Un grupo de soldados ruandeses bailan y aplauden. Con sus rifles AK-47 cruzados sobre el torso, los 150 hombres con cascos verdes de la Unión Africana esperan para escuchar un discurso de su presidente, Paul Kagame, antes de ser transportados a la atribulada región sudanesa de Darfur.
En esa provincia occidental, los soldados ruandeses protegerán a 118 observadores militares desarmados de la Unión Africana, que vigilarán una frágil tregua de cuatro meses entre el gobierno sudanés y los rebeldes del Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad. Ningún funcionario de Jartum fue a recibirlos.
Organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios afirman que la tregua ha sido en gran medida ignorada por las milicias árabes progubernamentales conocidas como Janjaweed (hombres a caballo), acusadas de perpetrar una campaña de terror contra tres tribus negras que presuntamente apoyan a los rebeldes.
El grupo estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch acusó al gobierno islámico de Omar Hasan Al Bashir de no desarmar a los paramilitares que asolan a las comunidades africanas de Darfur y de incluir a algunos miembros de esos grupos paramilitares en la policía y en el ejército.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros. Ambas comunidades étnicas comparten la fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed.
Desde el inicio de la crisis, unos 30.000 musulmanes negros fueron asesinados y más de 1,3 millones debieron abandonar sus hogares por el asedio de las milicias árabes Janjaweed, que cuentan, según la mayoría de los observadores, con el apoyo de Jartum. Cientos de miles de personas debieron refugiarse en el vecino Chad.
Los soldados ruandeses fueron los primeros que llegaron a Sudán desde que organizaciones humanitarias y de derechos humanos comenzaron a presionar a la comunidad internacional para que desplegara fuerzas de paz en Darfur y frenar lo que algunas llamaron genocidio.
Antes de la partida de los soldados de Ruanda, el pasado fin de semana, el presidente Kagame señaló que el mandato de las tropas incluiría el uso de la fuerza, si era necesario, para proteger a la población civil.
No tiene sentido proteger a esos observadores de la tregua y a la vez ignorar a la población y dejarla morir, dijo el mandatario ruandés a la prensa.
Mientras los soldados ruandeses desembarcaban en el aeropuerto de Al Fashir, se reportaban violaciones al cese del fuego. Jan Pronk, enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Sudán, reconoció esta semana que los milicianos Janjaweed ignoraban las instrucciones oficiales de poner fin a los ataques.
Pero en Jartum, el canciller sudanés Mustafá Osman Ismail insistió en que la función de los soldados de la Unión Africana, entre ellos un contingente de 150 hombres de Nigeria, se limitará a la custodia de los observadores militares.
La advertencia resulta impactante para las fuerzas de Ruanda, que en 1994 experimentó el genocidio de hasta un millón de tutsis y hutus moderados, bajo las narices de una fuerza de paz de la ONU que carecía de un mandato claro para intervenir e impedir la matanza.
El recelo del gobierno de Sudán hacia las tropas de Ruanda se reflejó en la forma de bienvenida, o mejor dicho, en la ausencia de bienvenida. Ningún oficial militar estuvo presente en el aeropuerto de Al Fashir para recibir a los soldados ruandeses.
La Unión Africana expresó su voluntad de enviar 2.500 soldados a Darfur. La semana pasada, el presidente de Nigeria y del bloque regional, Olusegun Obasanjo, exhortó a Sudán a permitir el despliegue de más tropas, y advirtió que la negativa de Jartum podría provocar la intervención de tropas occidentales.
Una resolución del 30 de julio del Consejo de Seguridad de la ONU dio al gobierno de Sudán un mes de plazo para mejorar la seguridad en Darfur y asegurar el respeto de los derechos humanos y el acceso de la ayuda humanitaria, bajo la amenaza de sanciones económicas y militares.
Al Bashir, el presidente sudanés, aseguró que su gobierno cumplirá con el plazo, pero el vicepresidente, Alí Osman Taha, dijo que las autoridades precisarían al menos tres meses para desarmar a los Janjaweed.
