Organizaciones ambientalistas y humanitarias lanzaron un esfuerzo de último minuto para retrasar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proyecto de gasoducto de Camisea, en Perú.
Los activistas creen que el proyecto, del cual se ha completado ya la mayor parte, amenaza la selva y a algunas de las comunidades indígenas de la región.
El complejo Camisea, cuyo costo total es estimado por organizaciones de la sociedad civil estadounidense en 3.200 millones de dólares, transportará gas natural desde la Amazonia a Lima y a un puerto en el océano Pacífico, cerca de una reserva marina protegida.
La compañía estadounidense Hunt Oil, del meridional estado de Texas, lidera junto con la argentina PlusPetrol el consorcio constructor de Camisea. También participan la empresa belga Tractebel, la sudcoreana SK y la peruana Graña y Montero.
En una carta enviada este jueves al Departamento del Tesoro, que representa a Estados Unidos en la junta ejecutiva del BID, organizaciones advirtieron que el proyecto no cumple la letra ni el espíritu de condiciones impuestas por el banco en el acuerdo por el que se asignó un préstamo directo de 75 millones de dólares a la obra.
Entre las organizaciones denunciantes figuran Amazon Watch, Amigos de la Tierra Internacional y Defensa Ambiental.
El BID también apoya un crédito sindicato (concedido por varias instituciones bancarias) por 60 millones de dólares.
También enviaron cartas en los últimos 10 días al presidente del BID, Enrique Iglesias, organizaciones como Oxfam America, The Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la Naturaleza y varias entidades ambientalistas e indígenas peruanas.
Los activistas acusan a los planificadores de Camisea de sembrar plantas exóticas e invasivas, como la japonesa kudzu (Pueraria lobata), en áreas ambientalmente delicadas, así como su falta de diálogo con las comunidades locales y la sociedad civil sobre el impacto del proyecto.
El gobierno de George W. Bush tiene la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan las condiciones, pues fue uno de los que más insistió en establecerlas cuando el BID aprobó el crédito en septiembre pasado.
La administración de Bush debería retrasar el desembolso a Camises pues el proyecto podría violar las condiciones ambientales del contrato, dijo el director de campañas de Amigos de la Tierra, Jon Sohn.
Washington, que posee 30 por ciento de los votos en el BID, se abstuvo en la aprobación del crédito en septiembre.
Muchos activistas confiaban en que su voto sería negativo, pues el gubernamental Banco de Comercio Exterior (ExIm Bank) había rechazado una semana antes un pedido de garantía para créditos por 214 millones de dólares para el consorcio constructor de la obra.
El proyecto Camisea procura desarrollar la extracción de combusibles fósiles en lo más profundo de la selva amazónica peruana.
Camisea es el principal proyecto de infraestructura y de desarrollo de Perú. Consiste en dos gasoductos de 1.150 y 520 kilómetros desde un gran campo gasífero en la Amazonia peruana hasta Lima y otros puntos de la costa sobre el océano Pacífico, a través de los bosques andinos.
El proyecto incluye la construcción de plantas licuefactoras de gas natural, una de ellas junto a la Reserva Nacional de Paracas, única área marina protegida de Perú y uno de los principales ecosistemas de América, con animales muy raros como tortugas marinas verdes, pingüinos Humboldt y otras aves marinas.
Por otra parte, son impredecibles las consecuencias del proyecto en comunidades indígenas como las que viven en la Reserva Nahua-Kugapkakori, varios cientos de los cuales evitan o rechazan el contacto con personas ajenas a la zona y carecen de inmunidad a enfermedades comunes.
Casi 75 por ciento de las extracciones de gas dirigidas a Camisea se ubican en la Reserva Nahua-Kugapkakori.
Casi la mitad de la población de la comunidad nahua murió en los años 80 de enfermedades que hasta entonces desconocían. La compañía británico-holandesa Shell comenzó entonces a explorar la reserva en busca de gas y petróleo.
En 2002, dirigentes de comunidades indígenas adjuntas a la reserva informaron sobre un gran descenso en los cardúmenes en los ríos, arroyos y lagos locales, debido a la gran erosión del suelo. Eso redundó en desnutrición, según funcionarios y activistas.
Representantes del gobierno peruano y del BID insisten en que se han tomado medidas para mitigar o eliminar los problemas, y que han asignado siete por ciento de de las ganancias del proyecto a mejorar la calidad de vida de la población local.
El BID no ha ocultado su deseo de participar en el proyecto, y en ese sentido ha recomendado al gobierno de Alejandro Toledo y a las empresas participantes medidas para mitigar los perjuicios ambientales y sociales de Camisea.
