Malos tiempos corren en estas semanas para los tratados bilaterales, en especial los promovidos por Estados Unidos, que han sido blanco de las críticas del presidente de Francia, Jacques Chirac, de un reputado economista y, ahora, de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El Centro Europa Tercer Mundo (Cetem) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) terciaron en estas críticas severas a los acuerdos entre naciones sobre libre comercio y de promoción y protección de inversiones, por entender que son armas de destrucción masiva del derecho público nacional e internacional y de los derechos humanos.
Esta declaración de las instituciones de la sociedad civil fue presentada a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que sesionará en Ginebra del 26 de este mes al 13 de agosto.
La Subcomisión es un organismo integrado por expertos independientes que asesora a la Comisión de Derechos Humanos, el principal cuerpo en esa materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De este modo, ambos grupos humanitarios se suman a lo dicho por Chirac en un mensaje dirigido a la XV Conferencia Internacional sobre Sida, que finalizó el viernes en Bangkok, en el cual afirmó que Estados Unidos exige a los países en desarrollo dejar de fabricar medicamentos genéricos contra ese mal, como condición para la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio.
Francia sostuvo que esa política contradice las disposiciones, sobre acceso de los países pobres a los fármacos, adoptadas por la Declaración de Doha, que aprobó en noviembre de 2001 la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la capital de Qatar.
El condicionamiento estadounidense es un chantaje moral, sostuvo Chirac en su carta a la conferencia sobre el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) leída por el ministro francés de Cooperación, Desarrollo y Francofonía, Xavier Darcos.
También el estadounidense Joseph Stiglitz, quien fuera economista en jefe del Banco Mundial y luego asesor del presidente de su país Bill Clinton (1993-2001), coincidió en esas opiniones al señalar que Washington emplea en todos sus acuerdos bilaterales su poderío económico para ayudar a las grandes firmas farmacéuticas a proteger sus productos de competidores genéricos.
Los 2.000 tratados bilaterales que están en vigor aproximadamente en el mundo son más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales válidos o en proyecto, insistieron Cetem y AAJ.
Los acuerdos entre países son el resultado de una táctica de los centros del poder económico-político mundial, en especial de Estados Unidos, consistente en negociar uno a uno con gobiernos débiles y/o corruptos, propensos a ceder, afirmaron en su declaración.
Pero, lo mismo ocurre en el plano regional, pues Estados Unidos ha logrado hacer aprobar a marchas forzadas el CAFTA en América Central a fin de estar en mejor posición para negociar el ALCA, dedujeron.
En la negociación de un acuerdo de toda América, la propuesta de un ALCA 'light' es una aplicación de la misma táctica: dejar para la negociación bilateral las cuestiones más controvertidas, sostuvieron las dos entidades especializadas.
El CAFTA es el acrónimo en inglés del acuerdo de libre comercio entre los países de América Central y Estados Unidos, que todavía está pendiente de ratificación parlamentaria por todos sus miembros. En cuanto al ALCA, alude al proyecto impulsado por Washington de crear un Area de Libre Comercio de las Américas, que discuten todos los países de ese continente a excepción de Cuba.
Los acuerdos cuestionados forman una trama que, como consecuencia de los principios del sistema de comercio que extienden automáticamente el trato de preferencia a todos los miembros de un tratado, permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria, describió Alejandro Teitelbaum, representante de AAJ en Ginebra.
Por ese sistema de vasos comunicantes se desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales, dedujo Teitelbaum, para definir luego a esos acuerdos como caballos de Troya del poder transnacional en un país periférico en una subregión.
El documento entregado a la Subcomisión de Derechos Humanos se ocupa también de los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI).
La entrada en vigor de esos instrumentos determina que las inversiones extranjeras gozan siempre del trato más favorable. Otro beneficio es el principio del trato nacional, por el cual toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los que proceden del exterior.
Los TPPI incorporan la cláusula de nación más favorecida, el cual establece que las ventajas acordadas mutuamente entre dos estados se extienden de manera automática a los tratados que celebren con otros Estados, siempre que se incluya esa cláusula.
Otras disposiciones de los TPPI contemplan la indemnización en caso de expropiación u otras medidas de efecto equivalente, un concepto ambiguo que le costó una abultada multa al gobierno de México impuesta por el tribunal de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conformado por ese país, Estados Unidos y Canadá.
La empresa estadounidense Metalclad demandó en 1996 al Estado mexicano por violar el TLCAN a causa de que el gobierno del central estado de San Luis Potosí impidió abrir a esa compañía un depósito de desechos tóxicos
Bajo las normas del TLCAN, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada una expropiación y el gobierno de México tuvo que pagar una indemnización de 16,7 millones de dólares.
El documento de Cetem y AAJ recuerda a los gobiernos que, si existe la voluntad política, se puede salir de la trampa de los tratados bilaterales de libre comercio y de los TPPI. De esa manera se restablecerá al derecho público nacional e internacional y se defenderán y promoverán los derechos humanos, afirmaron.
Los mecanismos recomendados incluyen la denuncia de los tratados, la invocación de la preeminencia de una norma jerárquicamente superior o el restablecimiento de la competencia territorial de los tribunales nacionales.
Teitelbaum aclaró que la sola invocación del derecho no puede producir el milagro de revertir una situación por demás difícil.
Sin embargo, puede ayudar a crear conciencia en los pueblos de que han sido despojados de sus derechos más elementales, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales y de que sólo con su propia acción lograrán recuperarlos, dijo el delegado de la AAJ.
