La Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) se fijó una nueva serie de normas de gobernanza para fortalecer el régimen democrático en los 53 países miembros.
La mayoría de los principios proclamados este miércoles tienen el objetivo de fortalecer la autonomía y el control recíproco entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Gran Bretaña y los países que integraron el Imperio Británico.
Estos principios fortalecerán la democracia y la adhesión de los estados miembros a los valores fundamentales de la Commonwealth, dijo el secretario general del bloque, Don McKinnon, al presentar el documento este miércoles en Londres.
El documento subraya los límites del poder en las tres ramas del gobierno, permitiéndoles interactuar mejor en la promoción de la gobernanza y del estado de derecho, agregó McKinnon.
La división de poderes del Estado es una teoría política desarrollada en el siglo XVIII por el francés Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, sobre la base de la institucionalidad británica. Esas ideas son hoy el principio rector de la mayoría de los estados modernos.
Los criterios establecidos por la Commonwealth tienen la finalidad de lograr un equilibrio armonioso entre el parlamento, el Poder Ejecutivo y la justicia de las sociedades democráticas.
Estos principios fueron logrados por consenso entre representantes de los tres poderes de los países de la Commonwealth.
El texto impone contención en el ejercicio del poder dentro de las respectivas esferas constitucionales de cada poder, para que el legítimo ejercicio de las funciones por otras instituciones no sea usurpado, indicó la organización en un comunicado.
Pero al declarar que esos principios se aplican a estados democráticos, la Commonwealth reconoció que no se puede hacer gran cosa cuando sus miembros eligen apartarse de esa senda.
Desde 1999, reiteradas declaraciones del bloque han condenado la falta de democracia en Pakistán, pero esos cuestionamientos no afectaron mucho al país sudasiático.
La postura de la Commonwealth sobre las denuncias de autoritarismo contra el gobierno de Zimbabwe llevó a ese país a abandonar la organización en diciembre. No hay evidencia alguna que indique que el presidente Robert Mugabe sufra a la intemperie.
Los criterios divulgados este miércoles están destinados a fortalecer la gobernanza en los países que elijan seguirlos, según sus impulsores.
Los Principios de la Commonwealth recibieron las puntadas finales de los ministros de Justicia y fueron firmados luego en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en diciembre en Abuja, Nigeria.
Estas normas fueron desarrolladas a partir de las Guías de Latimer House sobre Soberanía Parlamentaria e Independencia Judicial. Latimer House es la sede en Londres del secretariado de la Commonwealth.
El primer borrador fue elaborado en 1998 por cuatro organizaciones de la Commonwealth: la Asociación Parlamentaria, la Asociación de Educación Legal, la Asociación de Magistrados y Jueces y la Asociación de Abogados.
El proceso por el cual se diseñaron estos principios da un excelente ejemplo de cómo la sociedad civil de la Commonwealth puede tener un impacto clave en las decisiones de los gobiernos, indicó McKinnon.
Los criterios fijados este miércoles también llaman a una relación constructiva entre el gobierno y la sociedad civil y a la ampliación de oportunidades para la participación de las mujeres en los procesos democráticos.
Los ministros de Justicia de Australia, Ghana, Gran Bretaña, India, Jamaica, Kenia, Singapur y Sudáfrica pusieron su sello de aprobación a los principios.
Queremos ver cómo compartimos las mejores prácticas y diseminamos los valores y principios acordados. Esto permitirá a los países miembros avanzar dentro del estado de derecho hacia un estado de gobernanza óptimo, sostuvo McKinnon.
Pero estos principios no son nuevos, sino que enuncian prácticas deseables muy conocidas. Tal como indica la teoría de la separación de poderes, el documento indica que corresponde al parlamento la elaboración de las leyes y a la justicia su interpretación y aplicación.
Sin embargo, por ejemplo, la Corte Suprema de India ha fijado por sí misma leyes en ocasiones en que el parlamento no las aprobó, sea por falta de voluntad o por debilidad de las coaliciones de gobierno.
El documento también propone promover el estado de derecho de manera complementaria y constructiva y garantizar la independencia del parlamento y de la justicia respecto del Poder Ejecutivo.
También indica que la designación de los jueces debe basarse sobre criterios claramente identificados y en procesos declarados públicamente, y proclama la estabilidad de los magistrados y la necesidad de que reciban una remuneración adecuada.
