Los discursos ante el parlamento de Colombia de tres líderes paramilitares buscados por numerosos crímenes, marcan un paso más en la estrategia gubernamental de dar tratamiento político a estos grupos ilegales armados.
Sucesivos gobiernos habían mantenido la posición oficial de considerar a los paramilitares criminales a someter. Pero el presidente Alvaro Uribe trazó una estrategia diferente.
Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque Gaviria , alias Ernesto Báez, y Ramón Isaza, tres de los hombres más buscados por la justicia de Colombia, hablaron este miércoles en una audiencia pública del parlamento, con salvoconducto de las autoridades y en medio de un impresionante operativo de seguridad.
Mancuso, máximo líder de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), criticó duramente a las guerrillas izquierdistas y sostuvo: No podemos recibir la cárcel por delitos de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. En cambio, admitió que debería haber reparación al daño provocado.
Además pidió la instalación de varias zonas de concentración como la de Santa Fe del Ralito, en Córdoba, norte del país, donde habita actualmente mientras negocia con el gobierno de Uribe la desmovilización de unos 13.000 paramilitares.
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Mancuso responsabilizó al Estado por el conflicto armado colombiano de cuatro décadas y pidió que una comisión de alto nivel acompañe el proceso de desmovilización, con representantes del Congreso legislativo, la Iglesia Católica, los tribunales y sectores productivos.
En la audiencia estuvieron presentes embajadores de Argelia, Argentina, Bolivia, China, El Salvador, Líbano, Marruecos, Palestina, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumania y Uruguay.
Afuera de la sede parlamentaria, en la Plaza de Bolívar, se congregaron unas 2.000 personas reclamando justicia y reparación por los crímenes contra los derechos humanos cometidos por los paramilitares que, según la ONU, constituyen 80 por ciento de los perpetrados en el conflicto.
Mientras, sesenta autobuses trasladaron a la capital personas del Llano, al sur de Bogotá, para manifestar en la misma plaza a favor de los paramilitares. Hubo escaramuzas entre unos y otros manifestantes.
Mancuso, Báez e Isaza fueron autorizados por el gobierno a salir por 48 horas de Santa Fe de Ralito para hablar ante el parlamento, como uno de los puntos pactados en las conversaciones con Uribe.
La sensación es de cierta tristeza, pues este es un acto que desconoce la reparación a las víctimas del paramilitarismo. No se ha hecho el debate nacional correspondiente como para que estos señores lleguen a hablar en el Congreso, dijo a IPS el historiador Daniel García-Peña, ex alto comisionado de paz, quien se encontraba observando la magra protesta en la plaza.
Líderes de los partidos tradicionales Liberal y Conservador estiman conveniente que el Poder Legislativo participe de alguna manera en el diálogo con los paramilitares.
Otros sectores cuestionan la forma en que el gobierno negocia con las AUC.
Defiendo que el Congreso tenga un papel activo, pero veo al gobierno ‘chamboneando’, improvisando con las cosas del día a día sin tener claro un plan, dijo el senador Antonio Navarro, del izquierdista y opositor Polo Democrático Independiente (PDI), según el diario El Tiempo.
La presencia de los paramilitares en el parlamento ocurre una semana después de conocerse la primera sentencia de un tribunal internacional contra el Estado colombiano por su relación con el paramilitarismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por violar, entre otros, los derechos a la libertad, a la integridad y a la vida, en el caso del asesinato en 1987 de 19 comerciantes cuyos cadáveres fueron descuartizados y lanzados a un afluente del río Magdalena con el fin de borrar las evidencias del crimen.
La matanza se perpetró en la zona del Magdalena Medio controlada por Isaza, aunque se relaciona con otros jefes paramilitares locales.
Los asesinados transportaban mercancías de contrabando y pasajeros desde Venezuela.
La Corte señaló que los paramilitares sostuvieron una reunión con la aquiescencia de algunos oficiales del ejército, en la que acordaron matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías y vehículos, pues éstos no les pagaban impuestos por transitar áreas bajo su control.
Los oficiales estuvieron de acuerdo con dicho plan, sostuvo la Corte, e inclusive hay elementos probatorios que indican que en dicha reunión participaron algunos militares.
Tras condenar a sólo tres de los autores materiales, la jurisdicción penal militar exoneró a los únicos cuatro oficiales y suboficiales vinculados al proceso por las 19 desapariciones —un coronel, un mayor y un sargento- y al general Farouk Yanine Díaz, entonces comandante de la segunda división del ejército, con sede en Bucaramanga, en el noreste.
Rocío Bautista, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), pidió al gobierno que no siga con las mesas de negociación con los paramilitares, porque ésta es una prueba contundente de que están respaldados por los militares para cometer sus crímenes.
La recomendación más urgente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es cortar los vínculos entre el ejército y las fuerzas paramilitares involucradas en abusos, suspendiendo, investigando y juzgando vigorosamente a los oficiales envueltos en tal colaboración, dice una carta firmada por 20 senadores de Estados Unidos y dirigida el lunes a Uribe.
El último informe de la ONU, en marzo, da cuenta del incumplimiento de esta recomendación, afirman los senadores, lo que incluye operaciones paramilitares con inexcusable conocimiento de las fuerzas de seguridad, contactos indebidos entre autoridades civiles y comandantes paramilitares, entre otros actos.
La carta, firmada también por el candidato del opositor Partido Demócrata John Kerry para las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos, aprecia la reducción en la cantidad de asesinatos, masacres, secuestros y desplazamientos.
Pero hay reportes de violaciones crecientes, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, atribuidas directamente a las fuerzas de seguridad. Las guerrillas continúan el uso indiscriminado de explosivos contra la población civil, mientras los paramilitares efectúan asesinatos y masacres pese al cese del fuego, afirma la carta.
El paramilitarismo no nació con las AUC ni se limita a su aparato armado. Forma parte de una vieja tradición de las elites nacionales de acallar a sus opositores mediante el uso de la fuerza, escribió recientemente García-Peña. El fenómeno cuenta con importantes apoyos sociales, económicos y políticos.
Aunque hubo milicias armadas durante muchas décadas en Colombia, el primer grupo paramilitar fue creado en 1981 por narcotraficantes, militares activos y en retiro y poderosos terratenientes, como fue denunciado en 1983 por el procurador general de la Nación (ministro público) Carlos Jiménez Gómez, recordó García-Peña.
Según unas interpretaciones, éstos nacieron para defenderse de la guerrilla y atacarla, pero según otras, el paramilitarismo es una política de terrorismo de Estado.
Más tarde adoptaron el nombre de autodefensas para ampararse en una norma legal de veinte años atrás, que permitía a civiles armarse y apoyar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas, argumento esgrimido por tribunales militares para explicar el respaldo de las autoridades a estos grupos.
El desmantelamiento del paramilitarismo fue una exigencia permanente de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en el fracasado proceso de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).
Al día siguiente de iniciado el diálogo entre Pastrana y las FARC, el 7 de enero de 1999, los paramilitares iniciaron una cadena de asesinatos que sumaron unos 140 muertos en diferentes regiones del país.
El objetivo primordial no debe ser sólo la desmovilización y reinserción de las AUC, sino la superación del paramilitarismo como fenómeno histórico y estructural, apuntó García-Peña.
Las AUC lograron contar con una importante base de apoyo social, particularmente al interior de las elites regionales y nacional, concluyó el historiador.
(*) Con aportes de Constanza Vieira (Colombia)
