La Justicia se convierte en un actor importante para la economía de Brasil en estos días, con el Supremo Tribunal Federal (STF) fallando en varios litigios que pueden agravar la deuda pública y afectar el optimismo generado por la recuperación económica.
En la noche del miércoles el STF, la máxima instancia judicial, emitió un fallo considerando constitucional el cobro de contribuciones previsionales a los funcionarios públicos jubilados, lo que dio alivio al gobierno.
La medida hace parte de la reforma del sistema previsional aprobada el año pasado, que fijó la contribución en 11 por ciento de las pensiones. El triunfo del Poder Ejecutivo, por siete votos contra cuatro en el tribunal, fue limitado. Los jueces decidieron que sólo serán gravados los funcionarios jubilados que ganen mas de 2.508 reales (835 dólares), el doble del piso pretendido por el gobierno.
De todas formas, el Estado se asegura así un ingreso de casi 1.000 millones de reales (330 millones de dólares) al año que aminora el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones, principal factor del desequilibrio presupuestario.
Un día antes, la decisión preliminar de un juez del STF, Carlos Ayres Britto, casi impide la licitación de áreas de exploración petrolera, al vedar la participación de empresas extranjeras y modificar reglas definidas por una ley de 1997 que puso fin al monopolio estatal del petróleo en Brasil.
La anulación de la medida de Ayres Britto por parte del presidente del STF, Nelson Jobim, en la madrugada del martes, permitió efectuar la licitación, por la cual la Agencia Nacional del Petróleo recaudó 222 millones de dólares y las 18 empresas que adquirieron concesiones prometieron invertir por lo menos 666 millones de dólares en los siguientes dos años.
En los próximos días, el STF deberá fallar en dos casos que involucran miles de millones de dólares. Varig, tradicional compañía aérea brasileña con vuelos a todos los continentes, reclama del gobierno una indemnización de 1.500 millones de dólares.
Se trata de presuntas pérdidas sufridas por la aerolínea entre 1986 y 1993, debido a la fijación de precios de los pasajes aéreos por parte del gobierno, en un esfuerzo por combatir la elevada inflación de esos años. Pero los precios eran inferiores a los costos operativos, argumenta la compañía.
El segundo proceso que aguarda al máximo tribunal es aun más oneroso. Las empresas exportadoras reclaman en la justicia créditos tributarios, referentes a insumos gravados en la cadena de producción, que ascenderían a 7.000 millones de dólares al año, y que podrían multiplicarse si una decisión del STF los aplica a varios años.
Hay otros varios "esqueletos" pendientes de decisiones judiciales o procesos administrativos. Las autoridades financieras estiman en 195.000 millones de reales (65.000 millones de dólares) el total de ese pasivo acumulado en años o décadas anteriores.
Son cuestiones preocupantes, pero que el gobierno puede enfrentar "con tranquilidad", aseguró a IPS Bolivar Pego Filho, experto del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués), órgano del Ministerio de Planificación.
La situación macroeconómica del país es favorable, con la aprobación del propio Fondo Monetario Internacional, y los procesos judiciales son lentos y en general sus decisiones finales fijan sumas menores a las previstas, argumentó.
Los "riesgos fiscales" están previstos en el presupuesto, cumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2000, que obliga a estimar ingresos para cubrir posibles gastos, como los resultantes de fallos judiciales negativos, sostuvo.
Además, el Estado brasileño dispone también de activos abultados, que aún son poco conocidos, pero que en una estimación "pesimista" suman por lo menos 100.000 millones de reales (33.000 millones de dólares), acotó.
El de los activos estatales es un rubro que el IPEA apenas empieza a estudiar y que puede mejorar las cuentas públicas, insuflando mayor confianza a la economía brasileña, señaló el investigador que se ha dedicado a estos temas últimamente.
A su juicio, el conocimiento y monitoreo de las finanzas públicas mejoró mucho en Brasil en los últimos años. Antes, "la inflación disfrazaba todo", incluso la deuda pública. A partir de 1994, el control del alza de precios mediante el Plan Real "forzó un ajuste de toda la economía".
Una mejor gestión de los recursos públicos exige un "largo proceso" de creación de instituciones adecuadas, para acompañar y dar transparencia a las cuentas, observó Pego Filho. Los avances en Brasil se lograron con la Secretaría del Tesoro, creada en 1986, un sistema de informaciones financieras, y con leyes como la de responsabilidad fiscal.
De todas formas, los pasivos contingentes merecen toda la atención, porque pueden convertirse en principal factor de aumento de la deuda pública, ahora que el tipo de cambio está relativamente estable y las tasas básicas de interés presentan tendencia a la baja desde el año pasado, advirtió el especialista.
