Washington y grupos derechistas contrarios al aborto perdieron una batalla en América Latina y el Caribe, al no lograr excluir de un documento regional la defensa de «los derechos sexuales y reproductivos» de las mujeres, pese a blandir amenazas.
En la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en México de jueves a sábado, Estados Unidos chantajeó a varias delegaciones para que no incluyeran en el documento final los términos "derechos sexuales y reproductivos", aseguró a IPS la activista Lilián Celiberti, de la organización Articulación Feminista Mercosur.
Pero la delegación estadounidense fracasó en ese intento.
Para Washington y los grupos conservadores mencionar estos términos es equivalente a promocionar el aborto, por lo que demandan hablar sólo de "salud reproductiva".
En la declaración Consenso de México, la región se comprometió a "revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva".
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Esta prioridad, junto a la meta de garantizar la igualdad de la mujer y de luchar contra la violencia de género, serán las banderas de América Latina el año próximo, cuando se realice la Conferencia Beijing + 10 en Nueva York, 10 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing.
"Nos parece muy preocupante lo que pasó en México, pues los grupos abortistas y pro lesbianismo impusieron una posición contra la vida y la moral, que de ninguna manera representa el sentir de la región", dijo a IPS Rocío Gálvez, presidenta en México del grupo conservador católico Provida.
Gálvez aseguró que delegados del Vaticano y de organizaciones contrarias al aborto fueron excluidos "deliberadamente" de varios debates, por lo que "al final se impuso una visión ajena al pensar de una gran mayoría de la latinoamericanos".
Esos grupos, en consonancia con la política del presidente George W. Bush, que promueve la abstinencia y la fidelidad, se oponen en su mayoría también al uso de métodos anticonceptivos y a una educación amplia y abierta en la materia.
Celiberti indicó que varias delegaciones presentes en México, especialmente de América Central, recibieron amenazas directas de Washington de reducir sus contribuciones financieras si aceptaban el léxico referido a derechos sexuales.
Al finalizar la conferencia, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mayoría de las 400 delegadas festejaron con aplausos y abrazos, mientras unas pocas, entre ellas la delegada de Estados Unidos, Ellen Sauerbrey, permanecían en silencio.
Las delegaciones de El Salvador y Nicaragua tampoco se vieron contentas, pues habían apoyado las posturas de Washington.
"No podemos festejar que grupos pro abortistas y pro lesbianismo secuestren la mayoría de reuniones donde se habla de salud reproductiva, por lo que exigimos a la Cepal y a los gobiernos que en honor a la democracia y al pluralismo abran las puertas también a las otras corrientes", dijo Gálvez.
Los llamados movimientos "pro vida" condenan el uso de métodos anticonceptivos, el divorcio, las uniones homosexuales y abogan por el modelo tradicional de familia comandado por el hombre y donde la mujer se define como madre transmisora de esos valores.
Los enfrentamientos de posturas entre conservadoras y feministas se presentan casi siempre en reuniones donde los derechos sexuales de las mujeres están en juego.
En los años 90, el aborto inseguro fue objeto de intensos debates en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“A pesar de las tensiones y de las presiones conservadoras, el resultado final (de los debates de los últimos años) fue positivo, con un creciente reconocimiento de la despenalización del aborto como una cuestión legítima de derechos humanos”, señala un documento de la no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.
En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, se reconoció que el aborto inseguro era un problema de salud pública.
En esa cita se recomendó no promover el aborto como un método de planificación familiar, pero reducir su incidencia mediante el acceso a métodos anticonceptivos, hacerlo seguro donde esa práctica fuera legal y tratar sus consecuencias donde fuera ilegal.
En la conferencia de Beijing, un año después, se refrendaron esos conceptos y se agregó la recomendación a los países de revisar las leyes que penalizaban a las mujeres que se sometían a abortos ilegales.
El aborto sigue siendo ilegal en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Pero cada año se realizan más de cuatro millones de interrupciones de embarazo, la mayor parte en clandestinidad, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
Mientras el promedio mundial de mortalidad materna por abortos riesgosos es de 13 por ciento, en América Latina es de 21 por ciento, y de 24 por ciento en América del Sur, según la Organización Mundial de la Salud.
En el mundo se practican 20 millones de abortos clandestinos por año y unas 78.000 mujeres fallecen a causa de ellos, añade el FNUAP.
Se calcula que por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se practican 30 abortos inseguros en América Latina. Además, cada día unas 2.200 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región por complicaciones de abortos mal practicados.
"Ojalá en Beijing + 10 haya mayor tolerancia y se refrende la idea de que no todos los grupos sociales abogamos por el aborto y la homosexualidad, pues son prácticas que atentan contra la familia", dijo la directora de Provida.
Las presiones de Estados Unidos contra la legalización del aborto se han hecho sentir en los últimos meses en la región.
A fines de abril, seis legisladores del gobernante Partido Republicano enviaron una carta a senadores de Uruguay que debatían un proyecto de salud reproductiva que legalizaba el aborto practicado en las 12 primeras semanas de embarazo.
"Lo alentamos en este momento histórico para su país a votar contra este proyecto pro abortista y a rechazar que se lo someta a referéndum", decía la carta enviada por fax desde el despacho del representante Christopher Smith.
La iniciativa no logró aprobarse por sólo tres votos.
