El parlamento de Brasil trata de deshacer el enredo en el que se metió, al mezclar en un solo proyecto de ley dos temas polémicos y mal avenidos: los productos transgénicos y el uso científico de células madre de embriones humanos.
El Senado deberá votar en las próximas semanas la Ley de Bioseguridad, cuyo objetivo inicial era regular las actividades con organismos genéticamente modificados y poner fin al caos jurídico en que se encuentra el cultivo de soja transgénica en este país.
Pero los senadores recibieron de la Cámara de Diputados un proyecto que consiguió media sanción en febrero, con un artículo prohibiendo el uso de las células embrionarias, añadido a última hora por presión de legisladores vinculados a iglesias protestantes y evangélicas.
Los científicos protestaron e intentan desde entonces que el Senado rechace tal prohibición y además reduzca las exigencias para la investigación con transgénicos. La doble polémica retardó el trámite del proyecto en el Senado.
El ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, presiona por su aprobación, ya que el Congreso legislativo tendrá pocas condiciones para legislar a partir de septiembre, cuando la campaña para las elecciones municipales del 3 de octubre en todo el país acapare las atenciones políticas, y empiece una nueva temporada de siembra de soja.
Como seguramente el Senado impondrá modificaciones al proyecto, éste tendrá que volver a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
El cultivo de soja transgénica, vedado por fallos judiciales ante la falta de estudios previos de su impacto ambiental, fue autorizado por una medida excepcional sólo para la cosecha de 2003 y la siembra de este año, después de un lustro de ilegalidad, con semillas contrabandeadas desde Argentina.
Por otra parte, el intento de sectores religiosos de aprovechar la oportunidad para trabar el uso científico de células embrionarias complicó más el panorama.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica envió el viernes una carta a los senadores pidiéndoles que mantuvieran la prohibición de investigaciones con embriones humanos porque considera que en ellos ya hay vida.
Los científicos protestaron contra "la intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado" que es laico y cuya legislación debe atender a toda la población, no a la visión religiosa de una parte, arguyeron.
Los científicos aseguran su rechazo a la clonación humana, argumentando que solo desean evitar trabas a las investigaciones para la aplicación terapéutica de las células madre embrionarias. Y afirman que en tales estudios sólo se usarían los embriones descartados en los procesos de fecundación asistida y que de todas maneras serían desechados.
La prohibición dejaría sin esperanzas a 200.000 personas que sufren de atrofia muscular, para quienes las células madre pueden ser la salvación, argumentó Mayana Zatz, experta en el tratamiento genético de esa enfermedad degenerativa.
"La confusión es completa", porque se mezclaron cuestiones polémicas que deben ser tratadas en legislaciones distintas, dijo a IPS Volnei Garrafa, presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética y profesor de la Universidad de Brasilia.
El Congreso quedó así entre dos fuegos: la presión de los religiosos y la de los científicos. El uso de embriones "es el demonio para unos, endiosado por otros", observó Garrafa, condenando tanto el "oscurantismo" de las iglesias como las "falsas expectativas" de curas casi inmediatas que están creando los científicos para defender sus investigaciones.
Además, es "espantoso" que el Senado haya promovido audiencias con más de 40 instituciones científicas, que son "parte interesada", pero no haya escuchado a los expertos en bioética, que podrían agregar un poco de equilibrio a la discusión, destacó.
Los hechos realzaron la necesidad de establecer una comisión nacional de bioética, como la que existe en Francia desde 1982 y en otros países desarrollados, sostuvo. El límite para el avance de las ciencias biomédicas es "ético y no técnico", acotó.
Una solución sería que el Senado excluyera el artículo sobre el uso de embriones, devolviendo al proyecto su objetivo original de regular la producción de transgénicos y la bioseguridad, dijo a IPS el diputado Fernando Gabeira, que dejó el gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores en 2003 por discrepar de medidas que afectan el ambiente.
Más que una ley para los transgénicos, Brasil necesita un verdadero sistema nacional de bioseguridad, con técnicos, inspectores y recursos suficientes para asegurar la sanidad de sus productos ganaderos y agrícolas, sostuvo.
El país se convirtió en un gran exportador agropecuario, pero en las últimas semanas tuvo sus ventas de carne a Argentina y a Rusia suspendidas por la fiebre aftosa y sus embarques de soja rechazados en China por contaminación con fungicidas, argumentó.
Además, la exigencia del etiquetado en productos con ingredientes transgénicos no se cumple, añadió.
Sin mecanismos seguros de control, el país sigue vulnerable a la fiebre avícola, al mal de las vacas locas y a otros muchos peligros y plagas, concluyó.
