La dominicana Rosa Polanco estaba hospitalizada por una infección hepática, cuando se le practicó sin su consentimiento un examen del virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida).
Pero lo peor para Polanco, de 34 años, no fue saber que tenía sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
En enero, mientras permanecía en el hospital, entró un médico bastante bruto y le dijo delante de sus dos hijas menores: Usted lo que tiene es sida, por no cuidarse, relató.
Polanco perdió su trabajo y fue expulsada de su hogar por su madre. Ahora vive en una choza de madera sin servicios sanitarios, electricidad ni agua potable, en una zona de la septentrional ciudad de Santiago que la población local conoce como La Parte Atrás.
Muchas personas viven en este tipo de vivienda en República Dominicana, pero Rosa vive ahí sólo porque es mujer y tiene VIH, dijo Marianne Mollmann, investigadora para la región de las Américas de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch (HRW).
La práctica rutinaria de exámenes de VIH obligatorios en los lugares de trabajo y los despidos consecuentes a quienes resulten seropositivos (portadores del virus) tienen como principal blanco a las mujeres en este país, afirma HRW.
Mollmann es la autora del informe Una prueba de desigualdad: Discriminación contra mujeres viviendo con VIH en la República Dominicana, presentado este martes por esa organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York.
De acuerdo con la especialista, tanto las mujeres como los hombres que viven con VIH sufren estigmatización y discriminación en la sociedad dominicana, debido a la ignorancia sobre la transmisión del virus y los mitos que rodean la infección.
Sin embargo, las mujeres sufren doblemente porque muchas veces se las culpa por haber introducido la infección a la pareja. Sus compañeros las abandonan, son víctimas de violencia y de maltratos en el sistema de salud y el empleo, aseguró Mollman a IPS en entrevista por correo electrónico.
Desgraciadamente, la historia de Polanco no es la única en República Dominicana. Es solo una de las más de 60 mujeres que relataron experiencias similares durante la investigación realizada a inicios de este año en varias ciudades de ese país caribeño.
Unas 61.000 mujeres dominicanas viven en la actualidad con VIH o sida, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida).
El estudio, realizado por Mollmann y Janet Walsh, subdirectora de la División de Derechos de las Mujeres de HRW, documenta un gran número de violaciones a los derechos de las mujeres con VIH/sida en la familia, el empleo y las instituciones sanitarias.
Estos abusos son responsabilidad del gobierno, aseguró Mollmann en sus palabras de presentación del informe.
A juicio de la investigadora, aunque el gobierno dominicano ha implementado importantes programas en materia de sida, no ha sabido tomar en serio el vínculo existente entre la vulnerabilidad de la mujer y la extensión de la epidemia.
También ha fallado en la aplicación de los mecanismos existentes para enfrentar la violación de los derechos humanos de las mujeres viviendo con VIH, incluyendo la prohibición de efectuar exámenes no autorizados a las empleadas en los centros de trabajo y la divulgación de sus resultados.
A partir del informe, HRW recomienda al presidente electo, Leonel Fernández Reyna (que asumirá el cargo el 16 de agosto) hacer de la protección de los derechos de las mujeres un tema central en sus planes nacionales para la prevención y tratamiento del VIH/sida.
Las cosas pueden empezar a cambiar si existe voluntad política y se sabe aprovechar los 40 millones de dólares asignados este año a República Dominicana por el Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para su uso en tratamientos y prevención, afirma el estudio.
Con una población de unos 8,5 millones de habitantes, República Dominicana tiene junto a Haití la prevalencia más alta de VIH en el Caribe con 2 por ciento de su población infectada. A finales de 2001, las mujeres sumaban 51 por ciento de los casos.
El sida es la causa principal de la mortalidad de las mujeres dominicanas entre 15 y 49 años. Onusida estima que más de 70 por ciento de las nuevas transmisiones de VIH ocurren en relaciones sexuales heterosexuales.
El sesgo social que exige fidelidad a las mujeres y que las hace responsables en última instancia de la infidelidad de su marido o pareja estable complica el temor que tienen muchas mujeres de ser expuestas como VIH positivas, asegura el informe de HRW.
Este temor aumenta aún más a causa de la violencia doméstica que, de acuerdo con fuentes gubernamentales, fue la cuarta causa principal de mortalidad femenina en 2000.
Una encuesta efectuada en 2002 por la organización internacional especializada en temas de salud Measure DHS+ (Encuesta Endesa) arrojó que 27 por ciento de mujeres adultas había sufrido abuso físico, sexual o emocional a manos de sus esposos u otras parejas estables.
Endesa también encontró que a los 19 años es tres veces más probable que una mujer indique haber sido sometida a una prueba de VIH que un hombre. Entre los menores de 40 años, dos terceras partes de las dominicanas expresaron haber sido sometidas a la prueba, comparadas con menos de 40 por ciento de los hombres.
Estos también son objeto de exámenes sin consentimiento, pero la proporción de mujeres aumenta pues son ellas las que suelen buscar empleo en compañías que efectúan pruebas de VIH como condición para un puesto de trabajo.
Estas abarcan el sector de servicios, el turismo y las maquilas, industrias destinadas a la exportación emplazadas en zonas francas. Los exámenes sanguíneos de VIH son condición para aspirar a un empleo y para mantenerlo, pues muchas empresas los exigen con regularidad a sus trabajadores.
En el turismo, esta estrategia se justifica como parte de una campaña promocional que ofrece las bellezas naturales dominicanas como zona libre de sida.
Para las mujeres, el efecto generalizado es la autoexclusión del mercado laboral. Muchas dejan de buscar trabajo por miedo a no pasar el examen, a que su resultado se divulgue y luego ser estigmatizadas en sus comunidades o abandonadas por sus esposos.
Además, las mujeres suelen ser objeto de exámenes cuando acceden a los servicios estatales de atención prenatal. Un resultado positivo puede conducir a una esterilización casi forzosa o a la negación de asistencia médica, afirma HRW.
Yo tuve que limpiarme solita… No lo limpiaron al bebé. Mi mamá lo limpió… Una enfermera no quería inyectarme. A mi mamá le dijo que no quería porque yo tenía VIH, relató a las investigadoras Isabel Guzmán, madre de dos hijos, al recordar la atención médica que recibió tras un parto.
