Aunque la resistencia al tratado de libre comercio en construcción con Estados Unidos crece en toda América Central, líderes sociales coinciden en que la gran batalla tendrá como escenario a Costa Rica, donde la oposición se centra en la propuesta de apertura de las telecomunicaciones y los seguros.
Costa Rica se convertirá en el centro de la lucha contra el libre comercio, porque, a diferencia de lo que sucederá en el resto del istmo, a este país le cambiará el modelo de desarrollo social si se ratifica el acuerdo con Washington, aseguró Fabio Chaves, del Frente Interno de los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Chaves explicó a IPS que su país ha tenido un modelo de desarrollo basado en la seguridad y la solidaridad social, y citó como ejemplo de ello a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una institución que vela por la salud y que puede sufrir el impacto de este acuerdo con Estados Unidos por las trabas a incluir para la compra de medicamentos genéricos.
Además, precisó que la amplitud de servicios en telecomunicaciones y la cobertura que dan el ICE y el Instituto Nacional de Seguros, respectivamente, sólo son posibles si esas instituciones responden a los intereses de los costarricenses y no a las empresas transnacionales, que apetecen esas áreas y que ya están presentes en el resto de los países de la región.
El Congreso de Costa Rica discutirá a partir de la segunda semana de julio el tratado de libre comercio con Estados Unidos, también llamado Cafta por sus siglas en inglés, que fuera firmado por los gobiernos de este país, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la ceremonia del 28 de mayo en la sede de Washington de la Organización de Estados Americanos.
En estas últimas cuatro naciones del istmo todavía no se definen fechas para su ratificación, pero Chávez considera que existe un acuerdo tácito entre los cinco presidentes para que los textos se envíen a los parlamentos respectivos en el mismo lapso.
Una muestra la movilización social en ciernes fue la multitudinaria marcha que convocaron sindicalistas y activistas sociales el 31 de mayo, más grande aun que la generada en abril de 2000 por el Combo del ICE, como se le llamó a la protesta en contra del proyecto de apertura de las telecomunicaciones de Costa Rica, la mayor en este país en los últimos 30 años.
Precisamente, la venia de los negociadores costarricenses para aceptar otra vez la apertura a capitales externos de las telecomunicaciones, administradas por el ICE, y el monopolio de los seguros, a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), son dos de los puntos más cuestionados por los sectores de la sociedad civil costarricense.
El acuerdo de libre comercio en negociación entre Estados Unidos y América Central incluye al sector agropecuario, de otras áreas de exportación, a los servicios, la propiedad intelectual, la legislación laboral y áreas relacionadas con los recursos naturales.
Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), una de las principales organizaciones sindicales de Costa Rica, sostuvo que los argumentos del Ministerio de Comercio Exterior cada vez se debilitan más, en particular su advertencia de que, si no se adhiere al pacto comercial, se perderán 500.000 puestos de trabajo.
Es una deducción falsa, agregó, como lo demuestra el estudio titulado El TLC y el empleo, el cual concluye que el sector exportador, cuya mitad no se dirige a Estados Unidos, genera directa e indirectamente 30 por ciento del empleo nacional.
Esa investigación apunta también que 97.73 por ciento del sector productivo nacional destina mayoritariamente su producción al mercado local.
Ya contamos con 19 legisladores que abiertamente dijeron que no apoyarán el Cafta en el Congreso y ellos son ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), seis del Bloque Patriótico, un diputado independiente, dos del gobernante Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y dos del Partido Liberación Nacional, afirmó
Vargas se manifestó convencido de que las presiones se darán en las calles y que ahí es donde se ganará el pulso con los sectores que quieren entregar la riqueza del país.
Pero, mientras el panorama se presenta tenso en Costa Rica, en Nicaragua existe cierta resignación, porque los sectores sociales y campesinos temen que el Congreso legislativo de su país ratificará el Cafta sin mayores dificultades.
Edgardo García, de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), explicó a IPS que, aunque no tienen dudas de los perjuicios que les generará a los nicaragüenses el tratado comercial con Estados Unidos, los diputados liberales seguirán la línea del presidente Enrique Bolaños.
García detalló que el acuerdo comercial causará perjuicios a la agricultura de Nicaragua, porque los productores no pueden competir con los millonarios subsidios que a diario reciben los estadounidenses y, en general, porque el Cafta se sustenta en los principios económicos de que sobrevive el más fuerte, situación contra la que compiten en desventaja las empresas locales
También el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se presenta dividido en este asunto, añadió.
Empero, para el dirigente campesino, este tratado es sólo una prolongación de la política de ajuste estructural puesta en marcha en los años 80 y cuyas consecuencias padecemos hoy en Nicaragua, sostuvo García.
El impacto de la emigración nicaragüense a Costa Rica es una de las consecuencias de la mala situación de nuestra agriculutura y ello empeorará con el acuerdo comercial, apuntó.
Resaltó que la Mesa Agropecuaria y Forestal de Nicaragua agrupa a una diversidad de organizaciones dispuestas a ofrecer batalla contra el libre comercio, pero que el peso político de esa oposición no impedirá la ratificación en la Asamblea Nacional (Congreso).
Por su parte, María del Rosario Royz, del no gubernamental Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras, indicó a IPS que entre las organizaciones sociales hay una creciente oposición al TLC (tratado), porque las organizaciones tienen conocimiento de las nefastas consecuencias que acarreará el libre comercio.
Hay un rechazo que se fortalece cada día porque el acuerdo busca aprovecharse de nuestra mano de obra barata y de nuestros recursos, sin crear las condiciones para un desarrollo sostenible, explicó Royz.
Para Royz, es evidente que tanto el Partido Nacional, al cual pertenece el presidente Ricardo Maduro, como el Partido Liberal, que es la oposición que no hace oposición, respaldarán el texto del tratado de libre comercio en el Congreso Nacional.
A su vez, el analista Luis Carrillo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, de Guatemala, declaró que en este país hay una alta preocupación por el tema fiscal, que centrará las discusiones por lo que falta del año. Por eso, si partimos de que cómo somoslos guatemaltecos, el tratado no será discutido en el próximo semestre por esa otra prioridad.
El gobierno guatemalteco de Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GANA), es partidario del tratado al igual que su predecesor Alfonso Portillo, del Frente Republicano de Guatemala (FRG), que postuló para los comicios del año pasado al ex dictador Efraín Ríos Montt.
GANA no tiene mayoría en el Congreso, por lo que, cuando el acuerdo se discuta, obligará al (Poder) Ejecutivo a buscar alianzas con otros partidos, como sucede actualmente con el tema fiscal, manifestó Carrillo.
En El Salvador, en tanto, los diputados sólo conocen borradores del Cafta, porque su texto oficial no ha sido entregado, según reconocieron en el Ministerio de Economía.
El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza de oposición, había anunciado durante la campaña para las elecciones de marzo pasado que no apoyaba el acuerdo comercial con los estadounidenses.
Pero la oposición al tratado no solo se da en América Central, sino también en Estados Unidos. Ese es el caso de la Alianza por un Comercio Responsable, que supone difícil la ratificación del Cafta en el Congreso de su país, según señaló en una reciente visita a Costa Rica la coordinadora de esa organización, Karen Hansen Kuhn.
De igual manera se comprometió a luchar contra el acuerdo la mayor central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO. Las dos organizaciones sociales consideran que el acuerdo con los centroamericanos carece de cláusulas de protección ambiental, de salud pública y de derechos humanos.
También John Kerry, el candidato del opositor Partido Demócrata que competirá por la presidencia estadounidense en las elecciones de noviembre contra el actual mandatario George W. Bush, ha reiterado que, en caso de ganar, no apoyará la ratificación en el Congreso del Cafta en las condiciones en que fue negociado.
