– La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) se negó a recibir fondos gubernamentales de un programa que prohíbe la contratación de sospechosos de terrorismo incluidos en una lista negra oficial.
La Campaña Federal Combinada (CFC) es un plan anual del gobierno por el cual los empleados federales y militares recolectan fondos en sus lugares de trabajo para más de 2.000 organizaciones caritativas.
Las organizaciones de la sociedad civil que aspiren a obtener fondos de esa campaña deben firmar un acuerdo en el que se comprometen, entre otras cosas, a no contratar a personas que figuren en la lista antiterrorista.
ACLU, ferviente opositora a la Ley Patriótica y a otras medidas del gobierno de George W. Bush en su lucha contra el terrorismo, fue acusada de hipócrita al sumarse al plan, por el cual esperaba recibir 500.000 dólares este año.
El director de ACLU, Anthnoy Romero, suscribió el acuerdo asegurando que en el futuro no emplearía a nadie que figure en la lista.
Sin embargo, asumió la interpretación de que de todas formas no está obligado a constatar si sus actuales empleados están incluidos ni a estar atento a las actualizaciones de la nómina.
La ACLU, fundada en 1920, es la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos aún en actividad. Su papel en la campaña por el sufragio femenino a comienzos de siglo fue clave, así como su participación en la lucha contra el racismo en los años 60.
La directora operativa de la CFC, Mara Patermaster, señaló en julio, en un artículo publicado por el diario The New York Times, que ignorar la información de la lista era inaceptable y que Romero estaba violando el acuerdo.
Esperamos que las organizaciones tengan una respuesta afirmativa para dejar en claro que no apoyan actividades terroristas. Esto incluye específicamente consultar la lista. Firmar un certificado sin corroborar la nómina sería un acuerdo falso, afirmó..
Más tarde, Romero envió una carta a Patermaster señalando que la Ley Patriótica y la guerra antiterrorista del gobierno de Bush están amenazando la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses para hacer su trabajo.
La junta de directores de ACLU debatió el acuerdo en una reunión realizada el 9 de julio en San Francisco. Allí se rechazó una moción para abandonar el plan de la CFC.
Según algunas versiones de prensa, esa reunión de la ACLU fue muy tensa, al punto de que algunos reaccionaron con ira por el rechazo a la moción. Pero portavoces de la organización lo negaron.
Esto es hacer una montaña de una madriguera de topo, dijo una fuente de ACLU a IPS.
El acuerdo con la CFC no fue el principal asunto de la reunión y fue exagerado por los medios de prensa, añadió.
ACLU es financiada por contribuciones anuales de sus miembros y por donaciones de fundaciones privadas. Su presupuesto en 2002 fue de 102 millones de dólares.
En los últimos meses, la organización se opuso a la elaboración de la lista de sospechosos de terrorismo y a la creación de la Autoridad de Seguridad en el Transporte, que advierte a las aerolíneas sobre personas que podrían constituir una amenaza para la aviación.
ACLU señaló que estas listas violan derechos civiles fundamentales y presentó una demanda contra el gobierno en nombre de varias personas, entre ellas un sargento de la Fuerza Aérea y un pastor presbiteriano, que habían sido incluidos en las nóminas.
Finalmente, la semana pasada ACLU decidió abandonar la campaña de la CFC, condenando lo que llama la lista negra del gobierno.
Descubrimos que estas listas contienen gruesos errores y no les permiten a las personas corregir la información. Si una organización descubre que uno de sus empleados está en la lista, le hará preguntas que violarán sus derechos de privacidad y de asociación sindical, señaló Romero en la carta enviada a Patermaster.
Actuamos no sólo en nuestro nombre, sino en nombre de los intereses de toda la nación. Nos estamos defendiendo del procurador general John Aschroft y de todo el gobierno, que viola la Constitución en nombre de la seguridad nacional, añadió Romero.
Patermaster luego advirtió que la renuncia de ACLU al programa, luego de haberse comprometido a participar de él, era un motivo suficiente para excluir a esa organización de las campañas en forma permanente.
