La inmediata reacción del gobierno y de organizaciones políticas y sociales de España contra un dictamen negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mostró este lunes que se avanza con firmeza hacia una ley que discriminará positivamente a las mujeres.
El CGPJ emitió este lunes un informe que plantea la inconstitucionalidad del proyecto oficialista de ley integral de violencia doméstica. En especial, el Consejo critica el endurecimiento de las penas o la creación de juzgados de violencia sobre la mujer.
El 15 de junio, el CGPJ había rechazado un primer informe a favor de la ley, presentado una de sus integrantes, la magistrada Monserrat Comas.
Entre 1999 y 2003, 246 mujeres murieron en España a manos de sus maridos, parejas o ex compañeros, según el oficial Instituto de la Mujer. La cifra de víctimas asciende a 315, según la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, que rastreó las noticias aparecidas en los medios de comunicación.
En lo que va de este año otras 33 mujeres murieron víctimas de sus parejas.
"La mujer no obtiene mejor protección por el hecho de que la ley la proteja sólo a ella", destaca el informe hecho público este lunes. Porque, "la llamada discriminación positiva llevada al ámbito penal y judicial conduce a la censurable discriminación negativa" contra los hombres, asevera el estudio.
Tras reunirse con la Red de Organizaciones de Mujeres contra la Violencia de Género, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó este lunes que el gobierno seguirá impulsando ese proyecto y que le incorporará las observaciones que lo hagan más eficaz pero "sin que lo desdibujen ni lo desnaturalicen".
Para López Aguilar es fundamental mantener el principio político de "practicar una acción positiva que remueva una frontera de desigualdad que es un obstáculo a la igualdad real y efectiva".
Y, aludiendo al informe según el cual algunos puntos del proyecto contravienen la carta magna, subrayó que esa frontera debe ser "removida para cumplir con el mandato de la Constitución".
Por último recordó que con esta ley, el gobierno cumplirá una de sus más importantes promesas electorales, dando respuesta a una demanda "que no puede ser desoída, que plantea de manera apremiante y perentoria una realidad insufrible: las mujeres asesinadas por hombres furiosos".
Una de las activistas que participó en la reunión, Ana María Pérez del Campo, secretaria de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, opinó que el informe del CGPJ deja expuesta con claridad "la tozudez de la derecha de mantener una desigualdad entre hombres y mujeres".
En el órgano directivo del Consejo, los conservadores tienen tres votos. Uno de ellos es el del autor del dictamen, José Luis Requero, miembro de número de la derechista prelatura católica Opus Dei, fundada en 1928 en España. Los magistrados progresistas sólo tienen dos votos.
Contra el informe del CGPJ también se pronunció con dureza Consuelo Abril, jurista y miembro de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos, para quien queda en evidencia que sus miembros desconocen lo que significa el maltrato y que su intención es "echar abajo esta ley".
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, calificó de abierta y positiva la actitud gubernamental al recibir aportaciones para el proyecto, y coincidió con Abril en que el CGPJ apunta con su informe a que el proyecto de ley no siga adelante.
La intención gubernamental es que la iniciativa sea debatida y aprobada en el Congreso de Diputados y después se cumpla el mismo trámite en el Senado en un lapso que permita su promulgación antes del 25 de julio, fecha en que ambas cámaras iniciarán las vacaciones estivales.
Para lograrlo, cuenta con la bancada oficialista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de otros partidos menores, que le aseguran la mayoría necesaria.
El Consejo Económico y Social, que reúne a los agentes sociales, sindicales, empresariales y de consumidores y usuarios, calificó de "técnica legislativa original" el diseño de una ley hecha a la medida de las mujeres, que -recordó— son 90 por ciento de las víctimas de la violencia doméstica.
Los miembros de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género opinaron que la ley será "el mejor instrumento que hemos tenido jamás para luchar contra la violencia de género en nuestro país y que, a poco que la dejemos andar, podrá aportar a la sociedad española grandes beneficios en pos de una convivencia más justa, igualitaria y pacífica".
En sentido contrario habló el escritor Rafael Torres. "La discriminación positiva viene a ser algo así como la tensa calma o la cuadratura del círculo, un imposible, pero se ve que este gobierno está convencido de que esa palabra, imposible, no figura en su diccionario".
"Si una ley contra la violencia doméstica sólo ampara a la víctima en el caso de que pertenezca al sexo femenino, o la ampara más si pertenece a él, se trata de una ley discriminatoria y, en consecuencia, absurda y negativa", subrayó.
"Lo que ha de perseguir y penar esa ley es la violencia, la humillación, el maltrato y, que se sepa, esas cosas carecen de sexo en sí mismas, por mucho que una contundente mayoría de sus víctimas sean hoy mujeres", añadió.
La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que la iniciativa es constitucional y además cumple con normas de la Unión Europea (UE) sobre la discriminación positiva.
Consuelo Abril recordó que todos los organismos internacionales y todas las recomendaciones de la UE incluyen la discriminación positiva "porque para que se dé un principio de igualdad real hay que tomar medidas que equilibren las desigualdades existentes en la sociedad".
La destacada jurista que integra el sector minoritario del CGPJ, Monserrat Comas, defendió el texto argumentando que "parte de la existencia de una desigualdad en la sociedad y promueve acciones a favor del colectivo discriminado, las mujeres".
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+ Consejo General del Poder Judicial (http://www.cgpj.es)
+ Federación de Mujeres Progresistas (http://www.mujeresprogresistas.org) (FIN/IPS/af/dcl/he pr/04)