Una policía «todavía no democrática» que mata y tortura, la persistencia del trabajo esclavo y cárceles degradantes son algunos de los problemas que afectan los derechos humanos en Brasil.
Pero lo importante es que tal panorama está cambiando.
Así se expresa el secretario especial de los Derechos Humanos, Nilmario Miranda. La cuestión de los derechos humanos "es nueva" en este país que tardó mucho en abolir la esclavitud, poco más de cien años atrás, y solo vivió algunas décadas de democracia efectiva a partir de 1946.
Nuevos cambios vendrán cuando los 178 millones de brasileños cuenten con un número de teléfono fácil de recordar, 100, un arma con la que se intentará reducir drásticamente las violaciones de los derechos humanos en Brasil, dijo Miranda.
El sistema será lanzado durante la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que tendrá lugar en Brasilia entre el martes y el viernes de la semana próxima, anunció el secretario este lunes, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.
"Esperamos 40.000 denuncias mensuales", la mayor parte de las cuales no se harían sino mediante el teléfono, porque la población "no confía" en la policía, dijo.
A partir de ahora, cada caso será encaminado a las autoridades competentes: la fiscalía, la policía, comisiones que se encargan de los derechos de niños y adolescentes u otras instituciones. El objetivo es "hacer funcionar instituciones y leyes que ya existen", pero están inactivas o debilitadas, señaló Miranda.
Pero una mayor eficacia en esa lucha solo se logrará cuando esté vigente una enmienda constitucional que permitirá a las autoridades policiales y judiciales nacionales actuar en los delitos contra los derechos humanos.
Brasil es una república federal, donde los 26 estados tienen mucha autonomía y responden por la seguridad pública, controlando la policía y los tribunales que combaten directamente la criminalidad y la violencia, explicó el secretario que tiene rango de ministro.
La enmienda constitucional, a la que llevó once años vencer resistencias para ser aprobada en el parlamento, "federaliza", es decir transfiere a los tribunales de jurisdicción nacional, las violaciones graves de los derechos humanos.
Los tribunales estaduales son vulnerables a las presiones de los poderes locales, políticos o económicos, hecho que explica la impunidad de muchos crímenes, como las masacres de campesinos cometidas por la policía en la región norte de Brasil a mediados de los años 90.
De los 103 casos de violaciones denunciados a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, 98 por ciento son de responsabilidad de policías y autoridades estaduales, ejemplificó Miranda.
Este gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo algunos avances: desde que se instauró, en enero de 2003, ningún campesino "sin tierra" fue asesinado por la policía. Ahora "las que matan" son las milicias creadas por los hacendados, observó el secretario.
El asunto "cambió de naturaleza". El gobierno dejó de tratar "la cuestión social como caso policial" y ahora le toca combatir a las milicias privadas, lo que será facilitado con la ley que prohíbe el porte de armas a ciudadanos que no sean policías, militares o guardias de empresas de seguridad legalmente autorizadas.
En octubre de 2005 habrá un referendo fijado por la ley del desarme, aprobada en diciembre pasado, en el que la ciudadanía será llamada a decidir sobre la prohibición de la venta de armas en el país.
Será ocasión para una campaña "no solo sobre el desarme, sino sobre la tolerancia, el respeto al otro, los derechos humanos", señaló Miranda, recordando que en Brasil se cometen 44.000 homicidios anuales, casi todos por armas de fuego y la mitad por "motivos fútiles": en peleas callejeras, por borracheras o momentos de irritación.
Esos asesinatos podrían evitarse si no fuese tan fácil adquirir armas y andar armado.
En Brasil falta desarrollar una cultura de los derechos humanos, especialmente en la policía, creada para proteger al Estado y al patrimonio privado, pero "no para defender al ciudadano", reconoció el secretario.
Este cuadro se está modificando con la capacitación de los nuevos policías, la implantación de un sistema nacional de seguridad pública y de informaciones policiales.
Las ejecuciones practicadas por policías, la tortura y el tratamiento inhumano en las cárceles constituyen sólo uno de los "cuatro ejes de la violencia", el estatal, que el secretario identifica en el país.
Además de la criminalidad, también existe la violencia doméstica, muy difundida y origen de las demás, y la social, protagonizada por los movimientos sociales y que "no debe ser criminalizada", explicó.
Bajo coordinación de Miranda se encuentra también el problema del trabajo en condiciones de esclavitud, identificado cuando el trabajador sufre la "imposibilidad de salir" del local de trabajo, además de vivir en condiciones precarias.
El año pasado fueron liberadas 4.995 personas sometidas a esa situación, la gran mayoría en la región septentrional.
El gobierno espera "erradicar el trabajo esclavo para 2006", aseguró Miranda. La medida más eficaz fue suspender los créditos de la banca estatal a las haciendas que usaran ese tipo de mano de obra, observó.
También se busca aprobar una ley que permita la confiscación de las tierras que son laboradas en condiciones de esclavitud. ***** + Secretaría Especial de Derechos Humanos, en portugués (http://www.planalto.gov.br/sedh) (FIN/IPS/mo/dcl/hd/04)
