El gobierno de Colombia tiene plazo hasta el jueves de la semana próxima para informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los pasos dispuestos para proteger al pueblo kankuamo de las masacres de que son víctima, como le ordenó ese alto tribunal del sistema de la OEA.
Las autoridades colombianas tendrán que adoptar, ”sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena kankuamo”, señala la resolución de la Corte con sede en San José de Costa Rica.
Es que finalmente esta semana el tribunal respondió al pedido de auxilio proveniente del ”corazón del mundo”, como es la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta.
”De los más de 100 miembros y autoridades de pueblos indígenas víctimas de homicidios el año pasado, 50 fueron autoridades políticas y espirituales del pueblo kankuamo”, dijeron en un comunicado los demandantes, el humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Organización Indígena Kankuama (OIK).
Alrededor de 90 de los cerca de 600 grupos étnicos del continente americano habitan hoy en Colombia, donde no llegan a dos por ciento de sus 44 millones de habitantes.
En octubre del año pasado, el Colectivo también acompañó a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomara cartas en el asunto para exigir a Bogotá medidas cautelares de protección de los kankuamo.
La Comisión, con sede en Washington y que también funciona en el sistema de la OEA (Organización de Estados Americanos) dio curso a esas medidas ante ”la violación sistemática a los derechos humanos, el control arbitrario sobre los territorios y el desplazamiento forzado” de los indígenas de la Sierra Nevada, que afectan su tejido social, según el dictamen.
”Cuando solicitamos las medidas (cautelares) estábamos hablando de 48 asesinatos de kankuamos y al final del año pasado había 54. Este año van seis” muertes, alertó a IPS un jurista del Colectivo que prefirió mantenerse en el anonimato.
El fallo de la Corte Interamericana, emitido el lunes y divulgado por los demandantes el jueves, requiere que ”se respete el derecho a la libre circulación de las personas del pueblo indígena kankuamo, así como que, quienes se hayan visto forzadas a desplazarse a otras regiones, puedan regresar a sus hogares si así lo desean”.
Ese alto tribunal ordena al Estado colombiano, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ratificó en 1973, a proteger a los kankuamo, el pueblo indígena más perseguido de la guerra civil que sangra al país desde hace más de 40 años, y le da 10 días como máximo para informar las medidas provisionales tomadas al respecto.
La cuarta parte de los cerca de 6.000 kankuamos han sido expulsados de sus territorios ancestrales por la guerra y ahora se los ve deambular en las ciudades vecinas a la Sierra, sobre todo en Valledupar, capital del departamento del Cesar, fronterizo con Venezuela.
El cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias, tras ser amenazado de muerte, ejerce su cargo desde esa ciudad y se comunica con los suyos mediante emisarios. También vive fuera de la zona el secretario general de OIK, Evelio Rodríguez.
Según la Defensoría del Pueblo (ombudsman), las 12 comunidades de esta etnia en la Sierra sufren bloqueo alimentario impuesto por los paramilitares derechistas, al punto de que sólo dejan pasar remesas los lunes y los martes, ”de modo que hacia el final de cada semana los alimentos ya escasean”.
Desde 1990, cuando los ejércitos privados de narcotraficantes y terratenientes entraron a disputar la Sierra Nevada de Santa Marta a la guerrilla izquierdista, han sido asesinados 166 kankuamos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ”La tercera parte de ellos fueron asesinados en 2003”, dijo el jurista.
”Hay subregistro y en total se han constatado más de 200 muertos” kankuamos, precisó a IPS Luis Evelio Andrade, presidente de la ONIC, en tanto que la OIK contabiliza 250.
La Corte requirió también del Estado colombiano que investigue los hechos, ”con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señaló que, hasta agosto de 2003, 66 por ciento de los asesinatos de kankuamos eran responsabilidad de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Otro 13 por ciento fue atribuido a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siete por ciento al también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), y dos por ciento a las fuerzas de seguridad del Estado. El porcentaje restante no se le atribuye a ningún actor armado en particular.
Pero desde agosto del año pasado ”todos los asesinatos contra miembros de esta etnia les son atribuidos a las AUC, con excepción de dos casos cometidos por el ejército y uno por las FARC”, señaló el jurista.
En septiembre, el ELN tomó como rehenes a un grupo de ocho turistas mochileros europeos e israelíes, que fueron liberados a cambio de que una comisión autónoma ad hoc diera a conocer públicamente la grave crisis humanitaria en la Sierra, cosa que ocurrió días antes de Navidad. Esa comisión señaló entonces que en la región impera una ”situación social dramática” y un ”clima de terror”.
Por su parte, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reportado reiteradamente que paramilitares y fuerza pública trabajan juntos.
Además, el ejército detiene arbitrariamente y asesina a pobladores, sumándolos luego a las estadísticas oficiales de bajas guerrilleras en combate. Uno y otro bando de la guerra civil atacan a los indígenas, acusándolos de colaborar con ”el enemigo”.
A los kankuamo comenzaron a matarlos en 1990, pero los ataques arreciaron a partir de 2001 con la llegada de los paramilitares que se agrupan en el ”Bloque Norte” (BN) de las AUC, responsable también de un cruento ataque en abril contra el pueblo wayúú, vecino de la Sierra por su costado occidental.
Los jefes del BN están entre los firmantes del acuerdo de protección gubernamental a paramilitares de las AUC logrado en mayo, a cambio de que éstos abandonen la exportación de cocaína y respeten un cese del fuego unilateral dispuesto por ellos mismos en diciembre de 2002.
Empero, organizaciones de derechos humanos afirman que las AUC son responsables de unos 3.700 asesinatos desde entonces, y ”el gobierno no ha hecho un pronunciamiento público enérgico sobre esta situación”, según Andrade.
Junto con los kogui, los wiwa y los arhuaco, los kankuamo se consideran ”guardianes del saber de la montaña”. Su hogar -la Sierra Nevada— es una mole piramidal de cerros que se alza directamente desde las playas del mar Caribe, al norte de Colombia, y termina en dos picos nevados de 5.775 metros de altura.
Los cuatro pueblos son hijos directos del principio creador y por lo tanto ”hermanos mayores”, mientras el hombre blanco es ”el hermanito menor”, según su tradición.
Sobre ellos pesa, desde ”cuando no había nada y todo era oscuridad”, la responsabilidad de mantener el equilibrio natural y la paz, no solamente en la Sierra Nevada, cuyas laderas albergan ”el corazón del mundo”, sino en el planeta entero.
Esos indígenas dicen cumplir esta misión mediante ”pagamentos”, ejercicios espirituales de expiación y agradecimiento a la Madre Tierra de 15 a 20 días de duración, organizados por los Mamos, como se les llama a los grandes sabios, en un total de 370.000 lugares sagrados de la Sierra.
De ese modo se garantizan, entre otros, la caída de ”lluvias buenas, buenos veranos, sol y aires buenos”, explicaron en noviembre los Mamos en un ”Mensaje al mundo”.
Además, creen que el desorden del mundo actual se debe a la destrucción de los sitios de pagamento por parte del ”hermano menor”, lo que les impide cumplir su obligación, y a la embestida contra los pueblos de la Sierra. Pronostican ”años de duros veranos, granizadas, lluvias ácidas y toda clase de cataclismos y desastres naturales”.
”Cómo vamos a poder organizar un pagamento, si los mismos Mamos están desplazados”, explicaron indígenas a un funcionario de la Defensoría del Pueblo, entidad que exigió al gobierno en septiembre de 2002 adoptar medidas urgentes para proteger a los indígenas.
Lo que está viviendo el pueblo kankuamo ”es grave y pone en peligro su identidad y su futuro como pueblo”, advirtió Andrade.
A sólo 40 kilómetros de Valledupar, el territorio kankuamo, en la parte baja del costado sudoriental de la Sierra Nevada, fue invadido por misioneros católicos e inmigrantes de otras regiones del país, que muchas veces huían de la violencia.
De los ”hermanos mayores”, los kankuamos han sido los más afectados por la guerra y hay quienes justifican la matanza porque algunos se han convertido en combatientes de uno u otro bando. ”Esa no puede ser la razón para asesinar a todo un pueblo”, rechazó Andrade.
”Las AUC responden a intereses de sectores económicos que quieren los territorios del pueblo kankuamo, porque éstos son estratégicos”, agregó.
Indicó que en tierra kankuama se proyecta construir la represa de Besotes, que proveerá de agua a Valledupar, y ”esa es la razón por la que se está exterminando a ese pueblo, se quieren apropiar del territorio y controlarlo”.
”Una manera de garantizar que no haya oposición a la construcción de Besotes es eliminando físicamente al pueblo, y otra es generando desplazamiento, usando el terror”, señaló Andrade. (
