La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por masacre paramilitar en 1987. El fallo no puede ser apelado, obliga al país a cumplir 23 tareas y a pagar una indemnización de 6,5 millones de dólares a familiares de las víctimas. Es la tercera vez en la historia que la Corte condena al Estado colombiano y en esta ocasión lo halló responsable de la muerte de 19 comerciantes, a manos de grupos paramilitares, ocurrida en Puerto Boyacá el 6 de octubre de 1987. La condena es histórica porque por primera vez un tribunal internacional le pasa al Estado colombiano una cuenta de cobro por avalar la creación y fortalecimiento de grupos de autodefensas en la década de los 80. Según el fallo de la Corte, para la época de la masacre estaba vigente el decreto 3398 de 1965 con el cual el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
