Coalición opositora interna de Cuba, que actúa sin reconocimiento legal, sostiene buscar una alternativa de transición hacia la democracia en este país, gradual, tranquila y sin la sombra de potencias extranjeras.
Para nosotros, es tan importante la soberanía e independencia de Cuba como la democratización, aseguró en entrevista a IPS Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista, una concertación de pequeños grupos moderados de la disidencia interna.
Conforman esa coalición la Coordinadora Socialdemócrata, Corriente Socialista Democrática, Mujeres de Izquierda Democrática, Movimiento Juvenil Socialista Democrático, Partido del Pueblo y Centro de Estudios del Socialismo Democrático Diego Vicente Tejera.
El gobierno cubano no reconoce a la disidencia interna y califica a todos sus miembros de mercenarios y a sus organizaciones de grupúsculos al servicio del gobierno de Estados Unidos.
Arco Progresista, que según su portavoz representa a unos 3.000 opositores de todo el país, critica la política de Estados Unidos hacia Cuba y concibe los cambios mediante un diálogo de concesiones mutuas, sin exclusiones.
La mayoría de las alternativas lanzadas para Cuba parten de posturas maximalistas, plantean un cambio inmediato y rápido que lleve a la sustitución del poder existente, dijo Cuesta Morúa.
En su opinión, las medidas aplicadas en junio pasado por el gobierno estadounidense de George W. Bush, como parte del plan de ese país para acelerar una transición democrática en Cuba, van a lograr un efecto totalmente contrario al propuesto.
Ese proyecto más bien va a lentificar la transición. El gobierno de Estados Unidos no debería identificarse con una sola alternativa, tendría que abrir el abanico de opciones, consideró, en referencia a resoluciones como las restricciones para viajar o enviar dinero a la isla caribeña.
En una declaración en junio pasado, el Arco Progresista acusó a la Oficina de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana de difundir el rumor de que sus activistas son agentes del gobierno cubano.
La SINA reaccionó en una nota de prensa en la cual no se refirió a ese entredicho, pero aseguró que Washington apoya firmemente la soberanía de este país y está preparado para brindar asistencia a una futura Cuba democrática.
En tanto, Cuesta Morúa aclaró que, a su entender, las posturas de Estados Unidos difieren con las de la Unión Europea (UE) respecto de Cuba, aunque existan coincidencias en cuanto al tema de los derechos humanos.
La UE no ha roto relaciones diplomáticas, ni financia a la oposición, ni tiene un diseño para derrocar al gobierno cubano, aun cuando haya incrementado sus críticas en la medida en que se ha roto la posibilidad de diálogo, afirmó.
El bloque europeo y el gobierno cubano de Fidel Castro se distanciaron a raíz de los juicios sumarios y las severas condenas impuestas en abril de 2003 en Cuba a 75 disidentes, bajo cargos de conspirar con una potencia extranjera (Estados Unidos) para subvertir el orden interno.
Poco más de un año después, seis de esos opositores fueron excarcelados por razones de salud, medida que Cuesta Morúa consideró un signo de flexibilización de las autoridades.
Pero, si las consideraciones para esas excarcelaciones fueron puramente de orden humanitario, también habría que liberar a otros que están tan o más enfermos que los beneficiados, acotó.
Arco Progresista sumó este mes a las iniciativas opositoras ya existentes una propuesta que califica de transición pactada, la cual, mediante pasos escalonados y graduales, debería contribuir a detener el deterioro de la situación cubana.
Estos pasos incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, así como promover la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En materia económica propuso permitir la inversión de los capitales que poseen los cubanos, ampliar, en vez de restringir, el trabajo por cuenta propia y crear un sólido tejido económico que desestimule la emigración.
La iniciativa de Arco Progresista se añade, entre otras, al llamado Proyecto Varela, encabezado por Oswaldo Payá, del opositor Movimiento Cristiano Liberación, que demanda un referéndum sobre cambios en el sistema socialista de Cuba.
A esa propuesta, Payá, galardonado en 2002 con el Premio Sajarov de Derechos Humanos que concede anualmente el Parlamento Europeo, agregó a fines del pasado año su llamado a un Diálogo Nacional para el diseño de un proyecto de transición.
Según ha explicado el activista, mediante el Proyecto Varela, la sociedad cubana puede alcanzar los derechos fundamentales, en tanto el Diálogo Nacional permitirá a los propios ciudadanos de la isla decidir como será su futuro.
En tanto, disidentes agrupados en la concertación Todos Unidos, lanzaron a su vez en febrero pasado el proyecto titulados Programa para comenzar a solucionar los graves problemas de la sociedad cubana.
Sus promotores aclararon que la propuesta no es un proyecto para la transición, sino para buscar cambios que mejoren la precaria situación del pueblo cubano, al tiempo que no descartaron la posibilidad de elevarlo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).
Estas iniciativas, sin embargo, pasan prácticamente inadvertidas entre el grueso de la población cubana de 11,2 millones de habitantes, ya sea por desconocimiento o por rechazo a lo que identifican como contrarrevolución, entre otras razones.
