El gobierno boliviano envió el miércoles una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica, para determinar si la convocatoria al referéndum previsto para el 18 de julio es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, informó que se realiza la consulta para responder a los requerimientos del Tribunal Constitucional, que admitió un recurso abstracto de nulidad contra el decreto del referéndum, presentado por la diputada Elizabeth Eklund de Justiniano, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El gobierno adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que en Bolivia tiene rango de ley, para convocar a la consulta popular; sin embargo, varios sectores políticos y empresariales del país demandaron una norma específica.
