personas.
Gran parte de ese crecimiento fue urbano. De 1990 a 2000, la población de la mexicana Ciudad Juárez, vecina de El Paso, aumentó 50 por ciento, especialmente por el boom de las maquiladoras, fábricas en zona franca orientadas a la exportación, que en importante medida representan el traslado de actividades de Estados Unidos a México.
Ese fenómeno superó la capacidad de los servicios de suministro de agua potable, saneamiento y tratamiento de residuos sólidos.
Pero algunos activistas creen que Frontera 2012 tiene recursos demasiado pequeños para sus desafíos.
"Cuando el Tlcan entró en vigor (en 1994), los activistas obligaron a los gobernantes a admitir que iba a crear problemas ambientales en la frontera", apuntó Talli Nauman, del Programa de las Américas del Centro Interhemisférico de Recursos, con sede en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.
"En aquel momento, convencieron al Congreso estadounidense de destinar 15 millones de dólares anuales al Programa Frontera 21, predecesor de Frontera 2012. Pero ahora que el Tlcan se ha vuelto una realidad cotidiana, los legisladores sólo asignaron tres millones anuales a Frontera 2012", destacó.
"A menos que el programa reciba más fondos y los use con criterio estratégico, el desarrollo sustentable seguirá siendo un principio, y no una realidad, y las medidas de limpieza y prevención serán insuficientes para la creciente demanda", pronosticó Nauman.
