La tendencia de altos militares y funcionarios gubernamentales de Estados Unidos a abandonar sus cargos para trabajar junto a proveedores privados desdibuja la línea divisoria entre el Estado y el sector privado, advirtió un grupo observador independiente.
Existe una puerta giratoria entre el gobierno y los grandes contratistas privados, en la que los conflictos de interés son la norma, no la excepción, sostiene el último informe de Project on Government Oversight (POGO, Proyecto de Supervisión Gubernamental), un grupo con sede en Washington que vigila el gasto militar.
La puerta giratoria se ha vuelto un elemento tan aceptado de la contratación federal en los últimos años que resulta difícil determinar dónde termina el Estado y dónde comienza el sector privado, dice el informe La política de la contratación, publicado el martes.
El actual sistema de contratación pública, que permite a actuales y ex funcionarios públicos utilizar su posición para obtener beneficios económicos mediante poderosos proveedores privados, permite que esos funcionarios arreglen el sistema a su favor, según POGO.
El grupo estudió a los 20 mayores proveedores del gobierno federal entre enero de 1997 y mayo de 2004, y concluyó que en el año fiscal 2002, esas empresas recibieron más de 40 por ciento de los 244.000 millones de dólares en contratos del gobierno.
Asimismo, POGO identificó 291 casos en que 244 funcionarios públicos de alto nivel se trasladaron al sector privado para actuar como cabilderos, miembros de directorios o ejecutivos de los contratistas.
Al menos un tercio de los ex altos funcionarios públicos que pasaron a trabajar en empresas proveedoras del gobierno ocupaban cargos que les permitían influir en las compras del Estado, y las normas de responsabilidad pública no resultan suficientes para controlarlos, dice el informe.
En general, las leyes de puerta giratoria no se aplican a los más altos planificadores políticos, que son los que tienen mayor poder en la elaboración de programas y políticas que benefician a los contratistas, señala el documento.
El asunto está ganando interés en el Congreso legislativo. El senador John McCain, del gobernante Partido Republicano, presidirá audiencias a mediados de julio, en lo que será la primera revisión de la práctica de la puerta giratoria en casi una década.
Sin embargo, advirtió POGO, algunos legisladores también están incluidos en esa práctica. Al menos dos tercios de ex congresistas que hacen o hicieron lobby para alguno de los 20 mayores proveedores del Estado han integrado comisiones de autorización o asignación presupuestal que aprobaron programas o fondos para sus futuros empleadores o clientes durante su permanencia en el Congreso.
Entre las empresas que se benefician de esta práctica tolerada se cuentan Lockheed Martin, que emplea a 57 ex altos funcionarios gubernamentales; la gigante aeroespacial Boeing, con 33; Northrop Grumman, contratista de la Fuerza Aérea, con 20; Raytheon, con 23, y General Dynamics con 19.
POGO citó como ejemplo a Richard Perle, quien fuera secretario adjunto de Defensa bajo el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y miembro entre 1987 y 2004 de la Junta de Políticas de Defensa, la que presidió de 2001 a 2003.
Perle renunció a la presidencia de la Junta en marzo de 2003, en medio de una controversia por conflictos de interés entre su cargo público y su trabajo como consultor de la firma de telecomunicaciones Global Crossing Ltd., que posteriormente quebró.
En el verano de 2003, Perle apoyó la adquisición de 100 aviones cisterna de Boeing, que finalmente se concretó por 27.000 millones de dólares. El año anterior, Boeing había prometido invertir 20 millones de dólares en la empresa de capitales de riesgo de Perle, Trireme Partners, señala el informe.
Otro ejemplo citado en el informe es el de Darleen Druyun, quien supervisió y dirigió el programa de adquisiciones de armas de la Fuerza Aérea y luego atravesó la puerta giratoria para convertirse en subgerente general del departamento de sistemas de misiles de Boeing.
POGO solicitó al Congreso que apruebe leyes para prohibir que quienes ocupan cargos políticos y elaboran normas y políticas puedan emplearse en empresas proveedoras del Estado que se beneficiaron de las políticas formuladas por ellos.
Es hora de que el Congreso ponga el pie en la puerta giratoria para detener los conflictos de interés, exhortó Scott Amey, asesora general de POGO.
Las brechas legales deben cerrarse, las leyes de ética deben simplificarse, y todo el proceso debe abrirse al escrutinio público, instó.
