Un puñado de senadores de extrema derecha respaldados por grupos nacionales frenan en Estados Unidos la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, por considerarla otro peligroso paso hacia el gobierno multilateral.
La ley que ratifica el tratado cuenta con el apoyo de la abrumadora mayoría del Senado y del propio presidente George W. Bush, pero éste se niega a presionar a los legisladores díscolos, que han colocado trabas de procedimiento en la esperanza de archivar la norma este año.
La convención, finalizada en 1982 tras más de 12 años de negociaciones en que participaron tres sucesivos gobiernos estadounidenses, rige casi todas las áreas de la política oceánica, como la navegación, los vuelos, la explotación del lecho oceánico, la conservación y la investigación. La ratificación la volvería aplicable como ley nacional.
"Respaldamos firmemente su ratificación, pero la decisión corresponde a los líderes del Senado”, dijo a IPS un alto funcionario de gobierno.
"Si Bush expresara que realmente quiere esta ley, obtendría más de 90 votos. Pero no lo hará, al menos no antes de las elecciones” de noviembre, lamentó un promotor de la ratificación.
Numerosos observadores sostienen que Bush teme enfurecer a su electorado de extrema derecha, en momentos en que algunos miembros de este sector político se quejan por el pedido de ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Iraq, porque a su criterio implica el abandono de la postura unilateralista del gobierno.
El periódico neoconservador The Wall Street Journal resumió así los argumentos de la derecha: "No sirve a los intereses de Estados Unidos sujetar sus actividades marítimas (militares o económicas) al control de la burocracia de la ONU, altamente politizada. Ya era una mala idea en 1982 y es peor hoy, con la guerra contra el terrorismo”.
Los opositores de la ley están encabezados por Frank Gaffney, presidente del Centro para Políticas de Seguridad, un gabinete de expertos respaldado por la industria armamentista; Phyllis Schlafly, que ha sido figura de la derecha ultranacionalista por 40 años, y el Wall Street Journal.
En señal de que esta posición cuenta con el apoyo de los líderes civiles del Pentágono (Departamento de Defensa), Peter Leitner, asesor estratégico del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, declaró que la amenaza de la Convención sobre el Derecho del Mar se asemeja a la de la Corte Penal Internacional, que "permitiría arrastrar a Estados Unidos o a sus ciudadanos ante jueces motivados políticamente”.
Por otro lado, los partidarios del tratado, que incluyen un amplísimo espectro de intereses y grupos de activistas, intentan persuadir a la Casa Blanca de que la convención es demasiado importante para demorarla, en especial porque estará abierta a enmiendas por primera vez en noviembre.
"Es muy importante que estemos en la mesa”, declaró Andy Fisher, portavoz del senador Richard Lugar, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que aprobó la ratificación por unanimidad este año y la envió a la cámara.
"Trabajamos por esto todos los días, pero en definitiva está en manos del líder de la mayoría”, el senador Bill Frist, que controla el calendario del Senado, declaró el portavoz. Lugar ha sido el principal promotor del tratado, que fue ratificado por 145 países.
Los partidarios del proyecto están convencidos de que si es sometido a votación, obtendrá un apoyo casi unánime.
"La industria petrolera y los ambientalistas, los cuáqueros y los militares, la Casa Blanca y los senadores demócratas, todos están del mismo lado en este asunto”, afirmó Heather Hamilton, de la organización Global Solutions, antes conocida como la Sociedad Federalista Mundial.
El tratado establece una zona económica exclusiva para todos los países costeros, que se extiende hasta 200 millas náuticas desde sus costas. También establece una Autoridad Internacional del Lecho del Mar, con sede en Jamaica, que regiría la minería y otras actividades que afectan el suelo oceánico. Estados Unidos tendría un asiento permanente en ese organismo.
El gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) se opuso a la convención precisamente por los temores de la derecha y de la industria minera acerca de los poderes de esa Autoridad Internacional, con facultades para imponer tributos a concesiones mineras para financiar sus costos operativos.
Pero una modificación del tratado obtenida en 1994 por la administración de Bill Clinton (1993-2001) otorgó a Washington poder de veto sobre ciertas normas y decisiones financieras.
"Estados Unidos no entrega ni un solo derecho soberano en este tratado”, aseguró John Norton Moore, un profesor de derecho de la Universidad de Virginia que ayudó a negociar el tratado bajo el gobierno de Reagan, en declaraciones esta semana al diario Los Angeles Times.
