El tráfico de diamantes que alimentó la guerra civil en Sierra Leona se detuvo en los aeropuertos, pero continúa en las porosas fronteras terrestres.
El proceso que afrontan desde este lunes miembros del Frente Revolucionario Unido (RUF) por atrocidades cometidas durante el conflicto es un recordatorio al mundo sobre el costo en vidas del comercio ilegal de diamantes en este país de Africa occidental.
El comisionado general de la Autoridad Nacional de Ingresos, Johm Karimu, considera que el gobierno logró poner fin al tráfico ilegal, en parte gracias a la introducción del Esquema de Certificación del denominado Proceso de Kimberly tras el fin de la guerra civil en enero de 2002.
El Proceso de Kimberly fue creado en 2000 en la ciudad minera sudafricana del mismo nombre. Representantes de países diamantíferos decidieron allí regular el comercio de gemas, cuyo tráfico ilegal financiaba guerras civiles.
Las regulaciones de Kimberly obligaban a los comerciantes a acompañar cada gema en bruto con certificados de origen. Además, se exhortaba a los compradores a rechazar las piedras que carecieran de la documentación requerida.
El sistema delineado permite rastrear todo diamante desde las minas hasta el establecimiento donde se vendía al comprador final.
Karimu indicó que ha aumentado sustancialmente la cantidad de diamantes exportados legalmente desde Sierra Leona, en parte por el Proceso de Kimberly y también por la reducción del arancel a la exportación de 15 a tres por ciento.
En el primer trimestre de este año se exportaron legalmente unos 40 millones de dólares de diamantes, según estadísticas oficiales. Se prevé que en todo el año se vendan 100 millones, 24 millones más que en 2003.
Pero el contrabando aún representa 40 por ciento de los diamantes traficados fuera del territorio del país, según admitió el propio Karimu sobre la base de informes de inteligencia.
Según esos informes, la salida ilegal de diamantes se detuvo en los aeropuertos internacionales, pero no a través de las fronteras. Este pequeño país tiene límites con Guinea y con Liberia.
El gobierno ha apostado funcionarios para el control en las minas encargados de rastrear a los traficantes y detener sus actividades, pero muchos delincuentes continúan operando como si nada.
Algunos de estos funcionarios tienen poca o nula experiencia en comercio diamantífero, y todos ellos recibieron un entrenamiento que deja mucho que desear, según expertos y activistas.
Son personas pobres, simpatizantes del partido de gobierno a quienes se recompensa su lealtad con un empleo, dijo el activista Aiah Fomba, del Movimiento de Jóvenes Comprometidos del distrito diamantífero de Kono, al este de Freetown.
Vemos el tráfico de diamantes todos los días. Los funcionarios de control son pobres y pueden ser sobornados, como sucede con frecuencia, agregó Fomba.
Mientras, el portavoz del Ministerio de Recursos Minerales Abdul Sanu dijo a IPS que las autoridades estaban rindiendo lo mejor posible en el combate al tráfico ilegal dadas las adversas condiciones.
Los vigilantes rastrean a los contrabandistas lo mejor que pueden. Están mal equipados y mal pagados, y sin incentivos no puede esperarse que tengan un rendimiento excelente, agregó Sanu.
Funcionarios entrevistados por IPS en las minas coincidieron con Sanu. Uno de ellos dijo que ganaba menos de cien dólares mensuales para rastrear traficantes que llevan millones de dólares en diamantes.
Ni siquiera nos dan vehículos u otros equipos logísticos, añadió.
En un esfuerzo por incentivar a los vigilantes, el gobierno decidió pagarles un porcentaje del valor de los diamantes cuyo tráfico impidan, y planifica elevar los salarios.
Mientras, circulan versiones sobre el apoyo que brindan poderosos funcionarios a los traficantes.
Durante la guerra civil de los años 90, el RUF, que solía amputar los miembros de los civiles en las zonas bajo su control, administraba las regiones diamantíferas al este y el sur de Sierra Leona, fronterizas con Liberia.
El hoy ex presidente de ese país, Charles Taylor, le brindó apoyo a los insurgentes a cambio de diamantes. El tribunal para crímenes de guerra en Sierra Leona también acusó a Taylor, a quien consideran el principal responsable de la sangrienta guerra civil.
Las autoridades de Nigeria, donde Taylor está asilado, no parecen dispuestas a extraditarlo, pero la justicia analizará su situación tras una denuncia de dos nigerianos que acusan al RUF de torturarlos. (
