Los uruguayos acudirán a las urnas en octubre para elegir a su próximo presidente, pero también para pronunciarse sobre una propuesta de reforma de la Constitución que pretende garantizar el control social de los recursos hídricos del país.
El proyecto fue presentado, con respaldo de unas 300.000 firmas, por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por varios grupos de la sociedad civil, y será plebiscitado junto con la primera vuelta de las elecciones.
Se trata de la primera iniciativa popular en América Latina para establecer el dominio público del agua en la ley fundamental.
De obtener la aprobación de la mitad más uno de los votantes, el proyecto modificará tres artículos de la Constitución, en la que pasará a constar que "el agua es un recurso natural esencial para la vida" y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento "constituyen derechos humanos fundamentales".
Esto es una respuesta al concepto del agua como mercancía, manejado en negociaciones para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas y en la Organización Mundial del Comercio.
La reforma establece que los recursos hídricos del territorio uruguayo forman parte del dominio público, y que por eso su gestión debe ser "sustentable y solidaria con las generaciones futuras", al tiempo que su prestación "deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico".
Según el proyecto, los servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano deben ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales", y la entrada en vigencia de la reforma cancelaría, por lo tanto, todas las concesiones en la materia a firmas privadas.
En esos casos, no habría "indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas", de acuerdo con el texto que va a plebiscitarse.
Las principales perjudicadas serían las compañías de capital español Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios de agua potable en el sudoriental departamento de Maldonado.
"Esto significa que la gestión del agua no la puede tener una empresa privada. El control debe estar en manos del Estado ", explicó a IPS María Selva Ortiz, integrante de la Comisión y de la organización no gubernamental ambientalista Redes-Amigos de la Tierra.
"El servicio público de abastecimiento también puede estar controlado por una intendencia (municipalidad), que puede licitar obras. El asunto es que siempre se encargue de la gestión", añadió.
La iniciativa de reforma se transformó de inmediato en uno de los temas más debatidos en la campaña electoral
El candidato presidencial del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, Tabaré Vázquez, favorito en las encuestas, apoyó la iniciativa.
De todos modos, el senador y dirigente frenteamplista Danilo Astori, a quien Vázquez ha señalado como su futuro ministro de Economía, se esforzó por llevar tranquilidad a las empresas españolas en una reciente visita de ambos a Europa.
También apoyó la reforma el senador Jorge Larrañaga, candidato del centroderechista Partido Nacional, a pesar de que otros sectores de esa fuerza política la rechazaron por considerar que "ahuyentará a las inversiones".
Ahora, los dirgentes del Partido Nacional negocian con los del gobernante Partido Colorado y el centrista Partido Independiente un proyecto alternativo.
El presidente Jorge Batlle sostuvo que la propuesta de reforma es "un disparate", y que todos sus artículos le harían al país "un daño económico, un daño financiero y un daño de confianza".
La Cámara Mercantil de Productos del País alegó que la aprobación de esa iniciativa dejaría "en total incertidumbre" los derechos de las empresas que comercializan y exportan agua extraída de manantiales, y "hasta habilitaría una expropiación, al mejor estilo de otros regímenes estatales totalitarios".
Pero Ortiz aclaró a IPS que los cambios no afectarán a las empresas embotelladoras de agua, a las fábricas de refrescos ni a los establecimientos turísticos con aguas termales, que no son abastecidos por la empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE) sino que extraen por sí mismas agua subterránea, o de ríos, manantiales y arroyos.
Esas firmas extraen agua con el permiso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y seguirán operando así mientras no haya una "sobreexplotación" que amenace las existencias del recurso hídrico, dijo a IPS el geógrafo Marcel Achkar, también de la Comisión.
Gran parte del agua potable del planeta ha quedado en los últimos años bajo control de grandes corporaciones, y se calcula que en algunos años unas pocas compañías controlarán casi 75 por ciento del líquido empleado para consumo humano, pues cada vez más gobiernos privatizan la gestión de recursos naturales.
Las principales firmas concesionarias son las francesas Vivendi-Générale des Eaux y Suez-Lyonnaise des Eaux, que controlan 40 por ciento del mercado y brindan servicios a unas 110 millones de personas en más de 100 países.
El principal argumento de los gobiernos para transferir al sector privado la distribución de agua potable y las obras de saneamiento es que de esa manera mejora el servicio. Pero eso no ocurrió en muchos países del Sur en desarrollo, como Uruguay.
Aguas de la Costa pertenece a la española Aguas de Barcelona, que a su vez es filial de Suez-Lyonnaise des Eaux.
Desde que la firma se instaló en 1992 en el departamento de Maldonado, donde abastece ahora a casi 2.500 conexiones, atendidas con apenas 12 trabajadores, las tarifas pasaron a ser siete veces más altas que en el resto del país.
"Aguas de la Costa ha secado la (sudoriental) Laguna Blanca, ha aumentado las tarifas y no ha hecho obras de saneamiento. No queremos que la situación de Maldonado se traslade al resto del país", arguyó Ortiz.
Uragua, propiedad de las firmas españolas Cartera Uno, Ibredola y Aguas de Bilbao, atiende el suministro de agua potable de las sudorientales ciudades de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis.
En enero de 2002, en plena temporada turística, OSE recomendó a la población de Maldonado que hirviera el agua distribuida por esa firma española antes de ingerirla, pues se habían detectado en ella colibacilos fecales
La privatización del agua ha generado gran rechazo en algunos países de América Latina, y las multinacionales sufrieron algunos reveses.
En 1997, la población de la septentrional provincia argentina de Tucumán organizó un movimiento de "desobediencia civil" y se negó a pagar las tarifas a una filial de Vivendi que había obtenido la concesión de los servicios de agua y de alcantarillado cuatro años antes.
Esa protesta estalló luego de que los precios del servicio aumentaron en promedio 104 por ciento, y de que el gobierno provincial detectó elementos contaminantes en el agua corriente. La compañía finalmente se retiró sin cumplir con obligaciones pendientes.
En 2000, movimientos civiles de la central Región VIII de Chile organizaron una consulta ciudadana sobre la eventual privatización de la empresa estatal Essbio. El resultado fue abrumador: 99,1 por ciento de los consultados rechazó la venta de esa compañía.
No obstante, el gobierno del presidente Ricardo Lagos, arguyendo la "necesidad de financiamiento para planes de inversión", privatizó la empresa, que pasó a manos de la británica Thames Water.
Uruguay se distingue en América Latina por el mayoritario rechazo de sus habitantes a las privatizaciones. En 1992, un referendo derogó con más de 70 por ciento de los votos los principales artículos de la llamada Ley de Empresas Públicas, en especial los referidos a la privatización de la telefonía.
