Por lo menos 60 por ciento de las reservas certificadas de gas natural de Bolivia podrían pasar nuevamente a dominio del Estado si el gobierno de Carlos Mesa se empeña en que las empresas petroleras cumplan los contratos de riesgo compartido y se aplique el artículo 30 de la ley 1.689 de Hidrocarburos en vigencia. El cumplimiento de ese artículo permitiría al país recuperar aproximadamente 60 por ciento de las reservas de gas natural certificadas a la fecha. Esa norma, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente que renunció en octubre en medio de protestas sociales, dice que las compañías petroleras que tengan concesiones de exploración y que hubiesen declarado un campo descubierto como comercial, deben perforar un pozo de explotación o de inyección por parcela cada cinco años, de lo contrario deben devolver la parcela.
