Israel no está obligado a demoler el ”muro de seguridad” alrededor de Cisjordania, pero el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en ese sentido marca un gran triunfo moral y diplomático para los palestinos.
La sentencia no es vinculante, pues se trata, oficialmente, de una ”opinión consultiva” ofrecida por el tribunal a solicitud de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De hecho, funcionarios israelíes declararon que el fallo podría encontrar su ruta ”a la lata de basura de la historia”.
De todos modos, la sentencia debilita política, diplomática y moralmente las posiciones de Israel y Estados Unidos sobre la paz en Medio Oriente.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia constituye un significativo retroceso de Washington en el mundo árabe. El único de los 15 jueces del tribunal que votó contra la sentencia fue Thomas Buergenthal, un estadounidense.
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El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, se apresuró a afirmar que el de La Haya no era el ”foro apropiado” para resolver el asunto. Las autoridades de Gran Bretaña coincidieron con esa opinión.
El ministro de Justicia israelí Yosef Lapid dijo a la Radio del Ejército de su país que el tribunal internacional estaba compuesto mayoritariamente de jueces ”de la Unión Europea” (UE) que no estaban ”particularmente predispuestos en favor de Israel”.
Esta declaración sólo dan mayor relieve al aislamiento internacional de Israel. La UE tiene una posición pública más inclinada hacia la causa palestina que Estados Unidos. Las donaciones del bloque son uno de los principales rubros del presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina.
Antes de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la Suprema Corte de Israel había emitido un fallo que corregía el trazado del muro al norte de Jerusalén, que dejaba a muchos palestinos entre la construcción y la frontera anterior a 1967.
Muchos otros quedaron sin acceso a sus puestos de trabajo en Jerusalén..
Pero nada más detendrá la construcción del muro de 684 kilómetros de longitud alrededor de Cisjordania, de los cuales restan 193. Israel asegura que su finalidad es impedir el ingreso de terroristas suicidas, y que ya ha tenido éxito en ese objetivo.
El presidente de la Corte Internacional de Justicia, el chino Shi Jiuyong, dijo que la obra ”sería equivalente a una anexión de facto”.
Además, ”la construcción, junto con otras medidas tomadas antes, impediría severamente el ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación”, agregó.
El tribunal en La Haya emitió su sentencia luego de cinco meses de deliberaciones. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó en diciembre una opinión consultiva.
El estadounidense juez Buergenthal coincidió con los otros 14, al menos, en que la Corte tenía facultades para emitir tal opinión consultiva.
El tribunal concluyó que ”la construcción del muro por parte de Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluso dentro y alrededor de Jerusalén oriental, (…) es contrario al derecho internacional”.
”Israel está obligado a terminar con sus violaciones del derecho internacional y de detener las obras de construcción del muro (…) y de desmantelar la estructura”, indica el fallo.
Además, Israel ”debe reparar todos los daños causados por la construcción del muro en territorio palestino ocupado, incluso dentro y alrededor de Jerusalén oriental”.
Estados Unidos e Israel rechazaron la jurisdicción de la Corte, pero no les será fácil rechazar sus razonamientos.
Para el tribunal, ”Israel no puede ampararse en el derecho a la autodefensa o al estado de necesidad para diluir la injusticia de la construcción del muro”.
La ilegalidad de las obras deriva de la Carta de la ONU y de ”los principios de prohibición de amenaza o de uso de la fuerza y de la ilegalidad de cualquier adquisición territorial por esos medios, como se refleja en el derecho internacional consuetudinario”.
La sentencia también cita el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocido por la Carta de la ONU y reafirmado por la resolución 2.625 del Consejo de Seguridad del foro mundial.
En consecuencia, ”todos los países están obligados a no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro”.
La Corte declaró que la ONU, en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ”deberán considerar qué acciones se requieren para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro”.
