Ser indígena kankuamo en Colombia es peligroso. En las últimas dos décadas 261 fueron asesinados, 92 de ellos (más de la tercera parte) en los dos años que lleva el gobierno de Alvaro Uribe. Expertos y líderes nativos ven móviles económicos en el exterminio.
El asesinato del líder kankuamo Freddy Arias el martes marcó un pico en la exasperación indígena y dio lugar a una grave acusación contra la dirigencia política y económica del departamento del Cesar, en el noreste del país.
Los kankuamos son un símbolo para los demás indígenas colombianos, pues su cultura se perdió casi totalmente y, 20 años atrás, volvió a renacer por decisión de la entonces joven generación de la etnia, que escuchó el llamado a la reconstrucción de los ancianos.
Freddy era hijo del mamo (chamán) Salomón Arias, líder histórico de los kankuamos y de su restitución cultural, dueño de la sabiduría de las plantas medicinales, asesinado en 2001 por paramilitares que lo torturaron y desfiguraron su rostro y su cuerpo.
Freddy era hermano de Jaime Arias, el cabildo mayor de los kankuamos, quien tiene desde el miércoles dos escoltas del Ministerio del Interior para protegerlo. Hasta ese día, la protección estatal se limitaba a un teléfono inalámbrico y un auto sin blindaje.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó en julio al gobierno colombiano a tomar medidas perentorias para salvaguardar la vida de estos líderes y de los kankuamos como etnia.
Freddy Arias era el coordinador de derechos humanos de la Organización Indígena Kankuama (OIK). Fue asesinado luego de haber salido en bicicleta de la Casa Indígena de Valledupar, capital del Cesar, por dos sicarios que se trasladaban en moto.
A mediados de julio, Freddy Arias había enumerado a viva voz en la Segunda Mesa Nacional de Paz y Derechos Humanos Indígenas los crímenes paramilitares contra su pueblo, frente al argentino Sergio Caramagna, jefe de la misión de la OEA, que acompaña la negociación gubernamental para desmovilizar a estos grupos, mayoritariamente confederados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Mesa consideró que los tratos del gobierno con las AUC no son un proceso de paz sino un acuerdo entre aliados que siempre han actuado en conjunto. Arias, como delegado de los kankuamos, impulsó la decisión de los indígenas de no apoyar este proceso, dijo a IPS Héctor Mondragón, experto indigenista asesor de la red Convergencia Campesina, Negra e Indígena.
El asesinato de Freddy Arias es una retaliación contra Freddy por la actuación destacadísima que tuvo en la Mesa, y también contra ese mismo ámbito, para castigar la posición indígena, opinó.
Varios líderes indígenas responsabilizan a las derechistas AUC del asesinato.
Este grupo armado ilegal responsable de 80 por ciento de las atrocidades que ocurren en Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice apoyar al Estado y colabora con la fuerza pública en su lucha contra la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgida hace 40 años.
En diciembre de 2002, las AUC anunciaron un cese de hostilidades violado en cientos de ocasiones. Desde mayo sus jefes están concentrados en Santa Fe del Ralito, en el septentrional departamento de Córdoba, santuario de 368 kilómetros cuadrados protegido por la fuerza pública.
Esos jefes, varios acusados de delitos de narcotráfico, manifestaron en un comunicado que harían la más rigurosa averiguación sobre si existe responsabilidad de sus hombres en la muerte de Arias.
Además, reiteraron su compromiso en el cumplimiento estricto del cese de hostilidades y renovaron su interés en reunirse con el liderazgo indígena, encuentro que estaba previsto para el miércoles y se canceló por el asesinato de Arias.
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, proveniente de una prestante familia de Valledupar, es el paramilitar que comanda acciones en la región kankuama. Se retiró de la negociación con el gobierno tras retener a un ex senador y acusarlo de narcotráfico. Es también el número dos del Bloque Norte de las AUC de Salvatore Mancuso, quien dirige el diálogo en Ralito.
Aun si las acusaciones sobre la muerte de Arias resultan ciertas, los paramilitares son sólo el instrumento, advirtió Mondragón.
El crimen es una respuesta, tanto de la oligarquía latifundista del Cesar, como de quienes tienen interés en los recursos hídricos de la Sierra Nevada de Santa Marta (hogar de los kankuamo), por el proceso que adelanta ese pueblo para recuperar su identidad indígena, sostuvo.
En la Sierra es donde nacen las fuentes de agua para las zonas bajas (de activa economía) y cualquier proyecto de privatización de las aguas o de construcción de una represa tiene que contar con los indígenas, dijo a IPS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La Constitución colombiana reconoce la autoridad indígena sobre los llamados resguardos, territorios delimitados en los que viven.
Pero quienes detentan el poder no quieren negociar y compartir, simplemente quieren desplazar a la gente para obtener mayores ganancias. La lógica de la guerra muestra que el trasfondo es económico, y se trata de eliminar todos los obstáculos para los intereses económicos, agregó.
Los asesinatos comienzan como una respuesta para evitar que los kankuamos desarrollaran (la restitución de su cultura), y se fueron volviendo más frecuentes a medida que el proceso se iba consolidando, dijo Mondragón.
La etnia pedía al Estado la creación de un resguardo en una fracción de sus antiguos territorios, lo que molestó a las elites del Cesar, según Mondragón.
El resguardo kankuamo, de 24.600 hectáreas, fue aprobado poco más de un año atrás. En 2003, el promedio de kankuamos asesinados fue de uno por semana. Unos 1.732 han sido desplazados de sus tierras.
Estos crímenes constituyen un etnocidio para un pueblo de algo más de 5.000 miembros, sostuvo la ONIC.
La gente ya está aceptando que esto es el fin, que no hay más que hacer, que tenemos que aceptar las reglas de la guerra y de la muerte, dijo Andrade.
Los indígenas están dispuestos a marchar a Santa Fe de Ralito para demandar a las AUC que digan con claridad por qué han asesinado a tantos indígenas, cuáles son las razones verdaderas para atentar contra el pueblo wayúu, que nos digan qué ha pasado con los wiwas, por qué se han ensañado en masacrarlos, por qué los tienen bloqueados por alimentos, dónde está Kimy Pernía Domicó, un chamán emberá desaparecido, proclamó.
Que nos respondan cuál va a ser el compromiso respecto a la reparación espiritual y material por las víctimas, que nos digan cuál va a ser su compromiso con la justicia, agregó.
Que nos digan por qué asesinan a Freddy, si ha sido un líder que no ha tenido que ver con las armas, agregó.
Que el Estado nos diga por qué tardó tanto en fortalecer la protección, sobre todo luego de que la Defensoría (del Pueblo, ombudsman) había emitido dos informes sobre el alto grado de vulnerabilidad de la sede (de la OIK) y de los líderes kankuamos, dijo.
Frente a la guerra, los pueblos indígenas acordaron fortalecer su autonomía y permanecer en resistencia frente a todo acto de muerte que ponga en peligro el futuro de los pueblos indígenas y del pueblo colombiano, decisión que rechazan tanto el presidente Uribe como la guerrilla izquierdista.
Si bien algunos indígenas entraron a los grupos armados, esa no es la posición general de los pueblos indígenas. No se puede estigmatizar, sostuvo Andrade.
También pidió que la OEA (Organización de Estados Americanos) aclare por qué (los paramilitares) están cometiendo estas atrocidades.
El líder indígena sostuvo que hasta el momento no hay una sola persona condenada. Si el asesinado fuera una persona de alto nivel económico, seguramente ya se habrían tomado decisiones, pero como los indígenas son considerados por muchos como un obstáculo para el desarrollo, las investigaciones no prosperan, concluyó.
