La ciudadana Sara Patrón, secuestrada por varias horas y salvajemente golpeada, vive con miedo en un ambiente en el que policías y delincuentes de México parecen por momentos ser del mismo bando.
Patrón y otros miles de personas con experiencias traumáticas como víctimas de delitos o simplemente indignadas por el aumento de secuestros extorsivos y robos, marcharán este domingo por calles de la capital mexicana para exigir punto final a la inseguridad pública.
La marcha fue convocada a inicios de mes por organizaciones civiles, algunas vinculadas a empresarios y otras a ex militantes de partidos políticos, a raíz de varios secuestros cometidos en la capital mexicana, que ostenta el récord de 21 delitos por hora, 93 por ciento de los cuales quedan impunes.
A la convocatoria se sumaron rápidamente otros grupos y las adhesiones crecieron como espuma, según indican varias encuestas. Se espera que más de 500.000 personas marchen este domingo, y lo harán vestidas de blanco o negro y en completo silencio.
La alcaldía de la capital, que comanda el izquierdista Andrés López Obrador, ve la marcha como parte de un complot de la "derecha" en su contra, lo que indigna a algunas víctimas y asombra a observadores.
"¿Qué le pasa a López Obrador? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo entender que somos cada vez más los ciudadanos que ya no estamos dispuestos a esperar sentados y con los brazos caídos que nos asalten, nos violen, nos atropellen, nos secuestren y nos asesinen?", dijo el escritor Germán Dehesa, duro crítico de las posiciones conservadoras y de derecha.
El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras más representativas de la izquierda mexicana y correligionario de López Obrador, estimó la marcha totalmente justificada y expresó su apoyo y su respeto.
En los últimos 10 años, se cometieron en México 15.000 secuestros, pero sólo 5.300 fueron denunciados, por la desconfianza que despiertan las autoridades y por la impunidad, indica un estudio de la empresarial Confederación Patronal.
Datos oficiales estiman que sólo este año 50 personas fueron asesinadas por sus captores y que, a diferencia de la década de 1990, las víctimas de secuestros extorsivos ya no son exclusivamente empresarios adinerados, sino personas de clase media o baja.
De los 2.165 secuestrados registrados por las autoridades entre 2000 y 2003, 29 por ciento eran estudiantes y 23 por ciento pequeños comerciantes, indica un reporte de la Procuraduría (fiscalía) General.
Con base en otras fuentes, asociaciones civiles y empresariales locales afirman que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de secuestros, con 3.000 en 2003, detrás de Colombia con 4.000.
De cada 100 delitos que se cometen en México, apenas 25 se reflejan en denuncias policiales, tanto por desconfianza como por los complicados trámites exigidos. De esos 25 ilícitos, cinco o menos son investigados y sólo dos terminan con el arresto del culpable, según datos de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública.
Además, en muchos secuestros y robos están implicados funcionarios policiales activos o retirados.
"Puede haber gente de derecha, izquierda o lo que sea en la marcha del domingo, pero en los hechos esta manifestación será de todos los que ya estamos hartos de la delincuencia", dijo Patrón a IPS.
En febrero, cuando llegaba a su casa cerca de las ocho de la noche, Patrón fue amenazada con pistolas por tres personas que, rápidamente y entre insultos, se subieron a su automóvil para golpearla y patearla.
Minutos después, viajaba en la parte trasera del vehículo, mientras los secuestradores usaban su teléfono celular para comunicarse con familiares y exigir 10.000 dólares de rescate.
Seis horas después y tras una andanada de golpes que le fracturaron un hombro y la nariz, Patrón fue liberada y sus captores huían en otro automóvil con 6.000 dólares que habían sido depositados en un recipiente de basura en un parque público, según lo convenido con la familia.
"No denuncié a la policía porque primero estaba aterrada y en condiciones físicas terribles, pero también porque los delincuentes me dijeron que ellos estaban en contacto con la policía y que si me atrevía a hablar matarían a mi hija de cinco años. Imagínese, con eso no se puede ", explicó Patrón.
"Vivo aterrada y estoy pensando seriamente en dejar el país, pues tengo una hija que no se merece todo esto", señaló la mujer de 35 años, que trabaja en un negocio de venta de ropa y vive en un barrio de clase media de la capital.
Según encuestas, 10 de cada 25 hogares capitalinos han sido víctimas de la delincuencia, y 80 por ciento de los habitantes de la ciudad consultados se sienten inseguros.
La falta de seguridad "se extiende más allá de las percepciones y condiciona los estilos de vida", afirma el estudio "Equidad, desarrollo y ciudadanía", de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"El sentimiento difundido de inseguridad lleva a las personas a restringir su circulación en espacios públicos, evitar salir de noche y recluirse puertas adentro", detalla la investigación.
"Los grupos y clases sociales se asilan con sus propios pares y se generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás, o hacia los distintos", añade.
Autoridades policiales de la capital y de estados vecinos, presionadas por la creciente indignación contra la inseguridad, iniciaron esta semana reuniones para concertar acciones comunes contra el delito.
Mientras, el alcalde de la capital continuó con el argumento de que detrás de la presión social están grupos que quieren perjudicarlo, pues es el político con más preferencias en las encuestas sobre potenciales candidatos presidenciales para las elecciones de 2006.
"Ver en las justificadas demandas de seguridad un complot, es algo terrible y hasta siniestro, pues desconoce la realidad y que el principal deber de un Estado es garantizar la convivencia, lo que no está pasando en el país, pero especialmente en la capital", dijo a IPS el politólogo Miguel Ramírez.
El presidente Vicente Fox optó por otra postura. Expresó su respaldo a la marcha y pidió al parlamento que apruebe la reforma de la justicia penal remitida en marzo por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa incluye penas más severas contra algunos delitos, el servicio civil de carrera para mejorar los cuerpos policiales municipales, estatales y federales, la autonomía del procurador general y la introducción de juicios orales que darán mayor rapidez y transparencia a los procesos.
La reforma supone modificaciones a más de 20 artículos de la Constitución, enmiendas a 17 leyes secundarias y la creación de ocho leyes nuevas, incluyendo la de la justicia penal para adolescentes, que reduciría la edad de responsabilidad penal de 18 a 12 años.
Además, hay varios proyectos parlamentarios para tipificar el secuestro como delito federal y endurecer las penas.
La percepción de inseguridad y la desconfianza en las instituciones públicas llevó al florecimiento de la industria de vigilancia privada, aunque también sobre ésta recaigan sospechas de vínculos con la criminalidad.
En los últimos tres años, la cantidad de empresas especializadas en seguridad y riesgos empresariales pasó de 2.332 a 5.140 en México.
Kroll, consultora internacional que ofrece protección y asesoramiento en casos de secuestros, facturará este año unos siete millones de dólares en México, frente a 250.000 dólares en 1998, cuando comenzó a operar en el país, según la propia firma.
"Cuando abrimos la oficina sólo teníamos clientes extranjeros, hoy en día más de la mitad de los clientes son nacionales y de 1998 a la fecha hemos crecido mil por ciento", señaló David Robillar, presidente de Kroll en México.
Otra de las empresas que operan en este país, Consultores Asociados de Seguridad, estima estar ante un mercado local que supera los 800 millones de dólares anuales.
