Un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos concluyó que se han registrado graves violaciones desde la ocupación de Iraq por las fuerzas ocupantes, encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña.
El alto comisionado interino, el guyanés Bertrand Ramcharan, reclamó el establecimiento de sistemas de prevención y de protección para impedir la repetición de esos abusos.
El fortalecimiento de las disposiciones de protección de los derechos humanos es una cuestión crucial que debe ser considerada como un asunto de suma urgencia. Esto implica la vigilancia de las fuerzas militares y el establecimiento de las instituciones de protección del nuevo Iraq, especificó el documento.
Iraq está bajo ocupación militar desde hace más de un año. En marzo del año pasado, Washington y Londres condujeron de espaldas a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) una invasión a ese país, secundada por algunos otros gobiernos, con el declarado fin de hallar armas de destrucción masiva que ocultaba presuntamente el régimen de Saddam Hussein (1979-2003).
Derrocado y apresado Saddam, sin haberse hallado los laboratorios de esos armamentos, las fuerzas ocupantes comenzaron a sentir una resistencia popular cada vez más fiera, en el marco de la cual la prensa occidental comenzó a divulgar, a fines de abril, atroces imágenes de torturas a iraquíes en prisiones bajo comando aliado.
El informe fue presentado este viernes por Ramcharan al embajador de Australia, Mike Smith, presidente del sexagésimo período de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se extiende por un año desde marzo de 2004.
Al concluir las sesiones de la Comisión, el 23 de abril, Ramcharan se había declarado perplejo por el silencio del máximo organismo de derechos humanos de la ONU ante la situación en Iraq.
La Comisión, bajo presión de Estados Unidos, como reconocieron extraoficialmente diplomáticos europeos, interrumpió el mandato de su relator especial encargado desde 1991 de revisar la vigencia de los derechos humanos en Iraq.
Ramcharán sometió el informe a los 53 estados que integran la Comisión, los que pueden solicitar en conjunto o de manera individual una sesión especial para debatir de inmediato la cuestión. Si ningún Estado muestra interés en examinar el caso, el informe queda a consideración del sexagésimo primer período de la Comisión, a partir de marzo próximo.
Fuentes diplomáticas que pidieron reserva de su identidad estimaron improbable que alguno de los miembros de la Comisión opte por promover un debate político en torno al tema más candente del escenario internacional.
Cuba experimentó ese clima de cauteloso desinterés cuando promovió sin suerte en la última sesión de la Comisión un debate sobre las condiciones de los presos retenidos por Estados Unidos en la base naval caribeña de Guantánamo, recordó la fuente.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, José Díaz, negó el miércoles que el informe hubiera sido modificado bajo presión de los miembros de la coalición ocupante en Iraq. No ha habido ningún cambio en la formulación del texto, aseguró Díaz.
El informe de Ramcharan fue adelantado el miércoles a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Las observaciones de ambos y de la Autoridad Provisional de la Coalición en Iraq, figuran agregados como anexos al documento de la ONU.
El reporte del Alto Comisionado interino asevera que desde el punto de vista de los derechos humanos se han obtenido beneficios desde que las fuerzas de la coalición encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña tomaron el control de Iraq.
Entre los avances observados por los funcionarios de la ONU se mencionan el debate interno sobre una arquitectura constitucional para Iraq, respetuosa de las normas internacionales de derechos humanos.
El documento cita asimismo el establecimiento de un Ministerio de Derechos Humanos, una participación más activa de la mujer en la vida pública y mayores libertades de expresión y de opinión.
Sin embargo, hay que reconocer que ha habido graves problemas de derechos humanos, advierte. Un gran número de personas han sido encarceladas sin que se sepa la cantidad, las causas, el lugar donde están custodiadas, en qué condiciones y cómo son tratadas.
El informe menciona que unas 10.000 personas o más han sido detenidas en Iraq. En otras cifras, sostiene que unos 1.000 integrantes de las fuerzas de la coalición murieron desde abril de 2003 y también unos 200 civiles pertenecientes al mismo bando.
La coalición no lleva la cuenta del número de civiles muertos, pero igualmente el informe consigna que en ese sector de la población hubo unos 10.000 decesos.
El documento se ocupa asimismo de empresas privadas de seguridad que han sido contratadas por las fuerzas de la coalición. Una estimación de la investigación coloca en 20.000 la cantidad de estos efectivos, considerados usualmente mercenarios.
Las entrevistas realizadas por los investigadores de la ONU a representantes de organizaciones independientes iraquíes, que viajaron con esos propósitos a Ammán, Jordania, reflejaron la aflicción por el trato de las fuerzas de la coalición a los civiles.
Las personas encuestadas dijeron que las fuerzas ocupantes se extralimitaron con los civiles iraquíes y dieron ejemplos de incidentes de ese tipo, que el informe recoge.
En un análisis de las reacciones de las fuerzas de la coalición, el informe recuerda que las leyes de la guerra prohíben las represalias y los castigos colectivos.
Otros testimonios obtenidos por los investigadores mencionaron detenciones arbitrarias, irrupciones violentas y armadas en los domicilios, y en algunos casos apropiación de dinero o joyas por los soldados, sin que esos valores hayan sido restituidos.
El informe se ocupa también del episodio más sonado, los abusos físicos y mentales contra los iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib, cercana a Bagdad, que tomaron estado público el 28 de abril, cuando el canal de televisión estadounidense CBS mostró fotografías de las violaciones.
En las conclusiones, el documento dice que el tratamiento a los prisioneros iraquíes fue, como reconocieron los máximos líderes de las fuerzas ocupantes, una mancha sobre los esfuerzos por llevar la libertad a Iraq.
La investigación encomendada por Ramcharan concluye que las autoridades de las fuerzas ocupantes deben organizar inspecciones regulares a todos los lugares de detención y también designar a un ombudsman o comisionado internacional para supervisar el respeto a los derechos humanos en el país..
Ramcharan sucedió de forma interina al anterior Alto Comisionado, el brasileño Sergio Vieira de Mello, muerto con otros colegas en el atentado terrorista del 19 de agosto de 2003 contra la sede de la ONU en Bagdad, donde se desempeñaba como representante especial del secretario general del foro mundial.
El jurista guyanés dejará el cargo a fines de junio para volver a la actividad académica en Estados Unidos, aunque en medios humanitarios se comentó que el jefe de la ONU, Kofi Annan, le encargaría importantes funciones en la prevención del genocidio.
La nueva alta comisionada, la magistrada canadiense Louise Arbour, asumirá el cargo el 1 de julio.
