Las audiencias preliminares al proceso militar contra acusados de terrorismo en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, se celebran desde este martes en un marco de prejuicio diseñado para condenar, advirtió un experto.
Varios factores dan origen un peculiar sistema legal sesgado en perjuicio de los acusados, dijo Michael Ratner, presidente del estadounidense Centro de Derechos Constitucionales (CCR).
Entre esos factores, el experto mencionó la falta de confidencialidad en el diálogo entre defensor y acusado, la inexistencia de apelación, los testimonios reservados y los dos años y medio que muchos detenidos llevan en Guantánamo sin acceso a abogado
Entre los cuatro sospechosos conducidos este martes ante el tribunal figura un contador acusado de trabajar para la red terrorista Al Qaeda, un poeta al que se imputa la redacción de propaganda terrorista, y Salim Ahmed Hamdan, el supuesto chofer del líder de la organización, Osama bin Laden.
El cuarto acusado es David Hicks, un ciudadano australiano simpatizante de Talibán, el movimiento islámico que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001 y que combatió contra las fuerzas estadounidenses que atacaron el país en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Hicks afronta una extensa lista de acusaciones, entre ellas conspiración para cometer crímenes de guerra, asistencia al enemigo e intento de asesinato por disparar contra fuerzas de la coalición invasora en Afganistán.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en Derecho han calificado las audiencias de injustas, pues, aseguraron, violan las normas del debido proceso vigentes para tribunales tanto civiles como militares.
Este tipo de procedimientos marciales no se aplican desde el fin de la segunda guerra mundial.
En las audiencias, los magistrados pronuncian las acusaciones contra los detenidos, les dan la oportunidad de formular un alegato en su defensa y a los abogados la posibilidad de presentar mociones.
Varios de los acusados no fueron detenidos en el campo de batalla, y, por lo tanto, deberían ser procesados en una corte marcial, según algunos expertos.
En ese caso, el prisionero de guerra es juzgado con el mismo procedimiento por el cual se juzgaría a un soldado estadounidense, dijo Ratner, quien representó a varios de los detenidos en audiencias ante la Corte Suprema de Justicia en Washington.
Además de los mecanismos sesgados aplicados en las audiencias, los jueces fueron todos designados a dedo, advirtió Ratner.
El Departamento (ministerio) de Defensa argumentó que los detenidos capturados en Afganistán eran combatientes irregulares y, por lo tanto, no calificaban para cortes marciales y ni estaban amparados por las Convenciones de Ginebra.
Estas convenciones son las que regulan el derecho internacional humanitario, que incluye el trato que debe depararse a los prisioneros de guerra. Según el gobierno estadounidense, los detenidos en Guantánamo no tienen ese carácter.
En una corte marcial, se les reconoce a los acusados derechos y mecanismos de protección como la capacidad de apelar una sentencia o decisión judicial ante un tribunal civil.
Pero esos procedimientos no son admitidos en los tribunales militares establecidos especialmente en Guantánamo.
Los desarrollados en cortes marciales son procesos razonablemente justos, en los que se puede desestimar evidencia coaccionada y cuyas decisiones pueden ser apeladas ante un tribunal penal civil, explicó Ratner.
Los fiscales pueden usar la evidencia recopilada a lo largo de dos años y medio, a pesar de que en ese lapso los detenidos no tuvieron contacto con abogados, sostuvo el jurista. Estuvieron dos años y medio sin abogado, por lo que, por definición el testimonio es coaccionado, afirmó.
Rumores y declaraciones de otros detenidos o informantes también pueden ser utilizados en las audiencias. Por otra parte, el gobierno se ha atribuido el derecho a grabar conversaciones entre los abogados y sus clientes.
El gobierno de George W. Bush sostuvo que estos tribunales constituyen un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y del debido proceso.
Las autoridades han manifestado en reiteradas ocasiones que las audiencias incorporan muchos elementos del sistema legal civil estadounidense, según el cual los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no pueden ser obligados a brindar testimonio.
El sistema también indica que la culpa debe ser establecida más allá de cualquier duda razonable.
El 28 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que los combatientes enemigos extranjeros detenidos en Guantánamo tienen derecho a presentarse ante un tribunal para afirmar que nunca debieron haber sido detenidos.
El tribunal reconoció, por ocho votos contra uno, plenos derechos procesales a los estadounidenses detenidos como combatientes enemigos, incluido el derecho a la asistencia de un abogado.
Y en un fallo separado, por seis votos a tres, la Corte Suprema admitió que los extranjeros tienen derecho a reclamar por su situación ante un tribunal federal estadounidense.
Ambas sentencias rechazan la facultad que se atribuyó el presidente Bush, en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, a detener por tiempo indefinido a combatientes enemigos sin acusación, y a negarles acceso a abogado y hasta la posibilidad de reclamar ante la justicia.
Memorandos internos del gobierno publicados como consecuencia del escándalo muestran que, según funcionarios políticos de los departamentos (ministerios) de Justicia y Defensa (Pentágono) y de la Casa Blanca, el presidente disfrutaba de poderes virtualmente ilimitados para mantener a los detenidos indefinidamente.
Según esos documentos internos del gobierno, el presidente no tenía por qué garantizar a los detenidos la protección de las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados.
Los memorandos indicaban que los detenidos también podrían ser interrogados con técnicas prohibidas por leyes estadounidenses y de convenciones internacionales, como las de Ginebra y la de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Estos documentos causaron malestar en organizaciones de derechos humanos y en la comunidad de abogados de Estados Unidos, que calificaron su contenido de improcedente e inconstitucional, en especial en tiempos de guerra.
Tras revisar 100 años de historia del control estadounidense sobre la base de Guantánamo, el tribunal rechazó el argumento del gobierno según el cual el enclave estaba fuera de la jurisdicción judicial estadounidense.
Gran parte de las audiencias en Guantánamo serán secretas.
