La intervención de los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y la lectura de la carta de Ramón Isaza, en la audiencia pública realizada en el Congreso legislativo el miércoles estuvo llena de contradicciones y silencios adentro y fuera del recinto más representativo de la democracia colombiana, según analistas. Contradicciones porque las posiciones de quienes respaldan el proceso de paz con ese grupo derechista ilegal y las de aquellos que consideran que es una entrega incondicional del gobierno a sus pretensiones, no solo se hicieron evidentes entre los manifestantes procedentes de diferentes regiones del país que esperaron la finalización de la plenaria sino adentro del recinto, donde los congresistas dejaron ver que persisten las dudas sobre el tema y que la visión del mismo es cada vez más polarizada. Vacíos, porque si bien los representantes de las AUC hicieron un mea culpa tácito de algunos delitos que se les atribuyen como asesinatos, desplazamiento y narcotráfico, reiteraron su decisión de no "pagar un solo día de cárcel" por estos hechos y de no devolver las tierras que tienen en su poder. También evadieron el tema de los procesos por narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos adelanta en contra de varios miembros del estado mayor negociador.
