Cada vez que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en foros internacionales, recuerda que su principal compromiso es combatir el hambre y la pobreza. En su país, 32 millones de niñas, niños y adolescentes viven en familias con ingresos inferiores a 40 dólares mensuales.
Lula volvió sobre el asunto el lunes, al inaugurar la XI sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), que se celebra en Sao Paulo hasta este viernes.
"Tengo un compromiso vital con el combate al hambre y ese objetivo constituye prioridad de mi gobierno, tanto en lo interno como en lo externo. En los diversos encuentros internacionales en que participé, defendí la importancia central de ese tema y la necesidad de un nuevo orden, que sea capaz de producir prosperidad con justicia social", dijo Lula.
En Brasil, con 178 millones de habitantes, la pobreza empuja a los menores al mundo del trabajo a edades en las que deberían asistir a la escuela, y es caldo de cultivo para otros males, como la desnutrición, la explotación sexual y la violencia contra la infancia y la adolescencia.
Aunque no existen cifras confiables sobre el trabajo infantil, se calcula que unos tres millones de niños menores de 14 años trabajan, 40 por de ellos en la agricultura, sector en el que las condiciones son más duras y generalmente incompatibles con la escuela.
Según datos de la Confederación de Trabajadores en la Agricultura, en las plantaciones de caña de azúcar los niños llegan a cortar 2,3 toneladas por día, a una edad en que todavía no han desarrollado sus sistemas óseo y muscular.
Por esa razón, acaban por convertirse en adultos que sufren lesiones irreversibles en miembros y articulaciones, además de quedar vulnerables a afecciones cardíacas y respiratorias.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, divulgado la semana pasada, reveló que Brasil es el tercer país del mundo en cantidad de menores que trabajan en el servicio doméstico, con un total de 559.000 trabajadores, sólo superado por Sudáfrica e Indonesia.
La mayoría son niñas presuntamente sostenidas por sus patrones como muestra de estatus social. Raramente van a la escuela y con frecuencia no reciben paga alguna, apenas techo, comida y la ropa imprescindible, lo que sus familias suelen considerar un alivio.
La explotación sexual es otra de las plagas que afecta a los niños pobres. Pero la acción legislativa de diferentes gobiernos y el trabajo de la católica Pastoral del Niño han reducido considerablemente la entidad del problema que en la década pasada llegó a impactar medio millón de niñas y adolescentes.
Hay otros avances. La mortalidad infantil cayó de 60 menores de cinco años por cada mil nacidos vivos, 15 años atrás, a 28 niños por mil en la actualidad, dijo a IPS el coordinador de la Pastoral del Niño, Clovis Boufleur.
Pero esta cifra aún es alta, observó, puesto que entre los niños atendidos por esta entidad, que suman 1,8 millones, la mortalidad es de apenas 15 por mil.
Las áreas más desarrolladas del país han avanzado en el combate a la desnutrición infantil, y el promedio nacional es de cinco por ciento. Pero en el nororiental estado de Alagoas, la desnutrición llega a 17 por ciento, según el Ministerio de Salud.
"Nuestro trabajo busca contribuir no sólo en la reducción de la mortalidad, sino en crear oportunidades para el desarrollo integral del niño. No queremos simplemente aumentar el número de niños que permanecen vivos, sino que trabajamos para que tengan todas las oportunidades de desarrollo integral a que tienen derecho", precisó Boufleur.
La violencia es otro de los graves problemas que acompañan a la infancia desvalida. Cada día son asesinados en Brasil entre tres y cuatro niños y adolescentes por la policía, por otros menores o por delincuentes comunes.
Además, los menores infractores son castigados duramente cuando son detenidos. El miedo que inspiran los reformatorios del Estado llega a tal punto que es frecuente que los muchachos declaren una edad mayor a la que tienen, para que los envíen a cárceles comunes.
Un informe presentado el jueves 11 por organizaciones no gubernamentales de Brasil al Comité de Derechos del Niño de la ONU da cuenta de los avances en la lucha contra la desnutrición y en la ampliación de la educación básica, pero señala que el país está lejos de reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos.
Los activistas expusieron que en 71 por ciento de las 190 unidades que hay en Brasil para internación de adolescentes en conflicto con la ley, no se cumplen con los requisitos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en relación con el respeto a la dignidad de los menores.
En esos establecimientos se registran malos tratos, torturas, falta de recursos humanos y un ambiente arquitectónico similar a las prisiones para adultos, dijo el documento de la sociedad civil, entregado al Comité que sesiona en Ginebra.
Una investigación oficial determinó entre septiembre y noviembre de 2002 que unos 9.555 adolescentes estaban privados de la libertad en Brasil. De ese total, 90 por ciento eran hombres, 60 por ciento, negros, 51 por ciento no frecuentaban la escuela y 49 por ciento no trabajaban.
Otro dato indicó que entre 1988 y 1990 murieron asesinados 4.661 menores de 17 años, lo que arroja un promedio de cuatro homicidios por día. De esas muertes, 52 por ciento fueron a manos de la policía o de personal de seguridad privada. Un 82 por ciento de las víctimas eran negros y 67 por ciento eran varones de entre 15 y 17 años.
A pesar de que este asunto es de jurisdicción de los 26 estados brasileños, abatir la violencia contra los menores fue uno de los compromisos asumidos por Lula cuando llegó al poder, en enero de 2003.
