Estados Unidos tardará 20 años en aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para crímenes de guerra y genocidio, pronosticó el fiscal general del tribunal, Luis Moreno Ocampo
Espero que Estados Unidos se una al tribunal, dijo Moreno Ocampo, de nacionalidad argentina, respondiendo una pregunta de la prensa en una conferencia convocada en Londres por Transparencia Internacional, organización no gubernamental que lucha contra la corrupción.
A la larga, si la CPI demuestra su utilidad, dentro de 20 años todos los países se integrarán a ella, predijo, en el recinto del bufete de abogados Clifford Chance.
Hasta ahora, 94 países aceptaron la jurisdicción de la CPI. Estados Unidos es la excepción más destacada. El ex presidente Bill Clinton (1993-2001) firmó el Estatuto de Roma, constitutivo del cuerpo, en diciembre de 2000, pero su sucesor, George W. Bush, retiró la firma en mayo de 2002.
Bush argumentó que reconocer el tribunal permitiría formular acusaciones de carácter político contra soldados estadounidenses en el extranjero.
El CPI es el primer tribunal internacional permanente de la historia a cargo de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio.
Poco después, de retirar la firma del tratado, Washington lanzó una campaña para socavar la CPI.
En tal sentido, amenazó con vetar operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menos que el Consejo de Seguridad diera inmunidad durante un año a los ciudadanos estadounidenses ante el tribunal.
Además, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos bilaterales, incluso con países miembros de la CPI, que obligan a las contrapartes a no entregar soldados estadounidenses al tribunal mundial.
Moreno Ocampo no se mostró alarmado por sus declaraciones. Cuando digo 20 años tal vez esté siendo optimista. A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le tomó 40 años firmar la convención contra el genocidio. Así que si alguien se suma en 20 años no estará mal, dijo.
Acusador de las juntas militares que gobernaron Argentina con mano de hierro entre 1976 y 1983 y ex profesor de la estadounidense Universidad de Harvard, Moreno Ocampo dijo que para un país aceptar la CPI no debe ser una decisión fácil.
Los gobiernos deben delegar parte de su soberanía nacional al tribunal, explicó. A muchos, eso no les gusta. Es una enorme decisión, añadió.
Por esa razón, hubo una gran discusión en la conferencia para elaborar el Estatuto de Roma, en 1998.
Los firmantes acordaron aceptar las acusaciones de la CPI si sus gobiernos carecían de voluntad o capacidad para actuar judicialmente en crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad.
Para un país, aceptar la CPI significa restringir factores que alientan un genocidio o su impunidad, sostuvo Moreno Ocampo. Al firmar, un gobierno estaría, efectivamente, atándose las manos, agregó.
De todos modos, el tribunal tiene varias limitaciones. Al contrario que las fiscalías nacionales, la de la CPI no tiene gobierno, policía ni la idea de una sociedad. Nosotros trabajamos sólo cuando los gobiernos nacionales fallan, indicó.
El mejor resultado de la CPI sería no tener casos, que no haya genocidios o que, si ocurren, los culpables sean castigados por los gobiernos nacionales, de modo que los estados nacionales hagan su mejor esfuerzo.
Moreno Ocampo ejemplificó con casos reales las limitaciones de la CPI. En Darfur, por ejemplo, no puede intervenir porque Sudán no es parte de la CPI, dijo. No tengo autoridad para iniciar un caso allí, sólo si el Consejo de Seguridad me lo deriva, indicó.
Hasta ahora, el Consejo de Seguridad no hizo uso de la facultad que le reconoce el Estatuto de Roma de derivar casos de supuestos crímenes de guerra o genocidio a la fiscalía del CPI.
Por otra parte, Gran Bretaña —país que acepta la jurisdicción de la CPI— han sido cuestionada por su papel en la operación militar en Iraq, pero la agresión en una guerra aún no es un delito, indicó el jurista argentino.
La CPI sólo podría actuar si hubiera razones para creer que las tropas británicas cometieron actos de genocidio y que el gobierno en Londres no tiene voluntad o capacidad de procesarlos, explicó.
El tribunal también tiene limitaciones para obtener evidencia procedente de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, según la cual esa tarea pondría en peligro su labor humanitaria.
Nuestro trabajo no es exponer a esos grupos, que hacen un trabajo difícil. Tenemos que protegerlos. Debemos encontrar evidencia por otros mecanismos.
El primer caso de la CPI comenzó el miércoles. Se trata de una derivación del gobierno de República Democrática del Congo, reforzada por cartas de ciudadanos de ese país.
Los muertos por el conflicto armado desde los años 90 suman millones, pero el tribunal internacional sólo puede atender los posteriores al 1 de julio de 2002, cuando nació formalmente la CPI.
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