El desempleo en Argentina se mantuvo en 19,5 por ciento durante el primer trimestre de este año, probando que la creciente actividad económica es incapaz de generar los puestos de trabajo que la población demanda.
En los tres primeros meses de 2004, el producto interno bruto creció 10,4 puntos porcentuales, la proporción más alta desde 1993. Pero la tasa de empleo cayó 0,2 por ciento respecto del último trimestre de 2003, lo que implica la desaparición de más de 13.000 puestos de trabajo.
”El mercado de trabajo reproduce y amplía la subutilización de su fuerza laboral”, destaca el análisis ”Mercado de trabajo: Estructura actual, evolución reciente, situación regional y perspectivas”, del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
”Esto debe alertar sobre un rasgo preocupante: el debilitamiento en la absorción de mano de obra de la actual dinámica económica, aun en un contexto de menor presión en la búsqueda de empleo”, consigna el informe.
El director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, dijo a IPS que ”el crecimiento económico es fuerte y sostenido, pero la pobreza desciende más lentamente o incluso (su caída) se estanca”.
Mientras, la pobreza afecta a 47,8 por ciento de los 37 millones de habitantes.
”El salario promedio es de 670 pesos (223 dólares) y la mayoría de los nuevos puestos de trabajo formales están por debajo de esa cifra, ya que el salario de ingreso es de 400 pesos (133 dólares)”, dijo Fraga.
”El gobierno recompuso parcialmente el salario de los trabajadores privados, pero no llegó a compensar el atraso previo y tampoco benefició a los que no están registrados, ni a los contratados”, dijo a IPS Carlos Frigoli dirigente del Polo Obrero, una organización de trabajadores y desocupados contraria a la política oficial.
En su opinión, ”el salario está en su punto más bajo en términos reales, mientras han crecido la descomposición de las condiciones laborales” y la ”explotación de los trabajadores”.
La mayoría de quienes consiguen empleo lo hacen en el sector informal, ”sin registro, sin garantías, sin seguro, sin posibilidad de exigir sus derechos. En los últimos años han aumentado considerablemente la morbilidad y la mortalidad de estos trabajadores”, aseveró.
El desempleo real, incluyendo a 2,2 millones de personas sin trabajo que reciben subsidios del Estado, ”triplica los valores promedio de la década del 80 y supera en 50 por ciento el registrado durante la vigencia de la (Ley de) Convertibilidad”, entre 1991 y 2001, cuando el valor del peso se mantuvo atado uno a uno al dólar, aseguran Claudio Lozano y Tomás Raffo, economistas y autores del estudio de la CTA.
Si se consideraran ocupados (como hace el gobierno) a esos 2,2 millones de beneficiarios de diversos planes sociales, que perciben en promedio unos 50 dólares mensuales, el desempleo abierto sería de 14,4 por ciento.
Y de acuerdo con esta medición, la tasa habría caído 10 puntos desde 2002, en el peor momento de la crisis económica, cuando llegó a 24 por ciento de la población económicamente activa.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), 15.776.919 personas conforman la población económicamente activa. Si bien 12,7 millones están ocupadas, 2,5 millones tienen empleos precarios y mal remunerados.
Los desempleados son más de tres millones, cantidad que no incluye a las personas sin trabajo pero que tampoco lo buscan porque creen que no tendrán éxito o porque carecen de dinero para comprar los periódicos que publican ofertas de empleo o pagarse el transporte. Este sector no es relevado por el Indec.
”Un dato preocupante” es la existencia de por lo menos 4,7 millones de personas ”que no encuentran respuesta satisfactoria en el mercado de trabajo”, apuntan Lozano y Raffo.
”La mayoría de ellas (3,9 millones) están activamente buscando trabajo”, y presionan ”por nuevas oportunidades de empleo a una estructura económica que no logra darles respuesta”, agregan.
A juicio de Fraga, el desempleo está cayendo, ”aunque sin llegar a los dos millones de nuevos empleos anunciados por el presidente” Néstor Kirchner. Y esa mejora es algo que ”la opinión pública percibe”.
”El último sondeo del Centro de Estudios Nueva Mayoría muestra que un año atrás quienes decían que la desocupación era el primer problema a resolver en el país eran 56 por ciento y ahora son 31 por ciento”, agregó.
”Es necesario advertir que de los 10 puntos de mejora en el índice de desempleo (oficial) sólo 1,5 de ellos fueron por creación de empleo formal”, apunto Fraga.
Mediante los registros de la seguridad social, ”sabemos que se han creado sólo algo más de 200.000 empleos formales, pero también podemos estimar que 4,5 puntos en la mejora de empleo es por creación de trabajo informal, de baja calidad y bajos salarios”, explicó Fraga.
Y los cuatro puntos porcentuales restantes corresponden a personas beneficiarias de uno de los esquemas de subsidios, el entregado a jefas y jefes de hogar sin empleo con hijos a su cargo.
Incluso en los años 90, ”cuando la economía crecía, por cada nuevo empleo formal se creaban tres informales”, y en el futuro ”sólo una de cada tres personas tendrá prestación jubilatoria”, pronosticó.
La reacción social se expresa sobre todo a través de organizaciones de ”piqueteros”, desempleados que cortan vías de tránsito como forma de protesta.
Desde la asunción de Kirchner, en mayo de 2003, algunos grupos piqueteros expresaron su adhesión o cercanía al gobierno. Pero las protestas vienen agudizándose en los últimos meses y comprenden otras medidas, como la ocupación de oficinas públicas y de edificios de empresas.
Las autoridades buscan maneras de frenar estas acciones que obstaculizan de muchas maneras la vida cotidiana.
El miércoles, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires dio media sanción a una norma que prohíbe el bloqueo de vías de tránsito y de manifestaciones no autorizadas en el territorio del distrito capitalino.
Simultáneamente, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera, discuten su reunificación como vía para fortalecer al vapuleado movimiento sindical.
La CGT, dividida en la pasada década, responde al gobernante Partido Justicialista.
Desprestigiada por no haber defendido los derechos de los trabajadores en los años 90, mientras otro gobierno justicialista privatizó empresas públicas y abolió beneficios, la otrora poderosa CGT perdió a manos de sindicatos rebeldes, la CTA y las combativas organizaciones de piqueteros un espacio que ahora quiere recuperar.
”El gobierno alienta la unificación de la CGT con el objetivo de combatir a los piqueteros”, estimó Frigoli.
Pero éste ”seguirá creciendo” en la medida en que ”no haya respuesta a su demanda de trabajo”, dijo.
Para crear empleos, el ”Estado debería recuperar los recursos nacionales, interviniendo para que la banca conceda créditos a la producción, y regulando las transferencias al exterior de las ganancias de las empresas”, sostuvo.
”La gran cuestión” es lograr que el crecimiento económico disminuya ”la pobreza, y que la creación de empleo sea más relevante en el trabajo registrado”, dos claves para reducir la exclusión social, dijo Fraga.
Pero esto no es ”sólo responsabilidad del gobierno o de los políticos, sino de la dirigencia nacional en su conjunto”, opinó.
