Organizaciones humanitarias y de veteranos de guerra acudieron a un tribunal, en Nueva York, para acusar al gobierno de Estados Unidos de ocultar información sobre los abusos cometidos contra detenidos en custodia militar en Iraq, Afganistán y Guantánamo.
Según la querella, el gobierno violó los procedimientos fijados por la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) al no responder un pedido formulado por los demandantes en octubre de 2003.
Las acusaciones se dirigen a los departamentos de Defensa (Pentágono), de Seguridad Interna, de Justicia (fiscalía general) y de Estado (cancillería), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La continua negativa de la administración a entregar esos registros es absolutamente inaceptable, sobre todo a la luz de la severidad de los abusos que hoy sabemos que se cometieron, dijo Jameel Jaffer, abogado de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
El público tiene derecho a saber cuáles fueron las políticas del gobierno, por qué se permitió que se cometieran esos abusos y quién es, en definitiva, el responsable, agregó Jaffer.
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ACLU, la organización más antigua de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, es una de las patrocinantes de la demanda presentada el miércoles, junto con el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), Médicos por los Derechos Humanos (PHR), Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz.
En el pedido original entregado a las oficinas del gobierno al amparo de la FOIA, las organizaciones reclamaron el procesamiento y entrega inmediata de todos los registros sobre abusos o torturas a detenidos en la cárcel de Abu Ghraib en Bagdad y en otras instalaciones en el extranjero.
Eso incluía la base naval de Guantánamo, Cuba, donde fueron confinados cientos de musulmanes detenidos en el marco de las operaciones correspondientes a la guerra contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos en Afganistán.
Las instituciones también reclamaron registros sobre muerte de detenidos en custodia de Estados Unidos y toda información sobre las investigaciones correspondientes.
Según recientes informes periodísticos, más de 30 detenidos murieron custodiados por Estados Unidos desde fines de 2001, y al menos 16 de esas muertes fueron clasificadas como asesinato.
También se solicitaron todos los antecedentes sobre políticas referidas al interrogatorio de detenidos bajo custodia y de la entrega de esos prisioneros a terceros países donde el uso de métodos de tortura es notorio.
Por otra parte, los demandantes habían solicitado información sobre las medidas del gobierno para tender preocupaciones expresadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que, según informes recientes, presentó quejas reiteradas a Washington sobre el tratamiento dado a los detenidos.
Hasta la fecha, según los demandantes, el único informe entregado por el gobierno en respuesta a la solicitud es un memorándum en que el Departamento de Estado enumera asuntos a ser considerados por sus funcionarios con representantes de la prensa.
Las agencias del gobierno excusaron su falta de respuestas con el argumento de que la solicitud no incluía preguntas sobre la integridad del gobierno que afecten la confianza del público, y que no entregar las respuestas de manera expedita no pone en peligro la vida ni la seguridad de ningún individuo.
Ahora más que nunca el gobierno debe dar cuenta adecuadamente de sus acciones, dijo Steven Watt, de CCR.
Si Estados Unidos pretende recuperar su credibilidad en materia de derechos humanos, el gobierno debe hacer completamente transparentes al público todas sus acciones, normas, regulaciones y registros, agregó.
La querella fue presentada en el marco de un escándalo en la prensa y en el Congreso legislativo por el tratamiento dado a los detenidos, tras la filtración de fotografías y vídeos con imágenes de abuso físico y sexual contra prisioneros en Abu Ghraib.
Desde el inicio del escándalo, se acumulan evidencias sobre el carácter sistemático del maltrato, formulado por primera vez por la Cruz Roja en un memorándum entregado en febrero al gobierno estadounidense.
La situación se repite en Iraq, en Afganistán y en Guantánamo.
Nueve organizaciones humanitarias —Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights First y PHR, entre otras— reiteraron el mes pasado en una carta al presidente George W. Bush su pedido de garantías efectivas de tratamiento adecuado a los detenidos, de acuerdo con el derecho humanitario internacional consagrado por las Convenciones de Ginebra.
En la carta difundida la semana pasada, pero remitida el 7 de mayo, las organizaciones también exigieron acceso a los centros de detención.
Usted dijo con elocuencia que 'la dignidad humana no es negociable', pero toleró un sistema de interrogación específicamente diseñado para degradar, humillar y destruir la dignidad humana de prisioneros para obtener información, agregaron estas instituciones.
