Auditores oficiales aconsejaron al gobierno estadounidense suspender pagos a la empresa constructora Halliburton correspondientes a contratos en Iraq, por entender que había incurrido en sobrefacturación.
La Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa (DCAA, por sus siglas en inglés) aconsejó al Pentágono suspender el pago de casi 160 millones de dólares por la instalación de comedores en Iraq, debido a supuestas sobrefacturaciones de KBR, subsidiaria de Halliburton.
Pero KBR (antes conocida como Kellogg, Brown & Root) aseguró que sus facturas están plenamente justificadas.
KBR está decepcionada porque la DCAA continúa ignorando el hecho de que la empresa está obligada por contrato a brindar alimentación y apoyo a un nivel mínimo de soldados, sostuvo la compañía en un comunicado.
La firma advirtió que en última instancia recibirá el pago por esos costos, porque su posición contractual es fuerte.
Halliburton, la compañía que recibió los contratos más lucrativos en Iraq, es objeto varias investigaciones en Estados Unidos. Su gerente general entre 1995 y 2000 fue el actual vicepresidente Dick Cheney.
Una de las acusaciones se refiere a la sobrefacturación de 61 millones de dólares por venta de gasolina al ejército en Iraq, en el marco de un contrato asignado sin licitación pública.
El nuevo llamado de la DCAA fortalecerá la posición de varias organizaciones de la sociedad civil que se proponen protestar este miércoles en Houston, sede de Halliburton, donde se celebrará la asamblea anual de accionistas de la gigantesca compañía.
Los activistas acusan a Halliburton de lucrar con la guerra y de tráfico de influencias.
Las protestas atraerán con seguridad a cientos de activistas. Un grupo llevará un globo de cinco metros en forma de cerdo al que llamaron Hallibacon (por bacon, tocino en inglés), y otros grupos lucirán hocicos porcinos.
Le diremos a los accionistas y ejecutivos de Halliburton que hagan regresar a sus empleados desde Iraq y que dejen de estafar a los contribuyentes estadounidenses y a los iraquíes, dijo Andrea Buffa, de la organización Global Exchange.
El martes, los grupos organizadores de la protesta, entre los que figuran CorpWatch y el Instituto de Estudios Sureños, divulgaron un informe según el cual Halliburton es la corporación más antipatriótica de Estados Unidos.
Halliburton esgrimió sus conexiones de alto nivel y contribuciones para campañas electorales con el fin de obtener contratos que le aseguraran beneficios de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, no solo en Iraq sino también en Afganistán, la cubana bahía de Guantánamo y en otras regiones, según esas organizaciones.
Se trata de una de las 10 principales contratistas militares estadounidenses: recibió 3.900 millones de dólares de las fuerzas armadas en 2003, 680 por ciento más que el año anterior.
Los negocios de Halliburton en Iraq triplican a los de Bechtel, su competidora más próxima, según el informe, titulado Houston: We Have a Problem en alusión a la ciudad del meridional estado de Texas donde la empresa tiene su sede.
El estudio también da cuenta de los negocios de la compañía con algunos de los regímenes más dictatoriales y corruptos del mundo, entre ellos los de Libia, Birmania, Nigeria, Kazajstán e incluso Iraq durante el gobierno del depuesto Saddam Hussein.
Muchos de esos negocios contaban con subsidios del Banco Mundial o del estadounidense Banco de Comercio Exterior (ExIm Bank), según el informe.
Los autores del informe exigieron la cancelación de los contratos de Halliburton en Iraq.
Suficiente evidencia se ha acumulado sobre el trabajo chapucero de Halliburton en Iraq y las posibles sobrefacturaciones, para no hablar de los sobornos confirmados por más de seis millones de dólares, indicaron.
El estudio propone al Congreso legislativo estadounidense investigar y castigar a las empresas culpables de aprovecharse de las guerras y a aprobar una ley de prevención del lucro bélico.
Mientras soldados estadounidenses y civiles iraquíes son muertos todos los días, Halliburton ha hecho grandes ganancias con la guerra, frecuentemente violando la ley, sostuvo Rania Masri, de la Campaña para Frenar a los que Lucran con la Guerra.
Los grupos afirmaron en su informe que la empresa aún paga 150.000 dólares al año al vicepresidente Cheney en concepto de pagos diferidos.
